En la Casa Rosada acusan a los movimientos sociales de extorsión
En el Gobierno dicen que los que acampan se niegan a negociar. Y que rechazan todas las ofertas.
Adentro de la Casa Rosada, Marcos Peña y Hernán Lacunza avalaban en una reunión con diputados oficialistas acompañar el avance de la Emergencia Alimentaria en el Congreso, impulsada por la oposición. A esa altura en la Plaza de Mayo comenzaban a llegar integrantes de las agrupaciones de izquierda con reclamos que excedían la sanción de esa ley y preparados para pasar la noche. Otro acampe ya estaba en marcha sobre la avenida 9 de Julio, frente al Ministerio de Desarrollo Social. Funcionarios de esa cartera mantuvieron conversaciones con referentes de las organizaciones, aunque la negociación arrancó cuesta arriba desde el inicio.
Carolina Stanley, titular del área, rechazaba lo que consideró una “extorsión” por la exigencia de programas sociales.
“Estamos hablando pero sigue trabado. Es 'o me das planes o acampo'. Arrancaron con 200 mil y ahora están en 25 mil. Nada de lo que ofrecemos al resto de las organizaciones alcanza. Así es imposible”, dijo a Clarín uno de los que se comunicaba con los líderes de los movimientos. “Si dicen que no piden planes sino alimentos y mañana (jueves) se vota la ley, ¿para qué acampan?”, transmitió la postura del Gobierno de mostrarse abierto a permitir el avance del proyecto en el Congreso y a la vez duro con estos sectores que no formaron parte del grupo que negoció con el Gobierno en la gestión de Mauricio Macri.
En la 9 de Julio se concentraron el Polo Obrero y Barrios de Pie, el sector referenciado en Libres del Sur, de Humberto Tumini. Y en la Plaza de Mayo el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), MTD Aníbal Verón, Frente Popular Darío Santillán -una fracción- y Movimiento de los Pueblos, entre otras agrupaciones. Del lado del Cabildo, sobre Bolívar, instalaron ollas populares. “Macri, la deuda es con el pueblo, no con el FMI”, “Sin trabajo no se come”, “Aumento salarial ya, ¿quién vive con $7.500?”, se acumulaban los reclamos en los carteles. “Pedimos un aumento del 35% del salario social y apoyamos la san
ción de la Emergencia, como un paliativo. Comer carne o tomar leche se ha convertido en un lujo en la Argentina”, dijo Marianela Navarro, del FOL.
Los dirigentes no ocultaron que
también reclamaban programas sociales: “Hay miles de nuevos desocupados. Sabemos que este gobierno está de salida, pero hay que capear el temporal hasta el recambio”.
Al anochecer comenzaron a montar las carpas, con la consigna de permanecer hasta mañana. El Gobierno mantenía la postura de no desalojar para no potenciar el clima de tensión social, más allá de la represión con heridos durante la tarde por el corte en el Metrobús. “Es un fino equilibrio. Tenemos cuidado para evitar el conflicto, pero si no hacemos absolutamente nada el propio electorado nos mata”, decía un alto funcionario de Nación que siguió con Diego Santilli y Marcelo D'Alessandro -secretario de Seguridad porteño- las protestas durante toda la jornada.
Desde el Ministerio de Stanley, Carlos Pedrini -secretario de Articulación de Política Social- y Fernando Reggio -Abordaje Territorial- negociaban al cierre de esta edición para que los manifestantes no pasaran la noche en la Plaza de Mayo.
Sin movimientos referenciados en el kirchnerismo en la protesta -la mayoría de izquierda, Barrios de Pie juega con Juan Manuel Urtubey y Roberto Lavagna-, en el Gobierno consideraron que mantendrían el conflicto aun cuando cediesen en alguno de los pedidos: “Ellos creen que con el caos suman”. Y que, más allá de intentar “sacar algo” de la administración actual, con los acampes también buscan marcarle la cancha a Alberto Fernández en caso de ser electo. Y acaso en la izquierda procurar un rédito de cara a la elección, aunque los referentes sociales vinculados al peronismo lo desestimaron: “Electoralmente es tirar la toalla”. La CTEP, la CCC y Barrios de Pie -el sector liderado por Daniel Menéndez-, integrados al Frente de Todos, harán su propia marcha hoy desde Avenida de Mayo y 9 de Julio al Congreso, para empujar la Emergencia Alimentaria.