El presidente de El Salvador irrumpió con soldados en el Congreso y desató una crisis
El domingo, presionó así a la oposición para que aprobaran un crédito. Ayer hubo una ola de repudios.
Una insólita disputa entre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y la oposición derivó en una de las mayores crisis políticas del país. El domingo, el mandatario de 38 años irrumpió en el Congreso custodiado por militares, se sentó en la silla de la presidencia del Legislativo unicameral con apenas 22 de sus 88 legisladores presentes y ordenó el inicio de la sesión. En la calles, ante miles de seguidores amenazó con llamar a la “insurrección” popular si la oposición no le aprueba un crédito de US$ 109 millones de dólares para financiar su estrategia de seguridad, en uno de los países más violentos del planeta. Ayer, la oposición exigió la intervención de la OEA para frenar lo que considerado un “autogolpe de Estado”.
Bukele critica al resto de los poderes del Estado en redes sociales casi desde que tomó posesión en junio de 2019 y se ampara en el hartazgo de la población ante la ineptitud y la corrupción de la clase política tradicional. El país amaneció ayer lunes sumido en una fuerte crisis tras el ultimátum a los legisladores rodeado por fuerzas militares. Con una historia reciente marcada por una guerra civil que duró 12 años (1979-1992) y el control ejercido por militares -muchos señalados por su responsabilidad en masacres- la situación desató las alarmas de diversas instancias dentro y fuera del país.
El conflicto se generó por la negativa de los legisladores a aprobar el préstamo para la compra de equipamiento del Ejército y la Policía y que es clave para mantener en marcha un plan en contra de las violentas pandillas. El centroizquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la conservadora Alianza Republicana Nacionalista (Arena) -que gobernaron entre 1989 y 2019 y cuentan con las dos mayores bancadas parlamentarias- se niegan a aprobarlo porque aducen que no tienen garantías sobre cómo se ejecutará y fiscalizará.
Ayer, en declaraciones al diario español El País, el presidente minimizó la gravedad del asunto, afirmando que “si fuera un dictador habría tomado el control de todo el gobierno anoche”.
“¿Qué es más grave?”, se preguntó Bukele, y continuó: “¿Una foto de unos militares donde no se agredió a nadie, no hubo heridos, ni disparos? ¿O saber que hubo diputados que negociaron con pandilleros? Lo de los militares solo fue un acto de presencia. Fijarse en eso es estar enfocándose en lo superficial”.
La sede de la ARENA amaneció ayer fuertemente custodiada por militares y policías luego de que Bukele le diera una semana de plazo para que apruebe el crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica y reiterara su amenaza de llamar a una virtual insurrección civil si ello no ocurre.
“Estamos ante una crisis política que requiere soluciones estructurales muy profundas, porque en medio de todo este entramado está la gente que está harta de la clase política”, advirtió el analista Dagoberto Gutiérrez. Según este experto, el hartazgo de la población con los legisladores proviene del hecho de que “no han hecho nada por ayudar a mejorar las condiciones de seguridad, salud, educación y empleo”. Y esta percepción, añadió, es utilizada por el Ejecutivo.
El diputado del Frente, Jorge Shafick Handal, calificó de “autoritario” al gobernante y recalcó que hay aspectos del préstamo “que todavía se deben revisar”. El politólogo Saúl Hernández coincide, a su vez, en que Bukele “ha sabido identificar” en el deterioro político de los partidos políticos representados en el Congreso la mejor arma para “presionar”. No obstante, criticó el “abuso de poder” al militarizar el Congreso.
“Hay una manipulación de la gente que está hastiada con su liderazgo político”, comentó.
Por su lado, Amnistía Internacional hizo énfasis en que el despliegue militar y policial en el Congreso no hace más que recordar “las épocas más sombrías” de la historia reciente de El Salvador. En tal sentido, señaló que el presidente Bukele debe “salvaguardar” el legado de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a una guerra civil de doce años el 16 de enero de 1992.
La Unión Europea también se expresó con “gran preocupación” por el enfrentamiento. ■
Bukele fue acusado de “abuso de poder” por opositores al militarizar el Parlamento.