Alberto Fernández, ante la botonera de Nisman
La investigación judicial de uno de los enigmas más grandes de la Argentina depende de ocho empleados atados a contratos precarios. Integran un Anexo Especial de la Fiscalía que debe desentrañar qué sucedió con la muerte de Nisman y lidian con un expediente de 120 cuerpos (por 200 fojas cada uno, 24.000 páginas) que parecerá un juego próximamente, cuando reciban las pericias sobre todas las computadoras y celulares secuestrados durante los allanamientos a la casa de Diego Lagomarsino y de los policías que debían custodiar a Nisman justo durante las horas en que lo dejaron solo. Las horas en que el fiscal que acababa de denunciar a la Presidenta recibía un tiro en la cabeza.
El nuevo material, digitalizado, llega en estos días: 100 "elementos" con información equivalente a 1.000 páginas cada uno. 100.000 páginas. Si las pusiéramos en fila india, 30 kilómetros de papeles para revisar.
Quizá por eso la flamante embajadora israelí en la Argentina, Galit Ronen, escuchó con atención cuando el procurador general de Israel le preguntó al fiscal Eduardo Taiano cuántos empleados tenía investigando la muerte de Nisman. Fue hace un mes, en la residencia de la embajadora, durante una cena en la que se sirvió salmón con ensaladas.
-Ocho-, les dijo Taiano: "Pero no están efectivos". El silencio prolongado significa mucho en lenguaje diplomático. Una fiscalía normal de Comodoro Py puede tener hasta el doble. El gobierno de Macri nunca mejoró eso.
De los ocho empleados que investigan la muerte de Nisman, tres tienen cargos jerárquicos. Ellos tenían un contrato anual pero ahora se los recortaron a ocho meses, con vencimiento en mayo próximo. Quien les renueva o no los contratos es el procurador general. Al procurador lo nombra el Presidente, con acuerdo del Senado. Todos sus contratos son revocables en cualquier momento.
El botón para potenciar o desactivar la causa Nisman va a estar muy pronto debajo del dedo del presidente electo, Alberto Fernández. Apenas comience el nuevo año, se cumplirá el quinto aniversario de la muerte del fiscal, que la Justicia investiga como un asesinato. Serán cinco años, también, desde que Nisman denunció a Cristina Kirchner por encubrir a los terroristas del atentado a la AMIA. Fernández escribió en La Nación, un mes después: "Sólo un necio diría que el encubrimiento presidencial a los iraníes no está probado", pero ahora la denunciada que sólo sería inocente frente a un necio será su vicepresidenta. "Cristina sabe que ha mentido", insistía Alberto. ¿Y ahora?
La velocidad de la investigación por la muerte de Nisman está en parte atada a la cantidad de personas que trabajan en ella. Si uno de esos empleados se fuera a otro trabajo buscando una relación de dependencia que hoy no tiene, su reemplazante debería empezar el estudio de la causa quizá más compleja de la Argentina desde cero.
Las sutilezas de la política y la justicia tienen mil laberintos. Podría pensarse que para "voltear" una causa judicial de ese calibre harían falta complejas operaciones y entramados corporativos con espías y lobbistas complotados, pero es mucho más sencillo. Infinitamente más fácil.
Bastaría con dejar caer un par de contratos en una oficina gris, perdida en una sombra desapercibida de la ciudad, para que la investigación que busca determinar de una buena vez qué pasó con el fiscal que denunció a Cristina se hunda en el pantano de los tiempos. ■
La investigación de la muerte del fiscal la llevan ocho empleados con contratos precarios