Cambios en jubilaciones y retenciones para asegurarse el apoyo de aliados

Mantienen el 82% a docentes, científicos y judiciales. Además, compensarán a productores pequeños.

Entre los cambios para sumar apoyos al proyecto de ley de solidaridad social y reactivación productiva, el Gobierno aceptó revisar la suspensión por 180 días de la movilidad de las jubilaciones de docentes nacionales, docentes universitarios, investigadores científicos y judiciales. La decisión del oficialismo se conoció en el inicio de la sesión en la Cámara de Diputados, luego de que el Frente de Todos reuniera el quórum para avanzar con el tratamiento.

Otro cambio relevante fue la introducción de mecanismos de compensación para morigerar el impacto de la suba de retenciones entre los pequeños productores, según confirmó el propio presidente Alberto Fernández por redes.

En cuanto a la movilidad de las jubilaciones, la medida afectaba a unos 250.000 mil jubilados y pensionados. La marcha atrás se sumó así a otros cambios, como la eliminación del artículo 85 –facultaba al Poder Ejecutivo a intervenir en unos 70 organismos descentralizados, en lo que había sido criticado como un “cheque en blanco” para reformar el Estadoy que el 30% extra para las compras en el exterior comenzará a regir una vez que la ley entre en vigencia.

En el caso de la movilidad de los haberes, diputados opositores lo atribuyeron principalmente a una negociación de la Casa Rosada con funcionarios judiciales.

“Y si no, iba derecho a la jungla judicial”, descontó uno de los diputados que confirmó la modificación. Los ítems previsionales, también la suspensión de la movilidad, generaron buena parte de las controversias del proyecto.

“Va a haber jubilados de primera y de segunda”, cuestionó Luciano Laspina (PRO), uno de los que tomó la palabra en el comienzo del tratamiento. Laspina dedicó buena parte de su discurso al tema jubilatorio y sostuvo que “la ley de movilidad, que era un derecho adquirido con

sagrado por la Corte, y que le costó a este Congreso 14 toneladas de piedras tiradas por energúmenos (aludió a las manifetsaciones de diciembre de 2017), lo que hizo fue proteger a los jubilados de los procesos de alta inflación como el que estamos viviendo, y en marzo iban a tener una recomposición del 12% y un aumento interanual del 52%”.

Según Mario Negri, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, el gobierno busca hacer un ajuste y en cuanto a la suspensión de la movilidad, ahorrarse 0,50% del PBI, para ir luego a negociar con el Fondo Monetario Internacional.

También el propio Presidente confirmó un agregado negociado con dirigentes de las entidades rurales. “Propuse incorporar un artículo que disponga que el Poder Ejecutivo deberá establecer mecanismos de compensación de los efectos de los derechos de exportación específicos para pequeños productores y cooperativas”, expresó Alberto Fernández por Twitter durante los primeros minutos de la sesión.

Los cambios sobre retenciones siguieron negociándose hasta anoche, al cierre de esta edición. El dictamen ya había incorporado la creación de un fondo solidario de competitividad agroindustrial, para estimular a pequeños productores y cooperativas, a través de créditos.

Pero el interbloque Federal, principal interlocutor en las negociaciones con el Frente de Todos, insistía en una segmentación según el tamaño de los productores y las zonas geográficas.

También seguía siendo motivo de negociaciones, que el texto definitivo incluyera una garantía de que los jubilados no cobrarán menos con la suspensión de la movilidad, de lo que hubieran percibido con la fórmula de cálculo de ajuste.

Asimismo, el sector de la oposición que buscaba acompañar el proyecto pedía que para establecer la nueva fórmula se constituyera una comisión integrada también por representantes del Congreso, y que por el parlamento pasara esa nueva manera de calcular automáticamente la suba de los haberes jubilatorios. El texto definitivo incluiría un compromiso del Gobierno nacional en ese sentido.

Por otra parte, se eliminó el artículo 74 del proyecto, que congelaba por 360 días la incorporación de prestaciones al PMO. ■