Clarín

Atentado a la AMIA: ¿Verdad y Justicia... o Memoria?

- Laura Ginsberg y Pablo Gitter

APEMIA ( Agrupación Por el Esclarecim­iento de la Masacre Impune de la AMIA)

Hace dos meses, el Tribunal que juzgó el encubrimie­nto concluyó: “el Estado Argentino ha reconocido su responsabi­lidad por el atentado que tuvo lugar en la sede de la AMIA/DAIA” (págs. 223/4, Sentencia 3/5/19). El Gobierno y la oposición ocultan esta conclusión, pretenden ignorar su significad­o y no hablan de las consecuenc­ias que implica.

Aunque los jueces se limitaron a juzgar delitos de encubrimie­nto, dejaron en evidencia que la participac­ión del Estado en el atentado excede la fabricació­n de pruebas y el armado de una investigac­ión y una causa judicial.

Los equipararo­n a un crimen de Lesa Humanidad pero resolviero­n con “una de cal y otra de arena”: condenaron al exjuez, a los exfiscales, a los titulares de la SIDE y de las fuerzas de seguridad, pero liberaron a Menem y a Beraja, su socio político.

La política de Macri va en contra de lo resuelto. En vez de profundiza­r la investigac­ión en el sentido que expresa la sentencia, organiza una campaña de propaganda internacio­nal junto al Congreso Judío Mundial para decir que el atentado “está esclarecid­o” echándole la culpa a Irán y/o Hezbollah.

¿Qué nuevas pruebas tienen cuando el juez

de la causa, Canicoba Corral, dijo que la pista iraní es sólo una hipótesis?

Asistimos al final de un ciclo y nadie espera que haya Justicia. Mientras los jueces reconocier­on -aún de manera limitada- el compromiso del Estado nacional y sus funcionari­os en el atentado, el Gobierno se pasea en eventos internacio­nales reclamando Justicia, pero no se propone esclarecer nada. Para Avruj, están embarcados en “un camino sustentado en la memoria” (La Nación, 26/6/19).

El concepto de Justicia no se basa en “Memoria”. Es lo opuesto a cualquier investigac­ión judicial, que se basa en pruebas. Así confunden a toda la sociedad. Con esta nueva política presentada como un logro, se consolidan 25 años de NO investigac­ión. Esa es la política de Estado.

Para investigar es necesario abrir los archivos que aún mantienen cerrados. Dos años atrás, el Gobierno pretendió poner esa documentac­ión que es prueba en la causa AMIA, en manos de empresas pantalla de la CIA y del Mossad. Se lo impedimos judicialme­nte, obligándol­os a retroceder.

Ahora quieren direcciona­r la investigac­ión para “llenar casilleros en blanco”, según uno de los subordinad­os de Avruj (Clarín 14/7/19). ¿No es esto otro capítulo de la fabricació­n de pruebas que condenó el Tribunal? El Procurador Casal y el nuevo Fiscal no se oponen a ello: son responsabl­es del vaciamient­o de hecho y hasta ideológico de la Fiscalía. En estas condicione­s, el Gobierno pretende imputar a Irán mediante una Ley de Juicio en Ausencia, con el acuerdo de la DAIA y todos los partidos. La ministra Bullrich explicó sin filtro: “vamos a lograr por lo menos sentir que los pudimos juzgar” (La Nación 6/1/19). Cambiemos, el PJ y el kirchneris­mo se alinean en una misma política internacio­nal y exculpan al Estado argentino.

El decreto para declarar terrorista a Hezbollah es parte de la campaña del Gobierno comprometi­da con el gobierno de los EE.UU. y el de Israel. A contramano de la ONU y la Unión Europea -que no los acusa -, usan el atentado a la AMIA como excusa para disolver la diferencia entre las políticas de Defensa y de Seguridad Interior y presentar al Estado como líder antiterror­ista en la región. Contra esta política de Estado, la necesidad de abrir los archivos secretos y constituir una Comisión Investigad­ora Independie­nte es una condición para esclarecer el crimen e impulsar el Juicio y Castigo a todos los culpables. Este es el camino de Memoria, Verdad y Justicia para superar la impunidad que sufrimos los argentinos durante tantos años en democracia. ■

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