Un “fujimorazo” en cámara lenta
Poder. El ex presidente peruano barrió de un plumazo el Congreso el 5 de abril de 1992. Maduro lo hizo en varios años.
Si uno pudiera comprimir en horas los sucesivos ataques del chavismo contra el Parlamento opositor de Venezuela, quedaría desnudo un claro “fujimorazo”, al mejor estilo impuesto desde Perú por Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992. Pero estos atentados contra la Asamblea Nacional (Congreso) se han perpetrado por entregas, a lo largo de cinco años. Así, este pilar de la democracia desde hace tiempo no tiene poder real, ni efectividad y es un ente de discusiones cuyas leyes y mandatos nadie acata. El actual parlamento venezolano nunca ha tenido fuerza física para hacer valer el poder conferido por unos 14 millones de electores en diciembre de 2015. Ese año la oposición obtuvo una mayoría absoluta que, según la Constitución, le hubiera permitido hasta iniciar un proceso para remover al presidente en ejercicio y cambiar el curso de la historia venezolana. Es verdad que hoy conserva un amplio respaldo de las democracias occidentales, y su presidente, Juan Guaidó , es reconocido como presidente interino de Venezuela por unos 60 estados. Los tenaces diputados opositores se mantienen en las calles enfrentando al chavismo y en el pasado lograron movilizar grandes manifestaciones callejeras. Pero hasta ahí.
Es por eso que ayer bastaron piquetes de guardias nacionales y policías, armados y con equipos y vehículos antimotines, para impedir por la fuerza el ingreso de los diputados opositores y de la prensa libre al palacio sede del Parlamento, en el centro de Caracas.
Ver a simples cabos y reclutas tirar por los faldones del traje al presidente del Parlamento, Guaidó, y ver a este joven diputado saltar la verja del palacio, es otra evidencia de cómo la majestad del poder público civil y democrático por naturaleza es pisoteado por los militares que sustentan en el poder a Maduro . Horas antes, tropas de élite ocuparon un hotel donde se alojaban diputados opositores y merodearan casas de algunos de ellos. Desde la madrugada se sabía que la instalación de un nuevo año de sesiones del Parlamento no sería un fiesta, como ocurre en la democracia.
Ayer se ha consumado la toma física total que faltaba de la sede del Parlamento. Se instaló de manera expedita una nueva junta directiva formada por supuestos opositores que han sido ya expulsados de sus partidos, justo por participar en una millonaria trama de corrupción movida por el gobierno para comprar votos contra Guaidó. Tres de los miembros de la nueva junta directiva además están vinculados al colombiano Alex Saab, señalado por trabajos de medios de investigación como el portal armando.info de ser el principal socio de Maduro en un esquema trasnacional de corrupción, en torno a la importación masiva de alimentos básicos, esos que son racionados por el gobierno bajo un sistema de control social y político llamado CLAP.
En estos años al menos 20 diputados opositores han marchado al exilio, media docena han sido prisioneros y torturados, al menos dos dirigentes medios han sido asesinados, los partidos políticos principales han sido inhabilitados, junto con sus principales líderes. Los sueldos de los diputados fueron suprimidos hace años y eliminado el presupuesto oficial. Sus funciones legislativas fueron asumidas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, dominado por militantes chavistas del Partido Socialista Unido.
Además, una Asamblea Nacional Constituyente, electa fuera de la Constitución, usurpa funciones legislativas del parlamento mediante “decretos ley”. Esa asamblea “soberana y originaria” confiere a Maduro poderes absolutos para gobernar por decreto. Si todo eso hubiera ocurrido en dos días, nadie en el mundo hubiera podido dudar de que se trataba de un golpe de Estado. Maduro, y la coalición con la que gobierna, basan su poder en una fuerza militar convertida en el principal poder económico del país. Así, el chavismo corre otra vez hacia adelante, y decide asumir el costo temporal de terminar de suprimir a la oposición verdadera en el Parlamento y se crea un Congreso paralelo a su medida.
“Creo que a Maduro le urge neutralizar a Guaidó y vio en esa instalación una oportunidad para intentarlo”, señala a Clarín Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica. La maniobra echa por tierra la estrategia que tendría más sentido para el régimen: una de intentar ganar legitimidad en las próximas elecciones parlamentarias, otorgando algunas condiciones electorales mientras apostaba a la abstención de la oposición, agrega Alarcón. Ahora Maduro desafía un recrudecimiento de las sanciones económicas y personales impuestas por Washington por sus atentados contra la democracia. Pero este también parece ser un daño colateral ante el objetivo de sacar de juego a Guaidó y acelerar los trámites para adelantar las elecciones legislativas previstas para finales de 2020. “No hay una nueva directiva de la Asamblea Nacional. Hay una apropiación de facto que materializa la ilegitimación hecha a través del Tribunal Supremo y la Constituyente. La Asamblea Nacional legítima se mantiene, solo que fuera del palacio y se agrega una nuevas institución ilegítima que no será reconocida internacionalmente”, señaló el analista Luis Vicente león.
Para la oposición sube el imperativo de rescatar la unidad y de mantener viva la fuerza de un Parlamento ahora divido en dos segmentos (uno opositor y otro chavista). Ahora, como consecuencia lógica de este nuevo avance chavista, se esperan más persecuciones contra diputados, incluso contra el propio Guaidó. ■