El Estado quiere quedarse con bienes por $ 800 millones de una banda narco
Es el primer caso de extinción de dominio iniciado tras el decreto firmado en enero por el Gobierno.
En enero pasado, el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola trabó un embargo récord sobre los bienes de 12 miembros del clan Loza, detenidos por traficar cocaína de Argentina a España y lavar dinero de las drogas. Dueños de un hotel en Salta, dos edificios de cocheras en el Centro porteño y una Ferrari que perteneció a Diego Maradona, los Loza hicieron una fortuna con el narcotráfico. Rompieron marcas de envíos, de embargos y ahora van por una más: su caso es el primero en llegar a la Justicia por una demanda de extinción de dominio.
La causa recayó en la Secretaria 19 del Juzgado 10 en lo Civil y Comercial Federal. En ella se reclaman 190 bienes por valor de 800 millones de pesos. La lista incluye 45 inmuebles - distribuidos entre Capital Federal, provincia de Buenos Aires, Salta y Mar del Plata-, unos treinta vehículos de alta gama (entre ellos tres modelos de Ferrari), motos, joyas y dinero en efectivo.
El expediente judicial lleva el número 6876/2019 y fue iniciado por impulso del Procurador General de la Nación Eduardo Casal, quien el pasado 5 de julio firmó una resolución clave en la que fijo posición sobre el polémico Decreto 62/2019 del Poder Ejecutivo que puso en juego la figura de la extinción de dominio para casos de crimen organizado, antes de que el Congreso sancionara una ley al respecto.
Aunque fue cuestionado en la Comisión Bicameral de seguimiento de los DNU (Decretos de Necesidad y Urgencia) el decreto 62/2019 se encuentra vigente. Así lo entendió Casal y les dio apoyo a los fiscales Pablo Turano y Diego Iglesias para que iniciaran un demanda civil y e ir tras los bienes de los Loza.
“Todos los bienes cuya extinción de dominio se requiere fueron incorporados al patrimonio de los demandados sin causa lícita, dado que no han podido probar actividad lícita en virtud de la cual habrían generado los ingresos necesarios para la adquisición de los bienes en cuestión”, sostuvieron los fiscales Turano e Iglesias en su presentación
La extinción de dominio es una figura nueva y controvertida en la Argentina. Y este es el primer caso en llegar a los tribunales.
El decreto 62 crea un proceso judicial sumarísimo que solo puede ser iniciado por la Procuración General de la Nación y solamente sobre los bienes que ya fueron cautelados (congelados, embargados) en un proceso penal. Pero no es necesario esperar la condena para que el Estado se convierta en dueño de los bienes.
Una vez iniciada la demanda civil por extinción de dominio, el juez notifica a los demandados que, para evitar perder sus bienes, deben acreditar que los consiguieron con fondos legítimos. Si no pueden hacerlo, opera la extinción y todo pasa al control de la Administración de Bienes del Estado (ABE). Quienes lo cuestionan aseguran que el proceso no respeta el principio de presunción de inocencia e invierte la carga de la prueba.
La investigación contra los hermanos Loza comenzó el 20 de noviembre de 2017, cuando dos hombres que habían llegado desde Madrid fueron detenidos en el aeropuerto de Ezeiza con 665.800 euros escondidos en el doble fondo de sus valijas.
El caso recayó en el juzgado de Pablo Yadarola y las mulas de dinero terminaron condenadas el 13 de julio de 2018. Pero la investigación siguió profundizándose y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) encontró conexiones con una causa por tráfico que tramitaba en un juzgado federal. Poco después surgieron nexos con otro expediente que tramitaba en España, por venta de cocaína, donde la Policía llegó a grabar a uno de los Loza en un hospital a través de un micrófono ambiental.
A partir del análisis del patrimonio del clan se determinó que el clan logró entrar a la Argentina 15 millones de euros en efectivo, pero además hizo inversiones millonarias en la compra de autos, motos, departamentos, campos, casas, hoteles y edificios de cocheras. ■