Razones para cuestionar la penalización del “negacionismo”

Son muchas las razones que nos permiten reconocer por qué resulta completamente inaceptable la penalización del “negacionismo” (penalizar, por ejemplo, a aquellos que “banalizan el terrorismo de estado”), que se propone estudiar, y acaso impulsar, desde el gobierno.

Enumero, rápidamente, algunas de esas razones:

a) Es inútil: el que piensa distinto va a seguir pensando distinto, por más que le impongamos una pena.

b) Es peligroso: hay un enorme riesgo de que la “herramienta” de la sanción penal se use para empezar a “cazar” opositores, acusándolos de negar lo que -según “los que hoy mandan”- deberían afirmar.

c) Es contraproducente: si a alguien se le impide pensar o decir algo a través de la amenaza de la fuerza, esa persona va a tender a reafirmarse en lo que piensa, y otras personas (por ejemplo, opositores al gobierno), por ese mismo hecho (que el gobierno “cargue tanto las tintas” contra ciertas ideas) van a empezar a encontrar algún atractivo en las ideas que el gobierno persigue.

d) Es injusto: las personas tienen el derecho a pensar lo que quieran, y si no nos gusta lo que ellas piensan, tenemos que ayudarlas (y no obligarlos) a pensar lo contrario (tenemos que tratar de persuadirlas, de convencerlas: no de “amenazarlas” con la fuerza).

e) Es jurídicamente indebido: los problemas sociales y morales no se solucionan, no disminuyen, no se resuelven, y no merecen atacarse a través del uso de las (brutas) herramientas penales -el derecho penal debe ser utilizado sólo como recurso último ante casos extremos (ultima ratio).

f) Es instrumentalmente errado: si al Estado lo que le interesa es involucrarse en una “tarea docente” frente a la sociedad, para dejar en claro cuáles son los valores que sostiene, y cuáles los que repudia, tiene a mano medios mucho más interesantes, promisorios y menos “costosos” en términos de violencia (“políticas de la memoria”; declaraciones de los funcionarios de gobierno; actos públicos; homenajes etc.), a través de los cuales puede dejar en claro cuáles son sus compromisos en materia de derechos humanos.

Las razones enumeradas, contrarias a la iniciativa gubernamental, resultan -a mi parecerdemoledoras. Sin embargo, la línea argumental que más me interesa reivindicar en este tipo de casos, para mostrar la debilidad de posiciones como la que sostiene el gobierno, es la que, siglos atrás, sostuviera el filósofo John Stuart Mill, en su extraordinario ensayo Sobre la libertad.

En un párrafo central de su trabajo, Mill presentó una argumentación “escalonada” contra este tipo de iniciativas prohibicionistas.

Primero -sostuvo Mill- estaba mal obligar a alguien a guardar silencio sobre lo que pensaba, porque ello implicaba, de modo arrogante, “asumir nuestra propia infalibilidad.”

Segundo, la “imposición del silencio” era errada, porque la postura silenciada “podía contener, como habitualmente sucede”, una parte, más no sea, de la verdad, y era fundamental preservar esa “pequeña porción de la verdad” que podía residir en manos de quien piensa distinto de nosotros: finalmente, la opinión pública debía resultar de la colisión entre posiciones opuestas, y no de la uniformidad del silencio.

Tercero: aún si la posición que silenciamos se encuentra “completamente errada” (nuestros adversarios no tienen “ni una porción” de la razón), y somos nosotros los que poseemos “toda la verdad”, hacemos mal en silenciar a quienes nos contradicen. Ello porque necesitamos, permanentemente, que los que no piensan como nosotros nos desafíen y obliguen a pensar mejor sobre las razones de lo que afirmamos, para no sostener nunca nuestras ideas por acostumbramiento, inercia o como un mero dogma que repetimos sin pensar demasiado.

En mi opinión, los argumentos de Mill resultan, todavía, contundentes y emocionantes. Hoy -ciento cincuenta años después de publicados- siguen siendo iluminadores para desbaratar todo lo que en estos días se ha dicho en defensa de la “imposición del silencio”.

Y es que, esa imposición del “pensamiento unánime por la fuerza” no “fortalece a la democracia” (como dijera el Secretario de Derechos Humanos) sino que la debilita, porque asume, absurdamente, que no podemos ni tenemos la capacidad para pensar por nuestra cuenta (por lo que habría que impedir que algunas personas -menos inteligentes que nosotros!- se “contamine” con pensamientos “errados”); asume que carecemos de argumentos frente a quienes afirman ideas horrendas (y por eso debemos impedir que esas ideas sean siquiera mencionadas en público); y asume que la democracia se construye con el “consenso” impuesto, y no a través de la permanente “colisión” entre ideas opuestas.

No tenemos que tenerle miedo al conflicto -no tenemos que temer al que nos dice aquello que no hubiéramos querido escuchar. Muchísimo menos, cuando estamos convencidos de que la razón está de nuestro lado. ■

La imposición del pensamiento unánime por la fuerza no fortalece a la democracia sino que la debilita.

No tenemos que temer al que nos dice aquello que no hubiéramos querido escuchar.