La AFIP le reclama a Uber una deuda de más de $ 358 millones
Es por IVA, Ganancias, y las cargas sociales de los choferes.
Desde que comenzó a operar en Buenos Aires, el 12 de abril de 2016, Uber sumó dos cosas. Por un lado, choferes y pasajeros. Por el otro, conflictos en la Justicia. Pero el golpe que recibió ahora podría ser el más fuerte. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) le reclama a la app una deuda de más de $ 358 millones, en concepto de impuestos impagos y cargas sociales de los conductores nunca depositadas.
Así lo informó ayer la agencia oficial Télam, que citó una resolución de la AFIP que aparecerá hoy en el Boletín Oficial de la Nación. De acuerdo al cálculo de organismo, Uber le debe $ 67.042.581 de Impuesto a las Ganancias, considerados los intereses, más $ 80.451.097 de IVA. El reclamo es por el período 2016 y 2017.
Pero además, el fisco le reclama $ 211,3 millones por seguridad social, por aportes patronales no realizados ($ 24.927.589) más las contribuciones a la seguridad social ($ 31.070.025), y los intereses y multas ($ 43,3 millones y $111,9 millones, respectivamente). Esto es en especial importante porque lo que la AFIP está diciendo es que los conductores de Uber no son trabajadores independientes que se asocian a la app, como sostiene la empresa, sino empleados en relación de dependencia.
De acuerdo a la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP, los choferes son empleados en relación de dependencia entre otras cosas por que la empresa determina las condiciones en que deben prestar el servicio. Por ejemplo, fija la tarifa y el recorrido. Además, puede separar al chofer y no darle viajes si la calificación de los pasajeros fuera negativa. Además, el organismo citó que es Uber quien le deposita al chofer el dinero de los viajes, una vez descontada la comisión.
Según la AFIP, entre 2016 y 2017 para Uber trabajaban 16.000 conductores, a los que les hubiera correspondido los mismos derechos que los empleados en blanco, como aguinaldo, vacaciones, ART y los demás.
Otro punto importante es que el fisco determinó que, aunque Uber trabajó durante esos dos años y movió cifras millonarias, “se registra una ausencia total de declaraciones y pagos impositivos por parte del grupo”. También detectaron que ese dinero “se transfirió en su totalidad al exterior a través de un complejo entramado societario internacional. Con posterioridad, el porcentaje correspondiente a cada chofer regresó a la Argentina por medio de al menos tres entidades financieras”. Ese entramado “se creó para dificultar ante el fisco la identificación de los responsables de llevar adelante la actividad de transporte de pasajeros”.
Uber, en tanto, se defendió. “Al momento, no recibimos notificación formal de AFIP de proceso alguno. En atención a la información difundida, Uber aclara que paga todos los impuestos, y que está a disposición de cualquier consulta de la AFIP. Respecto de la relación con los socios conductores, en 2017 el Juzgado Nacional en lo Penal Económico No. 8 determinó, en sentencia firme, que Uber no evadió aportes de la seguridad social, ya que no corresponde su pago por la naturaleza de la actividad que realizan los conductores. Uber paga impuesto a las Ganancias como toda compañía internacional que presta este mismo tipo de servicios y todos los impuestos que le corresponden por su actividad de promoción en la Argentina”.
Por lo pronto, para la app esta resolución de la AFIP es otro frente abierto. El primer impacto lo recibió pocos días después de haber comenzado a operar, cuando un tribunal local ordenó que los viajes no pudieran ser abonados mediante tarjeta de crédito o débito, acaso una de sus principales ventajas comparativas respecto de los taxis. Esta medida obligó a Uber a habilitar los pagos en efectivos y otras opciones.
Otro frente se abrió cuando la Justicia les ordenó a las empresas de telecomunicaciones que bloquearan el acceso a la app. Esa medida no se pudo aplicar porque las firmas explicaron que es técnicamente imposible.
En otro expediente, en septiembre llegó la primera sentencia en un juicio: la empresa y su CEO en el país, Mariano Otero, fueron condenados a pagar multas de $ 60.000 por haber realizado actividades lucrativas en el espacio público sin autorización. Esa decisión fue apelada.
No sólo la app tuvo problemas legales. Varios de sus conductores también fueron condenados en la Justicia contravencional por haber transportado pasajeros sin tener el registro profesional, por ejemplo.
Por el contrario, Uber también tuvo sus fallos a favor, como el de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, que en noviembre de 2016 ratificó que manejar un auto para Uber no constituye un delito. ■