Bolsonaro impulsa la explotación minera en tierras indígenas
El presidente Jair Bolsonaro cumplió su promesa electoral y envió al Congreso un proyecto de ley que describió como “un sueño de 30 años”: abrir las reservas indígenas de Brasil a la explotación minera, gasífera y petrolera, actualmente prohibidas, y habilitar en esas tierras la construcción de hidroeléctricas y la actividad agropecuaria, una iniciativa que ambientalistas y asociaciones de indios prometieron resistir.
La iniciativa fue presentado por el gobierno como “la ley áurea” para los pueblos indígenas, en una referencia a la norma que en 1888 abolió la esclavitud en Brasil, último país de América en terminar con esa práctica. “Nunca es tarde para ser feliz, 30 años después. El indio es un ser humano exactamente igual a nosotros. Tiene corazón, tiene sentimiento, tiene alma, tiene deseo, tiene necesidad y es tan brasileño como nosotros”, aseguró Bolsonaro al presentar el proyecto de ley.
El presidente se refirió así a los argumentos que utiliza cotidianamente para defender lo que alega como un derecho de los cerca de un millón de indios que viven en Brasil: tener oportunidades de desarrollo, de trabajo y de progreso, y dejar de vivir “en zoológicos”, como suele calificar a las más de 430 áreas indígenas que existen en Brasil. Muchas de esas reservas se encuentran en la Amazonia, el mayor bosque tropical del mundo. Se trata en general de áreas preservadas, pero también en algunos casos degradas por la actividad de mafias dedicadas a la minería clandestina.
“¿Por qué en Brasil tenemos que mantener (a los indios) recluidos en reservas como si fuesen animales en zoológicos?”, preguntó Bolsonaro más de una vez. Las reservas, distribuidas por buena parte del territorio brasileño, fueron consagradas en la Constitución de 1988, que declaró los “derechos originarios” de los indios sobre las tierras que ocupaban.
Esa Carta Magna quebró la idea de que los pueblos originarios y su cultura estaban destinados a diluirse, reconociendo el valor de la tierra para su preservación. Con ese fin, estableció plazos para delimitarlas. Las áreas indígenas demarcadas en Brasil tienen en conjunto una superficie de 1,17 millones de km cuadrados, área equivalente a la de Colombia.
Bolsonaro anticipó una resistencia al proyecto por parte defensores del medio ambiente. “Vamos a sufrir presiones de los ambientalistas. Ah, esa gente del medio ambiente. Si un día yo pudiera, los confino en la Amazonia, ya que a ellos les gusta tanto el medio ambiente”, afirmó.
Las protestas llegaron rápido. La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) repudió el proyecto y aseguró que no busca desarrollar la Amazonia sino atender intereses de grandes empresarios y hacendados. “El sueño del gobierno de Bolsonaro es en verdad la voluntad de atender a los intereses económicos que impulsaron su candidatura y sustentan su gobierno”, declaró la APIB, organización de referencia del movimiento indígena brasileño.
El proyecto prevé el pago de royalties a los indígenas por la explotación de tierras, aunque les otorga una escasa autonomía para vetarla. Lo que busca es “la privatización de las tierras indígenas” y una explotación sin barreras”, dijo Roberto Antonio Liebgott, del Consejo Indigenista Misionero. ■