Una reforma que amplió derechos, pero aún deja deudas
Bodas de plata. Hace 25 años, en el Palacio San José, convencionales de 19 bloques juraban el texto constitucional vigente. Pacto, reelección, disputas y consensos.
Ante todo, la Convención Constituyente que concluyó hace exactamente un cuarto de siglo, tras 90 días de sesiones, fue una pieza incunable de convivencia.
Dos episodios sirven de muestra. Raúl Alfonsín compartió la primera fila del acto inaugural con un militar que se alzó contra su gobierno, Aldo Rico. El sindicalista combativo Alberto Piccinini hizo las paces en un pasillo de la Universidad santafesina -el lugar de las sesiones- con Alberto Rocamora, el ministro de Isabel Perón que lo mandó a la cárcel, donde permaneció ocho años.
Las posturas cruzadas y los encendidos debates no impidieron que los 19 bloques que participaron de la mayor reforma que se le hizo a la Carta Magna desde 1853 coincidieran en la jura del texto en el Palacio San José, en Entre Ríos.
Eso sí, los efectos de aquellas oscuras negociaciones que desembocaron en la reforma y los alcances de las cláusulas que alcanzaron a aprobarse son hasta el presente motivo de discordia entre políticos, juristas y gente de a pie.
El pecado original tiñó todo el procedimiento. Más allá de los posteriores justificativos políticos, el pacto secreto que sellaron en Olivos el entonces presidente, Carlos Menem, y Alfonsín, el jefe de la oposición, obró como espada de Damocles sobre las espaldas de los constituyentes. Todo parecía hacerse en función del capricho reeleccionista del riojano y las concesiones que había logrado arrebatarle el de Chascomús.
Así fue como el tramo inicial de la Asamblea se encapsuló en una tórrida discusión sobre la posibilidad de abrir el Núcleo de Coincidencias Básicas que peronistas y radicales habían blindado para asegurar el encastre de los artículos que habían acordados sus jefes en el intercambio de figuritas. Como era previsible, los bloques chicos no pudieron romperlo.
Desde entonces rige, para el presidente, la reelección por un mandato, cuya duración se acortó de 6 a 4 años, el balotaje con topes inusuales, la regulación de los DNU, más la eliminación del Colegio Electoral y de la obligatoriedad de la condición católica. Además, la elección directa de los senadores y de un tercero por la minoría, junto a la ampliación del período legislativo con abreviación del trámite para aprobación de leyes, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y la designación de jueces a través del Consejo de la Magistratura.
La innovadora incorporación de un jefe de Gabinete para atenuar el presidencialismo quedó, como tantos otros preceptos, a mitad de camino de sus pretensiones.
Cristina Kirchner fue una ferviente defensora de ese combo, como secretaria del bloque peronista, en tanto que Elisa Carrió haría su debut político con un flamígero discurso contra el pacto de Olivos, pese a lo cual se convertiría en lugarteniente de Alfonsín el resto de las sesiones. La instransigencia del obispo Jaime de Nevares y de Pino Solanas, los llevó a abandonar la Convención, aunque el líder de bancada, Chacho Alvarez, mantuvo al Frente Grande con los pies dentro del plato hasta el final.
A la hora de abrir el juego a los llamado “temas habilitados” para incorporar sin limitaciones, los consensos le ganaron la partida a las divergencias. De allí surgieron una serie de artículos que ampliaron derechos individuales y sociales. Por empezar, los que integran aquellos tratados internacionales que obtuvieron jerarquía constitucional.
En la lista de nuevos derechos se incluyeron el de usuarios y consumidores, el medio ambiente sano, el amparo, el habeas corpus, el habeas data y el secreto de las fuentes periodísticas, entre otros. Una ambiciosa “cláusula del progreso” quedó, como sostiene ilusoriamente el convencional y ahora juez de la Corte, Horacio Rosatti, como mandato para los hacedores de las políticas económicas.
Entre los peso pesados que participaron de los debates figuraron Carlos Corach, César Jaroslavsky, Eugenio Zaffaroni, Antonio Cafiero y Alfredo Bravo, todos bajo la presidencia de Eduardo Menem. Los gobernadores Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Rubén Marín, Horacio Massaccesi y Adolfo Rodríguez Saá lograron imponer la cláusula de “dominio originario de los recursos naturales” para las provincias.
Alfonsín mantuvo un histórico duelo con el menemista Rodolfo Barra sobre el aborto. Desembocó en un ambiguo texto sobre protección del niño “desde el embarazo” que no obturó el debate abierto sobre la despenalzación.
Otras piezas apuntaron a mecanismos de democracia semidirecta, como la consulta y la iniciativa popular. Y al equilibrio de poderes, entre ellas la del defensor del Pueblo, el auditor general de la Nación, el Ministerio Público como organismo extrapoder, la regionalización y las autonomías municipales.
Con todo, el vice de la Comisión de Redacción, Antonio Hernández (de la UCR), enumera 25 años después al menos una veintena de reglamentaciones pendientes por parte del Congreso. Con la ley de coparticipación y de propiedades indígenas a la cabeza. Sin omitir desvíos en las normas que rigen los DNU y la integración de la Magistratura. Aún la Constitución no se cumple a pleno. ¿Para qué pensar en una nueva reforma?. ■
La Constitución aún no se cumple plenamente. ¿Para que pensar en una nueva reforma?.