La Justicia le ordenó al Estado cubrir el tratamiento de un nene en Boston
La Secretaría de Salud apeló. Para su titular, Adolfo Rubinstein, el chico podía ser atendido en Argentina.
“Acaban de aterrizar. Mañana -por hoy- empiezan con los prequirúrgicos”. Lo dice el abogado cordobés Carlos Nayi, representante de Lautaro, un nene de dos años que, tras una resolución judicial, será tratado en el Boston Children’s Hospital de esa ciudad estadounidense. “El paso final del tratamiento en Boston es una cirugía cavo-pulmonar que reconstruirá el costado derecho del corazón de Lautarito”, sostiene Nayi.
“Es la primera vez que se falla en favor de que el Estado deba hacerse cargo del tratamiento en el exterior de un caso con la patología que presenta este nene”, describe el letrado. Y suma: “El 70% del tratamiento debió pagarlo el Estado nacional y el otro 30% debió afrontarlo el Estado provincial. Fueron 152.000 dólares destinados al tratamiento médico, y a eso se suman los gastos de traslado y alojamiento de Lautaro y su familia”.
Lautaro vive en la capital cordobesa. Su mamá es estudiante de Enfermería y su papá trabaja en un taller de chapa y pintura. No tienen obra social. “No los aceptan en ninguna por los costos que tiene el tratamiento del nene, que es su único hijo”, asegura Nayi. A través de campañas solidarias, y según confirmó el abogado, se recaudaron 41.000 dólares.
Luego de los exámenes prequirúrgicos Lautaro pasará a la etapa de cateterismo. El 22 está prevista la cirugía, que “tiene un porcentaje de éxito del 98%”, sostiene Nayi. El nene podría volver a Córdoba en diciembre.
Sobre si esa misma cirugía podía hacerse en Argentina, el abogado responde: “Podía hacerse, pero era más riesgoso. Se presentó ante la Justicia un informe conjunto del Hospital Garrahan y el Hospital de Niños de Córdoba en el que se indica que la mejor opción es en Boston. Trabajan con robótica, están 20 años adelantados”.
En contraposición, el secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein explica que “un informe del Centro Coordinador del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC), que funciona en el Hospital Garrahan, sostiene que este nene no es un buen candidato para una cirugía terapéutica. Ese informe se presentó ante la Justicia. Las dos veces que se lo operó en el Garrahan se le hicieron cirugías paliativas, y es lo que iba a hacerse una vez más en el hospital”. Y agrega: “Es probable que la familia, que por supuesto intenta todo lo que le proponen, vaya hasta Boston y el nene no pueda ser operado. O que le hagan la misma cirugía paliativa”. Clarín accedió al informe, que sostiene: “Las condiciones anatómicas indispensables para ser candidato a corrección biventricular no estarían presentes en la anatomía cardíaca del niño Lautaro”.
Sobre lo que viven las familias Rubinstein dice: “Desde ya que cada familia hace su máximo esfuerzo para que esa persona sea tratada. Pero surge la disyuntiva entre las decisiones individuales y colectivas ya que la función del área de Salud es proteger a la gente de manera eficiente y con equidad y calidad”.
Según informa Rubinstein, en 2018 se presentaron 305 recursos de amparo contra la secretaría que encabeza, y en lo que va de 2019 ya son 469. “El total de los amparos presentados el año pasado equivale a 760 millones de pesos, de los que ya tuvieron que hacerse efectivos 140 millones. Los 760 millones son equivalentes al presupuesto anual que destinan los hospitales Garrahan y El Cruce a medicamentos”, señala el funcionario.
“Lo que hay que hacer es eliminar la discrecionalidad del Poder Judicial en decisiones médicas”, dice Rubinstein y propone la creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. “El proyecto de ley ya está en el Senado, y ese organismo estaría dedicado a definir de manera objetiva, explícita y transparente qué coberturas se brindan y cuáles no. De esa decisión participarían financiadores -Estado, PAMI, obras sociales-, pacientes y eticistas, entre otros”, anticipa Rubinstein.
“Desde ya que cuando hay privación de un derecho hay que accionar para que ese derecho se cumpla. Pero la discusión que hay que dar es si el Estado puede solventar un tratamiento en el exterior y si eso no implica inequidad”, sostiene Rubinstein. Según Nayi, “el garante máximo del derecho a la salud es el Estado”. ■