Ruta del dinero K: un abogado de la AFIP complicó a Lázaro Báez
La AFIP que dirige Mercedes Marcó del Pont acusó la semana pasada a Lázaro Báez en el juicio de la Ruta del dinero K. En los alegatos que el organismo recaudador concluirá este jueves, donde anticipó que pedirá la condena del empresario, los abogados sostuvieron que el dueño del Grupo Austral lavó dinero y que esos fondos “provienen de los contratos de obra pública que se le otorgaron durante el período 2003 - 2015”. Ese caso considerado por el organismo del Gobierno como el delito precedente, es la principal acusación contra la vicepresidenta en el juicio por corrupción que inició en mayo de 2019, donde justamente se la procesó por favorecer a Báez con obra pública vial.
Dos sucesos con pocos días nuclean a Cristina Kirchner y a la AFIP. El primero fue a comienzos de la semana pasada cuando la ex presidenta denunció una persecución de la anterior gestión en materia fiscal: el 17 de diciembre de 2019, cuando el Frente de Todos recién estaba aterrizando en la Casa Rosada, el organismo recaudador intimó a la vicepresidenta a pagar $ 8 millones vinculado al Impuesto a las Ganancias de los períodos 2011, 2012 y 2016.
La presentación negando la deuda devino en una denuncia judicial y en una presentación ante la AFIP de su propio gobierno, reclamando que no se aplique la multa millonaria. Días después, el organismo recaudador se sentó en el juicio contra Lázaro Báez -ex socio comercial de Cristina Kirchner- con la posibilidad de no formular su acusación en esta etapa de alegatos. Pero la AFIP avanzó bajo los mismo lineamientos que sostuvo durante la gestión anterior, ya que se mantuvieron los abogados que están desde el inicio de las audiencias.
El abogado Luis González Ávalos habló ante el Tribunal Oral Federal 4 que juzga desde octubre de 2018 a Báez por haber lavado US$ 60 millones con su firma insignia, Austral Construcciones. “Se ha corroborado que entre 2010 y 2013 se ha pergeñado un enorme derrotero criminal, un plan común tendiente a blanquear sumas millonarias de dinero que por supuesto, a estas alturas no hay dudas de que tienen origen delictivo”, sostuvo la querella.
La argumentación siguiente se centró en otro caso: el primer juicio por corrupción contra la vicepresidenta. “Ha quedado sobradamente probado que la fortuna de Lázaro Báez y su grupo tiene sus inicios en la matriz de corrupción institucional que ha ocurrido entre 2003 y 2015”, se indicó en el alegato contra Báez y otros 25 acusados.
Para la querella los US$ 60 millones que el empresario K aplicó a maniobras de blanqueo, provenía “de los contratos de obra pública que se le otorgaron durante el período 2003 - 2015”, en referencia al juicio contra Cristina Kirchner procesada como jefa de una asociación ilícita que defraudó en $ 26.000 millones al Estado, al beneficiar al Grupo Austral.
La AFIP fue más allá: “Báez fue beneficiado a través de procesos licitatorios espurios con más del 80% de la obra pública que se adjudicó por esos tiempos en la provincia de Santa Cruz: 51 contratos de obra pública que implicaron montos superiores a los $ 9 mil millones”. ■