Los riesgos y las tentaciones
Finalizó la campaña electoral, y ahora comienza la difícil etapa en la que el nuevo gobierno deberá fijar el rumbo para encauzar una economía que se encuentra en medio de una crisis abierta. Llevamos 8 años de estancamiento con caída en los últimos 2 años, aceleración de la inflación por encima del 60%, ascenso de la pobreza, pérdida de empleo, restricciones cambiarias, etc. La persistencia y profundidad de la crisis exige medidas de alivio inmediatas, pero lamentablemente la urgencia choca con el escaso margen fiscal y las restricciones de financiamiento (tanto del sector público como del sector privado).
Medidas como recomponer el poder adquisitivo de los jubilados, mejorar los ingresos de los sectores más vulnerables, reducir la carga impositiva a las empresas, congelar las tarifas de servicios públicos, etc. implican un costo que obstaculiza la meta del equilibrio fiscal, ya de por sí difícil de alcanzar.
El año que viene habrá una nueva caída de los recursos del sector público por el ajuste por inflación impositivo, el impacto de la reforma tributaria y la menor recaudación producto de la baja de la actividad. A esto se suma el potencial fallo de la Corte Suprema contra la fórmula de movilidad previsional, la licuación de los topes de las retenciones y su fin al cierre del 2020. Esto en el marco de rigidez de los gastos a la baja, no sólo por el impacto social del ajuste sino también a raíz de la indexación de buena parte de las erogaciones.
A esto hay que sumar que, a diferencia del 2016, hoy la deuda no es un camino para financiar el déficit. El virtual aislamiento financiero obedece, en parte, a la desconfianza del mercado y el proceso de reestructuración inevitable. Aunque el gobierno de Macri logró mejorar el resultado primario –excluidos los interesesdel sector público, el perfil de vencimientos de la deuda de los próximos años es sumamente exigente. En los cuatro años venideros se deberá pagar en concepto de capital el equivalente a 5% del PBI promedio por año, de los cuales casi la mitad corresponde a la deuda con el FMI. A eso se suma la carga de intereses, de 3,5% del PBI promedio anual. Así como se logró reducir el déficit primario, el déficit total sigue siendo muy elevado.
Derivado del problema financiero se encuentra otro de los focos de riesgo de la transición que deberá abordarse: el cierre de los mercados de deuda y la incertidumbre acerca de las posibilidades del sector público de hacer frente a sus compromisos presionan sobre el mercado cambiario. Lo único que evita que el dólar suba son las elevadas tasas de interés y el cepo cambiario, medidas que, sostenidas en el tiempo terminan obstaculizando la necesaria recuperación del sector productivo.
Ante este complejo panorama es fundamental evitar las “tentaciones”, entendidas como aquellas políticas que en el corto plazo pueden ayudar a sortear los desequilibrios, pero que en el mediano plazo tienden a profundizarlos.
Una de las mayores tentaciones será el uso de la emisión monetaria para cubrir el agujero fiscal e inyectar recursos para motorizar la economía. Aunque algunos podrían pensar, que la emisión no tiene costo sobre una economía en retroceso, el escenario actual de inestabilidad nominal, tanto del dólar como de los precios internos, enciende las alarmas ante una política de este tipo.
El principal motivo de la tentación es que cierta emisión será inevitable, de hecho, el actual Gobierno ya lo autorizó. La clave estará en cuánto y hasta cuándo será dicha relajación monetaria.
Los instrumentos económicos -emisión, deuda, tasa de interés, etc.-, no son buenos o malos en sí mismos, sino en función de la dosis. Enamorarse y abusar de ellos no es un buen camino.
En dosis extremas, las herramientas de política económica producen daño.
Hemos tenido en los últimos 10 años, gobiernos diferentes con políticas económicas opuestas, y los resultados no fueron buenos. Tal vez se trate de cuestiones estructurales de la economía que, recurrentemente, queremos resolver con soluciones mágicas.
No hay duda sobre la necesidad de llevar alivio a las familias y empresas, pero también es cierto que la fragilidad económica exige fijar prioridades de manera de lograr la mentada reactivación de la actividad, y al mismo tiempo, dar las señales de que nos dirigimos a un reacomodamiento del resto de las variables macro.
Entre las primeras políticas de acción deberían priorizarse los incentivos fiscales con mecanismos de compensación para no deteriorar excesivamente el resultado del sector público; la concreción de un acuerdo de precios-productividad-salarios que estabilice la nominalidad de la economía y permita reducir las tasas de interés; el desarme y alargamiento de los vencimientos de la deuda pública, con una rápida pero firme negociación que permita al menos dos años de gracia.
Por otro lado, el dialogo y los acuerdos entre los distintos sectores económicos, políticos y sociales, no solo son necesarios sino inevitables. La situación es muy delicada como para que cada uno tire de la cuerda más de la cuenta. Un Congreso fragmentado, y la necesidad de avanzar con leyes complejas desde lo técnico y jurídico, nos obligan a que los tres poderes del estado, cada uno en su rol, tengan una coordinación para evitar leyes que luego se declaren inconstitucionales, y terminen impactando negativamente en las cuentas públicas y la macroeconomía.
Aunque el escenario actual desvanece la famosa “luna de miel” que suelen tener los gobiernos entrantes, en los primeros seis meses será fundamental mantener el fino equilibrio que evite los atajos y rompa definitivamente con el círculo vicioso que desde hace muchos años azota a nuestro país. Por ello, y aunque parezca contraintuitivo a la luz de las urgencias, debemos ahora más que nunca evitar la tentación de tomar atajos. ■