El Gobierno prepara un informe con los datos de la “herencia real”
Busca que el proceso sea “pacífico” y que queden registros de la ejecución presupuestaria y la cantidad de empleados públicos. El Gobierno quiere evitar que los K den datos falsos.
El Presidente busca que el traspaso de mando sea exitoso y evalúa formalizarlo con un decreto reglamentario. Además, pretende que queden registros de la ejecución presupuestaria y la cantidad de empleados públicos para evitar que la nueva gestión tergiverse los datos.
Mientras espera que Alberto Fernández dé luz verde a su tropa para que empiece el diálogo “bilateral” con sus ministros, Mauricio Macri busca tomar recaudos para que la transición de Gobierno sea exitosa. Y evalúa formalizarla con un decreto reglamentario que establezca algunos parámetros concretos y estándares mínimos de cumplimiento para la gestión saliente.
Así lo confirmaron fuentes oficiales al tanto del proyecto, que elaboró el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez; y ya analiza el secretario de Fortalecimiento Institucional, Fernando Sánchez.
Entre los argumentos, el texto al que accedió Clarín expone que el proceso de traspaso ”debe ser ordenado, pacífico, eficiente y transparente para garantizar la continuidad de la acción del Estado” y recuerda que “la Argentina no cuenta con una normativa que regule el proceso de traspaso ni con una cultura y práctica de transiciones ordenadas de gobierno“.
En ese sentido remarca que, bajo la gestión de Macri, el Gobierno intentó regular la transición presidencial con el envío al Congreso de un proyecto de ley más amplio, que incluía otras aclaraciones, como el traspaso de los atributos de mando. Esa iniciativa había surgido a partir de los problemas que en 2015 afrontó Macri para acordar el traspaso con Cristina Kirchner.
Ese proyecto fue aprobado en Diputados, pero no obtuvo consenso en la oposición en el Senado, curiosamente en el bloque del PJ que por entonces conducía Miguel Pichetto.
Por eso, sostiene este decreto que prepararon en el Gobierno, se requiere fijar “una serie de condiciones y mecanismos que regulen el traspaso” e insta al gobierno saliente a brindar “información íntegra, oportuna, objetiva y veraz” para que el gobierno entrante “pueda tener un conocimiento detallado del estado de la Administración y adoptar de manera informada, desde el primer día, las decisiones que estime más conducentes”.
Aunque no lo admitirán públicamente, en el Gobierno entienden que esta iniciativa, en caso de ser oficializada por Macri, servirá para que el nuevo Gobierno no pueda interpretar la herencia dejada por la actual administración de forma sesgada. “Queremos mostrar todos los datos, que son irrefutables”, indicaron.
En el primero de los 7 artículos que contiene el modelo de decreto se establece que “el proceso de transición del gobierno comprende todas aquellas acciones que resulten necesarias para facilitar el cambio de la administración, particularmente, el suministro a las autoridades electas de toda la información sobre el estado de situación del gobierno en miras a favorecer una transición pacífica, ordenada, eficiente y transparente del Poder Ejecutivo“.
El artículo 2 precisa que “el período de transición se inicia el día de la proclamación de la fórmula presidencial ganadora por la Asamblea Legislativa y finaliza cuando asume el nuevo mandatario“.
El texto prevé que sea el jefe de Gabinete el encargado de poner a disposición del presidente electo la memoria detallada del Estado y reunir la información de las distintas áreas y ministerios.
Atento a la posibilidad de que, a diferencia de lo que ocurrió este año, la elección presidencial se defina en balotaje, la fecha límite para la presentación de los datos será el 29 de noviembre. Y, para que no quede a discreción de las partes, el decreto enumera el detalle mínimo que deberá contener el informe. En principio, serían estos:
• La nómina de autoridades y personal de la planta permanente y transitoria u otra modalidad de contratación, incluyendo consultores, pasantes y personal contratado.
• La ejecución presupuestaria de los ministerios, instituciones, empresas y entes y las últimas auditorías realizadas a cada uno de estos.
• La situación de todos los procesos judiciales en los que el Estado nacional y cada organismo sea parte.
• Las contrataciones públicas, licitaciones, concursos, obras públicas, adquisiciones de bienes y servicios que estén en curso o pendientes, especificando objetivos, características, montos y proveedores.
• Los informes de auditoría o evaluaciones internas o externas realizadas en el último año.
• El inventario de bienes, depósitos, disponibilidades financieras y obligaciones exigibles.
• El detalle de la deuda pública clasificada en interna y externa. ■