Reformas judiciales, ante la OEA
Jueza de ejecución penal y miembro de la Asociación Civil Usina de Justicia
Hace un año Usina de Justicia participo por primera vez de la Asamblea General de la OEA, 48°, celebrada en Washington. Oportunidad en la que como única asociación de víctimas de homicidios intencionales y con el firme propósito de ser la voz de los que no tienen voz, denunciamos ante todos los Estados miembros “nos están matando por un celular” y exigimos respuestas, pedimos entonces una Convención sobre los derechos de las víctimas.
Un año después, en la Asamblea de la OEA realizada en Medellín, tomamos conocimiento que ambas temáticas, la del robo de teléfonos celulares como la de los homicidios intencionales, habían sido materia de trabajo y se aprobó una Resolución mediante la cual se diseña un “Plan de acción hemisférico para orientar la elaboración de políticas públicas de prevención y reducción de homicidio intencional en las Américas”. Fue un hecho tan paradójico como conmovedor.
Paradójico porque fue necesario hacer miles de kilómetros para que quienes declaran, proclaman, definen ¿qué son los “derechos humanos”? tomen conocimiento y entiendan que se nos están violando los derechos humanos más
elementales como “el derecho a la vida”, “el derecho a la integridad física, psíquica y moral”.
Y conmovedor porque es inevitable en momentos como estos hacer un recorrido sobre la historia de Usina de Justicia, desde su gestación aquel trágico día, desde la lucha inicial solitaria a la reunión con otros y su conformación, a este hoy con logros más que evidentes. Hemos participado activamente en la sanción de la ley de víctimas y en la ley de ejecución penal, analizamos otros proyectos, realizamos acompañamiento a las víctimas que recurren. Participamos en organismos internacionales tratando de incidir en la agenda, pero mucho nos queda aún por hacer.
Los Estados partes tomaron nota de esta pandemia por la que ya han muerto dos millones quinientos mil personas como consecuencia de homicidios intencionales, (datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito periodo 2000/2016).
Asimismo el Instituto Igarapé ubica a Latinoamérica y el Caribe en el triste podio de la región más violenta del globo, donde solo vive el 8% de la población mundial y se cometen el 33% de los homicidios intencionales.
Las cifras son alarmantes América es el continente con mayor tasa de homicidio del mundo con 21,5 cada 100 mil habitantes, en el resto del mundo es de 7 cada 100 mil, superior inclusive que la de África. La Unión Europea ya en el año 2012 estipuló las “normas mínimas sobre los derechos, apoyo y la protección de las víctimas de delitos”, entendiendo que el delito “es una violación de los derechos individuales de las víctimas”. Esta región, que triplica los índices europeos no ha hecho aun lo propio.
Es preciso tomar acciones, los Estados se comprometieron a elaborar y adoptar políticas públicas en pos de reducir y prevenir los homicidios. Es necesario que Argentina continúe con el plan de acción como lo viene haciendo y que ésta sea una política de Estado que se perpetúe en el tiempo, tan necesario como que la Justicia argentina asuma la participación que le cabe en los crímenes, que ya sea por omisión, por negligencia o por fundamentalismos imbéciles, permiten que criminales aun con frondosos antecedentes, sigan matando. Es hora de que nuestros magistrados sepan que el abolicionismo penal es violatorio de los derechos humanos, nos están matando con sus lapiceras. La vida es un valor supremo y debe ser una política de Estado. ■