Impiden un operativo judicial en la sede de las Madres
Acompañada por un centenar de simpatizantes, Hebe de Bonafini resistió ayer un operativo judicial en la sede de Madres de Plaza de Mayo en Congreso, a raíz del proceso de quiebra de la fundación.
La medida había sido dictada por el juez en lo Comercial Fernando Javier Perillo a raíz de la presentación de su colega Javier Buján, quien solicitó confeccionar un inventario sobre los bienes que se encuentran en la Casa de las Madres. La solicitud del juez Buján respondería a la quiebra de la Fundación de las Madres, decretada en junio de 2017. A raíz de deudas económicas aún persistentes -algunas con ex empleados de la entidad- el juez Perillo habría buscado identificar diversos bienes para poder saldarlas.
Por la mañana, Daniel Truffat -el abogado de la sindicatura que fue a buscar documentación- se retiró de la sede de Madres en medio de insultos y empujones, custodiado por personal policial. “No me dejaron entrar, pero bueno; es gente muy nerviosa que no sabe qué estamos haciendo. No nos íbamos a llevar nada”, afirmó.
Luego de los incidentes, Bonafini dijo que “no importa lo que ordene el juez ni el síndico”. “El día de hoy es un día para la historia, donde el pueblo vino a defender lo que le pertenece”, afirmó.
Para entonces, decenas de militantes habían ido llegando para solidarizarse. Desde la Fundación, emitieron un comunicado denunciando la “persecución política judicial”. “Las Madres denuncian que el operativo carece de fundamentos legales y evidencia fines políticos, que no hay motivos de hecho ni de derecho, soslayando toda legalidad y estado de derecho”, expresaron en un escrito.
Y argumentan que en noviembre de 2018, la Sala B de la Cámara Comercial emitió un fallo donde se reconoce a Madres de Plaza de Mayo por “fuera del código de comercio” y que la actividad que desarrollan es de “interés público y social”. Además, aseguran que detrás del pedido de inventario en la sede está el ministro de Justicia, Germán Garavano, el supuesto “operador judicial” Daniel Angelici “y su amigo, el juez Javier Buján”, quien además es rector interventor del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos, designado por Garavano.
En el comunicado, aseguran que la Cámara Comercial determinó que la fundación “no puede ser evaluada con los mismos parámetros” que una empresa “porque su actividad no implica una actividad comercial per sé; fue realizada aún en circunstancias de gravedad institucional y se fundamenta y es reconocida por la Convención Americana de DD.HH. -Pacto de San José de Costa Rica- a la que adhiere la Nación Argentina”. ■