Condena a la corrupción, una deuda sin saldar

Los resultados electorales derivan de una combinación entre la popularidad de los candidatos, las promesas que realizan, las propuestas que formulan para resolver las inquietudes más acuciantes de la sociedad, y la credibilidad y las expectativas que despiertan en la ciudadanía. Desde el retorno de la democracia, en cada elección la sociedad privilegió alguna demanda (social, política o económica) por sobre otra y votó a quien aparecía como el candidato más idóneo para resolverla.

Así las mayorías ciudadana en 1983 se definieron por quien expresaba mejor los valores republicanos, la decencia y la condena a la dictadura; en 1989 votaron para salir de la hiperinflación; en 1995 para mantener la estabilidad económica; en 1999 para producir una alternancia en el poder; en 2003 por distintos aspirantes para restablecer la normalidad institucional; en 2007 y 2010 para darle continuidad al proceso en marcha; en 2015 para cambiar el rumbo político y económico y este año para reponer en el poder el modelo que gobernó la primera década y media de este siglo.

Todo indica que, con excepción de 1983, la cuestión ética es la menos tenida en cuenta por la mayoría ciudadana a la hora de votar, lo que constituye un enorme retroceso en términos de afianzar los valores republicanos.

Parece haber calado hondo en buena parte de nuestra sociedad la visión, ampliamente difundida, de que “todos roban” y consecuentemente, sea quien sea el presidente, la corrupción campeará en la esfera pública. Esta percepción aparece acompañada por otra idea igualmente negativa: la impunidad de la cual gozan los poderosos. Corrupción e impunidad son entonces hermanos gemelos.

Con una mayoría social que ha naturalizado la corrupción como un mal inevitable, desde sectores cercanos al futuro gobierno se ha profundizado el relato acerca de la existencia de “presos políticos” o “causas amañadas” para describir la situación judicial de los ex funcionarios K investigados o detenidos. La estrategia de transformar al victimario en víctima, tan antigua como la injusticia, contrasta con un cúmulo de indicios, nunca vistos, que corroborarían las actividades ilegales de los acusados: confesiones de empresarios y ex funcionarios, cuadernos con los montos cobrados por coimas, fortunas inexplicables, secretarios presidenciales con patrimonios cercanos a los 100.000.000 de dólares, empresarios extorsionados para hacerles vender sus compañías. Éstas son diferentes pruebas, aunque no las únicas, que obran en manos de los jueces que deben determinar la culpabilidad o inocencia de los ex funcionarios procesados, entre ellos la vicepresidenta electa.

¿Qué hará la justicia a partir del 10 de diciembre? ¿Los jueces fallarán conforme a derecho? o por el contrario ¿lo harán condicionados por las presiones del nuevo gobierno? ¿Serán imparciales o complacientes con el poder de turno? ¿Dictaminarán en tiempo y forma o dejarán que las causas prescriban?

Las respuestas que la justicia proporcione a estos interrogantes, nos permitirá saber si el Poder Judicial es genuinamente independiente y garantiza la igualdad ante la ley, tal como lo establece nuestra Constitución, o si, por el contrario, es una herramienta al servicio del gobierno de turno para consagrar la impunidad de los poderosos. Si opta por el primer camino, la Argentina habrá dado un paso importante en dirección a fortalecer su debilitada república. ■