Casi siete mil muertos en “ejecuciones extrajudiciales”

Bachelet. El informe de la ex presidente chilena acusa a una fuerza policial de miles de asesinatos en 2018 y este año.

El informe presentado en junio pasado por la Alta Comisionada para los DD.HH. de la ONU, Michelle Bachelet, describió una Venezuela anárquica, violenta y con un régimen que auspicia secuestros y torturas de opositores, con casi 7.000 asesinatos en ejecuciones extrajudiciales. Cita, además. la crisis sanitaria y la violenta persecución del periodismo no alineado con el régimen. Estos son algunos de los puntos del reporte:

• Libertad de Expresión: “El Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes. Esta situación ha continuado empeorando en 2018-2019. Han tenido que cerrar docenas de medios impresos y el Gobierno clausuró emisoras de radio e hizo que dejaran de emitir canales de televisión. Aumentaron las detenciones de periodistas, incluyendo extranjeros quienes fueron expulsados o dejaron el país después de su liberación”.

• Detenciones arbitrarias: “El ACNUDH (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos) documentó varios casos de detenciones arbitrarias de personas por expresar opiniones en redes sociales. En los últimos diez años, la ONG Espacio Público ha registrado detenciones arbitrarias y cargos penales contra 55 personas por publicaciones en medios sociales, 24 de ellos en 2018”.

• Represión a la oposición: “Durante al menos una década, el gobierno ha aplicado leyes y políticas que han acelerado la erosión del estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas. Estas medidas tienen como objetivo neutralizar, reprimir y criminalizar a opositores políticos y las críticas al Gobierno (...) Sucesivas leyes y reformas legislativas han facilitado la criminalización de la oposición y de cualquier persona crítica al Gobierno mediante disposiciones vagas, aumentos de sanciones por hechos que están garantizados por el derecho a la libertad de reunión pacífica, el uso de la jurisdicción militar para personas civiles, y restricciones a ONG’s para representar a víctimas de violaciones de los derechos humanos”.

• Asesinatos. En el período que abarca el informe, enero de 2018 a mayo de 2019, “tanto a las fuerzas civiles como a las militares se les atribuye las responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a crítico del Gobierno y sus familiares, violencia sexual y de género durante los períodos de detención y las visitas y uso excesivo de la fuerza en las manifestaciones”.

• Grupos de tareas: El informe pide disolver las Fuerzas Especiales de la Policía, un grupo de tareas al que se achaca la mayor parte de 5.287 muertes extrajudiciales en 2018 y otras 1.569 entre enero y mayo de 2019. ■