Confirman que un militar detenido por el chavismo murió a causa de torturas
Es el capitán Rafael Acosta Arévalo, arrestado el 21 de junio y acusado de conspiración. Según la autopsia, tenía 16 costillas fracturadas, quemaduras y hematomas. Murió el sábado.
El capitán de corbeta venezolano Rafael Acosta Arévalo, detenido por el régimen de Nicolás Maduro acusado de conspiración, murió como consecuencia de un “politraumatismo generalizado” y de un “edema cerebral severo debido a insuficiencia respiratoria aguda”, según el informe de la autopsia filtrado ayer por la prensa, lo que abona la tesis de que fue torturado durante su arresto en una dependencia estatal.
El informe fue difundido por el periodista Eligio Rojas en Twitter y recogido por numerosos medios venezolanos. Acompañó el mensaje con una imagen del documento, donde se pueden leer las causas que habrían provocado la muerte del militar.
Asimismo, el cuerpo de Acosta Arévalo tenía 16 costillas fracturadas y mostraba además la quebradura del tabique nasal, excoriaciones en hombros, codos y rodillas, y “hematomas en ambas extremidades”, según el director de Actuación Procesal del Ministerio Público en el exilio, Zair Mundaray.
El funcionario exiliado agregó en su cuenta de Twitter que el militar presentaba además “lesiones (similares a latigazos) en espalda y muslos, un pie fracturado, múltiples excoriaciones y signos de pequeñas quemaduras en ambos pies (se presume electrocución)”.
Acosta Arévalo fue detenido el 21 de junio por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) bajo el cargo de haber participado de un supuesto complot denunciado por el gobierno chavista para los días 23 y 24 de junio. Fue dado
La oposición convocó a una marcha nacional para el viernes próximo por la muerte de Acosta.
por desaparecido durante una semana. Finalmente, el 28 de junio fue presentado ante un tribunal militar en silla de ruedas, incapaz de hablar y con señales de tortura. El juez ordenó su traslado a un hospital castrense, donde murió en las primeras horas del 29 de junio.
Acosta integraba la lista de 13 arrestados, quienes habían sido acusados de participar en la supuesta asonada. El presidente Nicolás Maduro vinculó a Juan Guaidó, presidente encargado de la República, en el caso.
Según su abogado, Alonso Medina Roa, Acosta Arévalo llegó al juzgado “en silla de ruedas, se le imposibilitaba el movimiento de las manos y las piernas, tenía los ojos desorbitados y simplemente pedía auxilio”.
El gobierno chavista reconoció la muerte del oficial un día después, sostuvo que había fallecido en el tribunal, subrayó que estaba “imputado por graves actos de terrorismo, sedición y magnicidio en grado de frustración” y aseguró que investigaría las causas del deceso.
El lunes, el Poder Judicial -bajo control chavista- informó en un comunicado que había ordenado la detención de dos suboficiales de la Guardia Nacional (policía militar), de 22 y 23 años de edad, acusados de homicidio preterintencional “por su presunta vinculación en la muerte” de Acosta Arévalo.
El caso fue condenado por la oposición venezolana y el Grupo de Lima. Asu turno, la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, así como numerosos gobiernos, reclamaron una investigación independiente del caso.
Ayer, familiares de desaparecidos y víctimas de la violencia estatal presentaron un informe ante el Parlamento (controlado por la oposición) sobre las torturas que atribuyen a policías y militares de los cuerpos de seguridad del régimen chavista.
El diputado antichavista Miguel Pizarro pidió ayer en Ginebra al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que investigue los casos de Acosta y Rufo Chacón, el adolescente de 16 años que el lunes perdió los ojos tras recibir heridas en la cara durante la represión de una protesta por falta de gas en el estado andino de Táchira, según informó ayer el diario digital El Pitazo.
Paralelamente, el representante del presidente interino Juan Guaidó ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Gustavo Tarre, solicitó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cree “un mecanismo especial” para indagar el caso de Acosta.
“El cuerpo no ha sido devuelto a los familiares de manera de que no hay forma de garantizar una autopsia independiente. Pedimos a la CIDH que realice esta investigación para determinar quiénes son los culpables”, agregó Tarre.
“El planteamiento es que la Comisión se traslade a Venezuela para ver la situación general de derechos humanos”, dijo Tarre durante una rueda de prensa en Caracas.
Venezuela no ha permitido visitas de la CIDH desde 2002, acusándola de haber convalidado el fallido golpe de Estado ocurrido ese año contra el fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013), mentor de Maduro. Chavez denunció en 2012 a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero Venezuela sigue sujeta a la jurisdicción de la CIDH en tanto miembro de la OEA. Sin embargo, el gobierno de Maduro, que se retiró de la OEA en abril, no reconoce sus competencias. Tarre dijo que una nueva eventual negativa del gobierno de Maduro a dejar ingresar a la CIDH sería muy elocuente.
Ayer, el líder opositor Leopoldo López reapareció en Twitter para apoyar una manifestación convocada para el viernes próximo por la muerte de Acosta. “Todos a la calle este 5 de julio atendiendo el llamado del presidente (encargado) Juan Guaidó”, dijo el líder de Voluntad Popular desde la embajada española en Caracas, donde está asilado. ■