La impunidad, verdadera causa de las prisiones preventivas y el “lawfare”
Las causas por corrupción se tramitan durante años y décadas, y las condenas firmes -o absoluciones- no llegan nunca.
Como otras tantas en estos tiempos, la discusión de esta semana sobre el uso de las prisiones preventivas por parte de los jueces argentinos está regada de trampas. Primero, sin ambigüedades ni excusas, lo más importante: la cárcel sólo debe ser admitida como pena para los condenados por delitos juzgados por tribunales idóneos e independientes, en tiempos razonables y con todas las garantías de la Constitución y las leyes. Anticiparla como atajo para subsanar errores previos en el proceso o satisfacer necesidades políticas coyunturales no sólo es peligroso, sino también ilegal. Ese precepto sagrado tampoco debe ensuciarse con otra práctica habitual en la Argentina: cientos de causas eternas e inconclusas, que mueren por prescripción y alimentaron una epidemia de impunidad casi absoluta respecto a gravísimos delitos de corrupción.
El proceso legal argentino respecto a los delitos federales -entre los cuales se incluyen aquellos “contra la administración pública” como coimas, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, fraude, lavado de dinero y abuso de autoridad- está organizado como una pirámide: cualquier denuncia se sortea y le cae a un fiscal, quien si la encuentra plausible impulsa una causa que conducirá un juez de instrucción. Si las sospechas crecen, este magistrado indagará a los acusados, y eventualmente los procesará. Ellos pueden apelar esas decisiones ante la Cámara Federal (integrada por tres jueces) y luego la Cámara Federal de Casación Penal (otros tres).
Cuando el juez entienda que ya reunió las pruebas y testimonios suficientes para cerrar la instrucción, le pedirá al fiscal que formule su acusación final y, cuando la tenga, elevará el expediente a juicio oral. Un nuevo sorteo seleccionará al Tribunal Oral Federal (TOF) que repasará todo el expediente, posiblemente ordene nuevas medidas de prueba y luego organice las audiencias: entonces comenzará la batalla para proponer testigos y pruebas, cada una de las cuales puede ser apelada ante la Casación.
Cuando se desbroce ese camino, recién entonces comenzará el juicio, que como mucho avanzará a la tortuosa velocidad de una audiencia por semana. El día que los tres jueces (otros tres jueces) lean su sentencia, esta podrá ser apelada ante la Casación, y eventualmente ante la Corte Suprema (cinco jueces).
¿Un detalle? En la práctica, ninguno de estos pasos procesales tiene un plazo perentorio. Cada uno de los fiscales y jueces puede tomarse el tiempo que desee para avanzar un casillero. No pocas veces, además, son desmesuradamente permeables a los continuos planteos de los abogados de los acusados.
Y ahora sí, el final de la saga: sólo cuando la Casación o la Corte hayan echado la última palada de tierra sobre una causa, los imputados tendrán sobre sus hombros una condena firme. Hasta entonces, según la interpretación que ahora vuelve a cobrar fuerza, serán inocentes de toda inocencia. Y si alguno de aquellos jueces hubiera ordenado detenerlos en algún tramo del proceso, se habrá tratado de una prisión preventiva.
Cualquier lector que viva en este país sabe que aquella meta casi sin excepciones no se alcanza nunca, que la impunidad es la regla y que ante la explosiva furia social de los últimos años algunos jueces buscaron emparchar sus récords apelando a las detenciones preventivas en medio de procesos que hasta entonces caminaban hacia la nada.
Este es el marco real en que debe insertarse la discusión alentada por Alberto Fernández, el kirchnerismo y hasta el Papa Francisco, cuando hablan de “persecución política” o“lawfare”, una peculiar construcción que designa una supuesta “guerra jurídica” para atacar y segar el camino de los “líderes populares”.
Como siempre lo hace, el ex juez de la Corte Eugenio Zaffaroni sintetizó con franqueza los planes de esa facción ayer mismo, en una nota radial: “Hay un grupo muy reducido de jueces que ejercen el lawfare, hay que resolver eso de alguna forma, tiene que ser neutralizado, hay que terminar con este show de los cuadernos y demás”.
El show de los cuadernos. No es chiste, y no hay remate. ■