Una promesa oficial pendiente, a un año del brutal homicidio de Leandro Alcaraz
Habían dado un plazo de 180 días para instalar cámaras de seguridad en los colectivos, pero no colocaron ninguna.
La pregunta es la constante. Hace un año que se repite en silencio. Los Alcaraz no entienden por qué. Por qué la tarde del domingo 15 de abril a Leandro Alcaraz (26) le dispararon a matar. “No fue un robo”, “no llegó a ser una pelea”, fue un “entredicho” por la tarjeta Sube. Son apenas versiones de lo que llegaron a ver los testigos que ese día, cerca de las 18, viajaban en el interno 103 de la línea 620.
Hoy es el primer aniversario del crimen que sacudió a Virrey del Pino y, en medio de una investigación engorrosa, hay dos detenidos acusados de matar a Leandro. Mientras tanto, la promesa oficial de instalar cámaras en los colectivos quedó, por ahora, en eso, ya que no colocaron ninguna por una traba burocrática.
“Hace un año que no encontramos respuesta, no hay un por qué para esto. Los testigos dicen que no hubo una discusión o pelea. Se dijeron algo pero este tipo se sentó, mandó mensajes y después lo mataron a Leandro. Es todo lo que sabemos, no los conocemos ni entendemos por qué hicieron esto”, dice Giselle Alcaraz, la hermana del colectivero asesinado.
Leandro tenía seis hermanos, estaba en pareja y tenía una hija de entonces tres años, Zoe. Estaba construyendo su casa y hacía un mes que se había mudado con su familia. Ese lugar que construyeron ahora está deshabitado y su mujer todavía no pudo volver.
“Desde un primer momento el objetivo era buscar a los asesinos reales. No queríamos perejiles, sino a los verdaderos responsables. Mi hermano no va a volver más, pero ellos tienen que estar en la cárcel el resto de sus vidas”, reclamó Jésica, otra de las hermanas Alcaraz.
El crimen del chofer fue conmocionante. El cortejo fúnebre, acompañado por cientos de choferes de colectivo con sus camisas celestes, volvió a poner en debate las condiciones de seguridad de los conductores.
Entonces hubo un paro de actividades y se reflotó la promesa de instalar cámaras de seguridad en las unidades. Se les dio un plazo de 180 días.
Fuentes del ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires confirmaron a Clarín que hay “en etapa de preadjudicación para instalar en 1.150 colectivos”, pero que aún no han sido compradas ni elegidas las empresas proveedoras porque no se liberaron los fondos por una cuestión burocrática.
Con la misma celeridad del repetido anuncio detuvieron a tres personas y las señalaron como las autoras del homicidio. Seis meses después terminaron liberados y confirmaron que nada habían tenido que ver con el hecho.
Fue en octubre y a través de un celular que dieron con dos nuevos sospechosos. Son hermanos paraguayos, de 18 y 22 años, que cayeron tras 11 allanamientos en José C. Paz, Monte Grande, Transradio, Rafael Calzada, La Tablada y González Catán.
Es que una mujer fue asaltada el mismo día del crimen de Alcaraz, a pocos metros. Le quitaron el celular y, por las descripciones, corroboraron que fueron los mismos que habían matado al colectivero. Analizando las antenas y las comunicaciones telefónicas detectaron a una persona que estaba usando ese celular: era la madre de los hermanos López Brizuela.
El más chico tenía 17 en el momento del crimen, por eso la causa permanece en manos de la fiscalía juvenil N° 2 a cargo de Emilio Spatafora.
Una pericia al revólver calibre 38, marca Fox, modelo 1930, que les secuestraron, fue contundente: de allí salió el disparo que mató a Leandro.
Las fuentes oficiales consultadas por Clarín remarcaron que, desde el homicidio del chofer de la línea 620, “se realizan patrullajes y operativos regulares en puntos fijos y aleatorios basados en la interceptación de colectivos e identificación de pasajeros, con el objetivo de neutralizar cualquier accionar delictivo y contravencional”. Durante este período, identificaron a 399.900 personas, secuestraron 2.100 armas de fuego, 1.200 armas blancas, 8.400 dosis de cocaína y 2.700 dosis de paco. ■