Al final, el Gobierno financiará el soterramiento del Sarmiento
En el marco de un programa económico de emergencia y como señal de austeridad, desde el 10 de diciembre el Gobierno nacional decidió dar de baja distintos proyectos. Uno de los que más impacto había generado, por su magnitud y por los casos de corrupción que investiga la Justicia, había sido el del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, una obra clave para la Ciudad y la Provincia. Aunque la medida tenía varios condimentos, el alto costo que demanda finalizar la obra que fue trazada hace 15 años era el principal argumento que se esgrimió en Casa Rosada. Sin embargo, a casi dos meses de aquella decisión, ahora la administración de Alberto Fernández advirtió que se expone a una "demanda millonaria" por dar de baja el contrato y analiza alternativas para reformular su ejecución y acotar el gasto.
Desde el Ministerio de Transporte que conduce Mario Meoni apuntan que a partir de la última modificación al proyecto que hizo en julio de 2019 el por entonces titular del área Guillermo Dietrich, la rescisión del contrato ocasionaría “un impacto judicial muy grande” ya que propiciaría una demanda “por un número muy importante”. Según pudo saber Clarín, a esa conclusión preliminar llegaron en el área jurídica de Transporte, luego de analizar la última reformulación del contrato aprobada por una resolución (394/2019) de Dietrich el 5 de julio, a poco más de un mes de las elecciones primarias que cambiaron el escenario político.
En esa resolución se convalidaron modificaciones técnicas a la obra, con un presupuesto que orillaba los US$ 1.200 millones, por cuenta del Estado nacional. Fue el último intento que se hizo en la pasada gestión para reactivar un proyecto que producto de la crisis económica quedó virtualmente paralizado.
En el Gobierno estiman, según el informe preliminar de legales, que romper el contrato desencadenará una batalla judicial, en la que Ghella y SACDE, las compañías que conforman la unión transitoria de empresas (UTE) que está a cargo de la obra; cuentan con argumentos para lograr un resarcimiento importante. “Y aunque sea el 30 por ciento (del contrato) ya es mucho”, expusieron fuentes oficiales.
Algún reparo había deslizado el propio Meoni el mes pasado, cuando confirmó la intención oficial de no financiar la obra. “Tenemos tres etapas de discusión: una de carácter técnico sobre cómo se resuelve y se continúa la obra; y una segunda de carácter jurídico, acerca de si es posible esa rescisión sin impacto negativo para el Estado”, aclaró.
El asesoramiento del área jurídica fue determinante para que ahora el Gobierno replantee aquella medida. En la Rosada cuestionan a Dietrich por los términos de ese nuevo acuerdo. “Paralizó la obra en 2018 por falta de financiamiento y después consolida un nuevo contrato en julio por más presupuesto y con financiamiento total del Estado, indican. ■