El oficialismo y la oposición votaron el proyecto de ley de emergencia alimentaria
El Senado lo convertiría en ley el miércoles
El texto fue aprobado en Diputados por unanimidad, con una sola abstención. Establece una reasignación de partidas, que permitiría aumentar en $ 10 mil millones lo destinado a alimentación y nutrición. La iniciativa deberá ser complementada con otras medidas para bajar el precio de los productos de la canasta básica de alimentos, como la ley de góndolas y la creación por ley del programa Precios Cuidados. La interna piquetera quedó manifiesta: frente al Congreso estaban las agrupaciones K y en la 9 de Julio acampaba la izquierda.
Por unanimidad, la emergencia alimentaria obtuvo ayer media sanción en Diputados tras un debate exprés y pacífico. El proyecto será tratado el miércoles que viene en el Senado, donde ese mismo día podría convertirse en ley.
No se habían cumplido ni tres horas del inicio de la sesión, cuando el texto -que fija la prórroga de la emergencia hasta 2022 y el incremento de un 50 % de las partidas destinadas a programas de alimentación y nutrición- fue sometido a votación.
Con 222 votos positivos y ninguno negativo la iniciativa tuvo luz verde. Solo se abstuvo la diputada de izquierda, Mónica Schlotthauer. Dijo que el proyecto "no resuelve nada".
Ahora es el turno del Senado. Si bien en la Cámara baja la iniciativa fue impulsada por la oposición peronista, en el Senado el oficialismo se apuró y fue el que pidió que se convoque a sesión especial para el miércoles que viene. En Cambiemos explicaron que la intención es sacar "lo más rápido posible el tema de la agenda pública" (Ver página 4).
En Diputados la emergencia se trató casi sin discusión. A pesar de que algunos legisladores, como Marco Lavagna de Consenso Federal y el justicialista Juan José Bahillo, sugirieron agregar artículos, el texto salió igual a como figuraba en el proyecto consensuado por los distintos bloques opositores, en conjunto con los movimientos sociales.
Solo se modificó, apenas, la escritura del artículo 4 -el más importante- para aclarar que el aumento del 50 % de las partidas se hará sobre "los créditos presupuestarios vigentes del corriente año" y no sobre las partidas no ejecutadas. Así, de acuerdo a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo fiscal de la medida sería de $ 10 mil millones, aunque en el ministerio de Hacienda la cuenta les da poco más de $ 8 mil millones. Si lo hacían sobre las partidas no ejecutadas, en cambio, el monto se achicaba a $ 4 mil millones.
Aunque se decidió por el costo más elevado, en el Gobierno aseguran que como se trata de una redistribución de partidas no afecta el presupuesto ni las metas fiscales. No aclaran qué partidas achicarán para reforzar las destinadas a programas de alimentación.
En el recinto, la aprobación se celebró con aplausos medidos provenientes de todas las bancadas. Ningún bloque se adjudicó la victoria.
La sesión especial, pedida por la oposición, contó con el acompañamiento del oficialismo desde el inicio. En línea con la directiva de Mauricio Macri, los legisladores de Cambiemos dieron quórum para habilitar la discusión y votaron a favor de la ley. Sin ellos, la oposición no hubiese alcanzado los dos tercios que necesitaba para lograr la media sanción.
Si bien hubo críticas al Gobierno, no se generaron cruces ni discusiones. No fue casual. La paz había sido sellada el día anterior en una reunión que el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, mantuvo con el jefe de la bancada kirchnerista, Agustín Rossi, y de Cambiemos, Mario Negri.
Ninguno de ellos tenía en mente una sesión en plena campaña electoral y pretendían evitarla, pero la presión de los movimientos sociales en las calles y los legisladores más cercanos a ellos terminaron forzándola.
En su discurso, Rossi reivindicó "el rol de los movimientos sociales", aunque remarcó: "Los problemas sociales no se resuelven con políticas sociales, sino con políticas económicas. Acá estamos por algo paliativo". En esa línea se había pronunciado el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, que había sugerido que la emergencia no era "la solución" y que los piqueteros debían "evitar la calle".
Negri por su parte, destacó que "con errores y aciertos" el Gobierno "atendió la política social” y reconoció que si bien el Ejecutivo podría haber prorrogado la Emergencia con un DNU les pareció "adecuado que la decisión la tome el Congreso".
Lo cierto es que aunque no estaba en la agenda política, la emergencia alimentaria logró reabrir la Cámara de Diputados después de más de dos meses sin sesionar.
Hace dos años que los movimientos sociales la reclamaban, pero la movida creció cuando la pidió también la Comisión Episcopal de la Pastoral Social, la CGT y los intendentes peronistas de la Provincia. ■