Envían el caso del Correo a la Corte y deciden la intervención de la empresa
La Cámara Comercial mandó la causa al máximo Tribunal para que decida los plazos para resolver el tema.
La Cámara Comercial elevó al Tribunal la causa que involucra a la familia Macri por deudas con el Estado. Hizo lugar a un planteo de la Procuración del Tesoro que había solicitado más tiempo para analizar la propuesta de pago de la empresa. La Corte deberá decidir si lo otorga.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, envió a la Corte Suprema de Justicia el expediente del concurso del Correo Argentino SA, la firma del Grupo Socma, de la familia de Mauricio Macri. Fue al hacer lugar a un recurso planteado por el Estado en representación de la Procuración del Tesoro, para contar con más tiempo para analizar una propuesta de pago de la empresa. En paralelo, la jueza comercial dispuso la intervención del Correo Argentino SA, según confirmaron fuentes de la firma a Clarín.
A mediados de julio la empresa de la familia Macri presentó ante la Justicia Comercial una propuesta de pago, para sanear su deuda, de $296 millones al contado, 30 días después de homologado el acuerdo. Además, ofrecía una actualización de los intereses de la deuda, en el momento que el Estado pague alguno de los juicios que le entabló el Correo por la confiscación de la firma en el año 2003 realizada por Néstor Kirchner.
Ante esta nueva oferta formulada por el Correo SA, la Procuración del Tesoro, representada por Bernardo Saravia Frías, que es el organismo responsable de aceptar o no el acuerdo, requirió más tiempo y dentro del expediente judicial algunas especificaciones técnicas a la compañía y por la "gravedad institucional del tema". Según pudo saber Clarín, solicitó que esta propuesta esté completamente separada de los demás juicios que tie
La intervención no desplaza al directorio, sino que oficiará de informante
ne la empresa contra el Estado.
Entre otros aspectos, también reclamó un gráfico de actualización de los intereses de la deuda y su forma de pago. Tras la respuesta del Correo SA, empezaron a correr los plazos que estipuló la Cámara Comercial, como última instancia de negociación, para que el Gobierno dé una respuesta definitiva. La Cámara estableció 15 dí
as de plazo, que vencía el 3 de septiembre, para que el Gobierno dé una respuesta. Antes que venza este plazo, la Procuración presentó un recurso extraordinario ante la Cámara, considerando acotado el plazo otorgado. La Sala B concedió dicho recurso y remitió el expediente a la Corte Suprema de Justicia para que sea quien resuelva sobre la prórroga solicitada por el Estado para que acepte o no el plan de pago de Socma y dar por cerrado el concurso.
En paralelo, la jueza comercial Marta Cirulli, ordenó el nombramiento de un coadministrador sin plazos específicos. Indicó en la resolución a la que accedió Clarín, que
una vez realizado el nombramiento, 30 días después se deberá presentar el primer informe y será allí que se determine la extensión de la veeduría.
En su resolución la magistrada le concedió tres facultades al interventor: "Participar de las deliberaciones del órganos de administración, proponer al Directorio medidas para abaratar costos y por último, informar cuáles son los pasivos post concursales". Esta intervención no desplaza al Directorio actual de la firma sino que oficia de informante.
Paralemente, el juez federal Ariel Lijo investiga si hubo delitos penales en esa negociación entre el gobierno de Macri y la empresa de su familia. Lijo había pedido un peritaje sobre cuál debería ser la deuda a pagar.
Jaime Cibils Robirosa, presidente de la compañía, en diálogo con Clarín expresó: "No correspondía tomar esta medida, es porque la compañía más allá de todos los avatares está viviendo genuinamente de los aportes que recibe de sus accionistas y a su vez con un compromiso de sus accionistas en el sentido que ninguno de estos aportes le van a ser exigibles a la compañía hasta tanto la firma cumpla con todas sus obligaciones de pago hasta todos sus acreedores concursales y/o post concursales".
Por otro lado, el Presidente de la firma dijo que "luego de este proceso tan largo es que nunca nadie ni los medios ni la Justicia en general se hayan cuestionado cómo el Estado Nacional durante 16 años haya continuado utilizando gratuitamente los bienes del Correo SA". Cuando se privatizó el Correo Argentino, en 1997, la concesión quedó por 30 años en manos de un consorcio integrado por Socma (Sociedad de la familia Macri, 67%) y socios minoritarios. Pero el Correo privado no pagó el canon y la deuda con el Estado creció hasta que, en 2001, alcanzó los 296 millones de pesos y entró en concurso de acreedores.
En 2003 el Correo fue estatizado por el entonces presidente Néstor Kirchner. A raíz de la deuda de Socma se inició una causa judicial por el saldo original de 296 millones más los interes en concepto de actualización. Mientras tanto, en esos años, los ex dueños del Correo presentaron tres reclamos contra el Estado por $ 1.700 millones, otros $500 millones y US$ 120 millones, más intereses, para compensar supuestas inversiones realizadas. Pero en junio de 2016, cuando Macri ya estaba en la Casa Rosada, el Gobierno y la empresa llegaron a un acuerdo de pago, que nunca fue homologado, según el cual el Grupo Macri debía pagar $ 300 millones en 15 años. A fines de 2017, la fiscal Gabriela Boquín rechazó esa propuesta por considerarla "abusiva". Sostenía que dicho acuerdo implicaría una quita del 98,2% a favor de la firma y un perjuicio de más de “$4.000 millones la pérdida para el Estado”. Sin embargo, el abogado experto en quiebras, Daniel Vitolo, explicó que el cálculo de la fiscal “estaba equivocado” porque se trataba de una empresa concursada. ■