Cuando la tortura es judicial

Respeta la Justicia argentina el principio constitucional de igualdad ante la ley? Tal vez esa respuesta la descubramos en la historia de Matilde Sarubbi, mamá de Diego Rodríguez, asesinado en la puerta de la casa de su novia por una camioneta en octubre de 2010.

Como tantas otras madres, como tantas otras víctimas, de un día para el otro y sin haberlo elegido, sino por designio de unos delincuentes asesinos sumado a la desidia del sistema penal, tuvo que emprender el más doloroso de los caminos. Tras acompañar los restos de su hijo hasta el cementerio de la Chacarita, le juró hacer Justicia, sin saber que le esperaba una lucha denodada.

Al poco tiempo, entendió que no podía esperar la acción de la Justicia ni de la policía. Emprendió entonces una investigación, su investigación, durante años, en pos de dar con aquellos que le gatillaron en la cabeza a su hijo. Solo ella sabrá lo que hizo y lo que no para dar con ellos: inventó perfiles en redes, se metió en una villa, siguió las pistas de uno de los agresores que logró fugarse al Paraguay. La ministra Bullrich la escuchó, se ofreció recompensa y se lo capturó.

En agosto de este año debía iniciar el juicio. Un mes antes de la fecha estipulada, va al juzgado como tantas otras veces en su mendigar justicia y, por la experiencia adquirida con su trajinar, advierte que algo extraño pasa. Pregunta y, como concediéndosele un favor, se entera de que la fiscal Patricia Quirno Costa había acordado un juicio abreviado.

No llama la atención: cuando asumió en su cargo en el 2013, según declaró al portal de la Asociación Pensamiento Penal, “se necesita una reforma que habilite herramientas para decidir qué causas deberían llegar a juicio y cuáles se pueden resolver con medidas alternativas”. Y a renglón seguido, cuando se le preguntó sobre alguna vía alternativa para descomprimir los tribunales de menores, respondió que “el juicio abreviado es una alternativa. El fiscal ofrece una pena mínima y el joven a cambio acepta su responsabilidad en el hecho. Algunos jueces y fiscales lo consideran un método extorsivo, pero si el tribunal se atiene a las garantías no se corre este riesgo”.

Fiel a esa línea, la misma fiscal que durante nueve años no se interesó en esclarecer el hecho, traicionó a Matilde -a quien hasta ese momento la unía una relación basada en la confianza-, cometiendo perjurio, negándole que el acusado estaba en el mismo tribunal por que que la misma Matilde lo había visto pasar. Y violando la fiscal la ley que obliga a consultar a los familiares de los asesinados, la fiscal acordó con el imputado que éste asumíría su participación y autoría en el hecho a cambio de una pena de 6 años de prisión.

Adviértase que Quirno Costa no solo perpetró el incumplimiento de la ley de derechos y garantías fundamentales de las personas víctimas de delito, sino también el forzamiento del juicio abreviado, cuyo tope fue establecido en penas de 6 años de prisión, a los cuales ella acomodó la causa para que coincidiera con dicha pena.

El sentido de estipular ese plazo no es ni fue limitar los años de prisión sino vincularlo con la gravedad de los hechos.Y es claro que el espíritu de la ley fue no dejar en manos de “acuerdos” discrecionales hechos tan graves.

La misma fiscal que no había hecho nada en nueve años, y para “abreviar” la causa, forzó todo lo que pudo: la ley, la calificación y la pena. Decidió, cual monarca absoluta, sin escuchar a quien debía -por ley y por humanidad- escuchar: a la madre del joven muerto, quien había investigado denodadamente para poner al asesino de su hijo en las manos de la fiscal. Caratulado inicialmente el hecho de “homicidio criminis causae” termina casi como en oferta al estilo sale day:“robos agravados por el uso de arma reiterado en dos oportunidades, homicidio agravado por el uso de arma y portación de armade guerra en concurso real por tan solo 6 años de prisión” a costa de la vida.

Pero el absurdo no termina acá: nuestro sistema de (in)justicia posibilita que un condenado que prestó su conformidad, pueda recurrir la sentencia. Pero en una clara asimetría recursiva y violando el principio constitucional de la igualdad ante la ley, el tribunal de Casación rechazó el recurso En lo personal, no sé si debe sorprenderme. Pues además de Sergio Real y Fernando Pisano, el tercero de sus señorías es un antiguo conocido mío, Gustavo González Ferrari, el mismo abogado que defendió al asesino de mi hijo Ezequiel.

Uno de esos tristísimos recuerdos guardados en mi memoria es la del defensor Ferrari quien, acercándoseme apenas terminado el juicio, me dice confianzudamente refiriéndose al asesino: “Si por mí fuera, señora, le juro que lo degüello con mis manos ya mismo. Pero tengo hijos y tengo que trabajar para comer”. Se nota que trabajó muy bien liberando asesinos, ascendiendo de defensor a juez de Casación a costa de la sangre ajena.

Más allá de esta anécdota, la pregunta que se sigue es del orden de lo universal: ¿Tiene límite la injusticia? Veremos. Solo resta esperar que la Corte Suprema recuerde los principios constitucionales de Igualdad ante la ley y de acceso a la justicia y, fundamentalmente, el mandato de “Afianzar la Justicia”. Esperamos un juicio justo. Porque la Justicia es la única esperanza que les queda a quienes ya han perdido tanto y a lo único que aspiran. Y a la sociedad toda. ■