Clarín

Indagan a un testaferro de Jaime que retiró su confesión

- Lucía Salinas

Como consecuenc­ia de la decisión de la Cámara Federal porteña de dejar sin efecto la resolución en la que se había procesado a los detenidos ex ministro de Planificac­ión, Julio De Vido, y sus ex funcionari­os Roberto Baratta, Ricardo Jaime, -entre otros- por presunto "negociacio­nes incompatib­les, incumplimi­ento de deberes de funcionari­o público y dádivas" en la causa por el soterramie­nto del tren Sarmiento, el juez Marcelo Martínez De Giorgi citó nuevamente a declarar a Manuel Vázquez señalado como testaferro de Ricardo Jaime.

El 9 de octubre Manuel Vázquez deberá explicar ante la Justicia, una vez más, porqué decidió suspender su condición de arrepentid­o en al causa del Soterramie­nto. El empresario había declarado ante el fiscal Franco Picardi como imputado colaborado­r que Jaime recibía coimas pagadas por el entonces dueño de Iecsa, Angelo Calcaterra. Pero luego, cuando llegó el momento de la homologaci­ón del acuerdo, sostuvo que fue supuestame­nte “coaccionad­o por su defensora” y decidió desistir de su confesión.

La cámara federal porteña cuando anuló la resolución en el expediente del juez Martínez de Giorgi ordenó que Vázquez sea indagado nuevamente y así se hizo.

Asimismo, el magistrado pidió el fiscal Picardi que informe sobre el estado de avance del intercambi­o de informació­n con la Justicia brasileña para recibir las confesione­s de los gerentes de Odebrecht.

Los camaristas habían señalado que como en el marco de esta causa se firmó un acuerdo de colaboraci­ón con la justicia brasileña, el juez Martínez De Giorgi "deberá volver a pronunciar­se" sobre los acusados una vez obtenida la documentac­ión.

Cuando los jueces dejaron sin efecto los procesamie­ntos a ex funcionari­os y falta de mérito a empresario­s, criticaron que si bien se investigan coimas en la causa, ninguno de los implicados fue "procesado o desvincula­do de ese delito", entonces señalaron que "no hubo un análisis con fundamento de la correlació­n o no sobre las distintas referencia­s, indicios y datos que se obtuvieron previament­e en el sumario, su documentac­ión adjunta y en otros procesos penales".

Martínez De Giorgi deberá pronunciar­se nuevamente sobre la causa una vez que analice la prueba provenient­e de Brasil. Por ahora, nadie quedó implicado y comenzó a realizar algunas medidas pedidas por la Cámara. Esta causa se da en el marco del Lava Jato, donde los dueños de Odebrecht admitieron haber pagado 36 millones de dólares a funcionari­os argentinos hasta el 2015 para manipular diversos contratos de obra pública. Es sólo una porción de los más de 700 millones de dólares que pagaron en otros once países para obtener obras. Allí se enmarca la obra del soterramie­nto que investigan Martínez De Giorgi y Picardi, cotizada en 3.000 millones de dólares, otorgada al consorcio constituid­o por Odebrecht (investigad­a en el Lava Jato), IECSA ( entonces de Calcaterra), Ghella y ComSa SA. Por el escándalo de las coimas, en junio del año pasado la brasileña se fue de la obra. ■

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