Fallo a favor de Airbnb en Europa: la Justicia dice que es un intermediario
“Es un servicio de la sociedad de la información y no una empresa inmobiliaria”, argumentó un tribunal.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó ayer que la plataforma Airbnb no tiene por qué cumplir con las normativas nacionales europeas dirigidas a empresas con actividades inmobiliarias o a los hoteles y demás empresas de alojamientos turísticos.
La empresa estadounidense consiguió una victoria legal que hará más difícil que las grandes ciudades regulen su actividad, como han intentado urbes como Ámsterdam, Berlín y París. Los jueces consideran que Airbnb es un “servicio de la sociedad de la información” y no una empresa inmobiliaria.
Dicen los jueces que la actividad de Airbnb cae en el ámbito de la Directiva 2000/ 31 sobre comercio electrónico y que consiste en un servicio de intermediación, prestado a cambio de una remuneración, destinado a poner en contacto mediante una plataforma electrónica a potencias arrendatarios con arrendadores, profesionales o no profesionales”.
El caso llegó a los jueces europeos después de que la asociación de hoteleros franceses ‘Ahtop’ denunciara que Airbnb distorsiona el mercado inmobiliario, compite de forma injusta con los hoteles y contribuye a la masificación turística, el gran quebradero de cabeza de algunos ayuntamientos de las ciudades más turísticas de Europa. ‘Ahtop’ también denunció que Airbnb no se limitaba a poner en contacto a dos partes, sino que ejercía como agente inmobiliario sin tener la licencia que para ello requiere la normativa francesa.
En un caso similar de 2017, el TJUE se negó a aceptar que Uber fuera una plataforma tecnológica o similar y dictaminó que es una “empresa de transportes” que debe cumplir en cada país europeo con toda la normativa que se impone a su sector de actividad. Pero los jueces dictaminaron ayer que Airbnb tenía razón porque “Francia no puede exigir a Airbnb que se haga con una licencia de agente inmobiliario profesional porque (el Gobierno francés) no notificó ese requerimiento de acuerdo con la directiva de comercio electrónico”.
Diez ciudades europeas (Ámsterdam, Barcelona, Berlín, Bruselas, Burdeos, Cracovia, Múnich, París, Valencia y Viena) enviaron a finales de junio una carta a la Comisión Europea para que, si esta sentencia daba la razón a Airbnb, se modificara la legislación. Quieren evitar “que las casas que se necesitan para que los residentes vivan y trabajen se conviertan en un mercado de alquiler para turistas”.
La carta denuncia que muchos residentes no pueden pagar sus alquileres en el centro de las ciudades, que así se van despoblando para convertirse en meras residencias turísticas y recuerda que “las ciudades deben proteger el interés público y eliminar los efectos adversos del alquiler corto de vacaciones.
En 2017, el mismo tribunal se pronunció en contra de la plataforma Uber.
Por eso exigían a la Comisión Europea que permita que los ayuntamientos puedan “tener la posibilidad de introducir su propia regulación dependiendo de la situación local”. Airbnb contestó con otra carta a la Comisión Europea en la que aseguraba que está trabajando con gobiernos de todo el mundo para regular sus actividades de forma que se diversifique el turismo y se protejan las viviendas.
En Buenos Aires, para regular la actividad de Airbnb, la Legislatura votó una ley hace pocas semanas. Según la normativa, los “anfitriones” - quienes alquilan el alojamiento de manera temporaria- tendrán la obligación de informar al consorcio que la unidad va a ser ocupada por turistas; y también, la identidad del huésped y la cantidad días que se alojará. Además en el lugar destinado al alquiler se deberá exhibir un certificado de inscripción al nuevo “Registro de Propiedades de Alquileres Temporarios Turísticos”; y contratar un seguro de responsabilidad civil contra terceros. ■