Los argentinos acusados de vender pizzas sin permiso en España se defienden
Claudia y Gonzalo. Viven en un pueblo de mil habitantes con sus 3 hijos. Los investigan por un delito contra la salud pública.
Todo parece indicar que, hasta el allanamiento y la acusación de atentar contra la salud pública española, los argentinos Gonzalo Scattini y Claudia Caballe eran capaces de darles el gusto hasta a los más románticos: si hubiera llegado algún pedido, como seguramente habría ocurrido en los días previos a San Valentín, no les hubiera dado pereza amasar en Zaragoza y mandar al resto de España pizzas con forma de corazón, tal como promocionaban online.
El matrimonio argentino que está acusado de elaborar y comercializar clandestinamente pizzas artesanales en 22 provincias españolas vive en Azuara, un antiguo asentamiento romano hoy habitado por menos de mil vecinos aún conmocionados por la denuncia en contra de la pareja argentina. La Guardia Civil de Zaragoza los investiga como presuntos autores de un delito contra la salud pública y por evasión fiscal.
“Somos una empresa familiar joven, que desde nuestras primeras andaduras en el año 2004 no hemos dejado de pensar en nuevos formatos, presentaciones y servicios en el mundo gastronómico y tan particular como es el mundo de la pizza”, señalaba el matrimonio argentino en la web de Pizzaragon, el emprendimiento que el 10 de junio de 2010 Scattini subió a su cuenta de Facebook y del cual figura como director desde 2002.
Clarín encontró a Gonzalo Scattini en Zaragoza. No quiso hacer declaraciones. “Puede consultar a mi abogado”, señaló. Jorge Enciso Gómez, defensor de los pizzeros argentinos, habló con este medio: “Estamos sorprendidos por la repercusión que está teniendo el tema. Hay una instrucción abierta sobre una serie de hechos que se les imputa a mis clientes que hay que probar”, dijo.
Según la investigación, entre enero de 2019 y febrero de este año, las pizzas habrían sido vendidas a 50 establecimientos de 22 provincias españolas, cantidad que las autoridades estimaron en 12.000 kilos de mercadería que habría sido distribuida en vehículos de mensajería que no contaban con las condiciones de profilaxis y refrigeración adecuadas.
“No están detenidos porque estamos todavía estudiando cuál fue el verdadero alcance en la distribución de las pizzas elaboradas clandestinamente”, confirmaron a Clarín fuentes de la Guardia Civil de Zaragoza.
Hubo un allanamiento y los argentinos fueron citados a declarar ante la Guardia Civil. “Para esa declaración, formalmente se les detiene pero no declararon -aclaró el abogado de la pareja-. Llegamos a las 12 del pasado lunes y a las 12.30 salimos por la puerta. No hubo prisión ni calabozo. Simplemente estuvieron a disposición de las fuerzas del Estado. En el allanamiento varios de los alimentos que han sido precintados por la Policía eran de propio consumo”.
Según el abogado, los argentinos tienen tres hijos y no cuentan con doble ciudadanía, pero residen legalmente en España desde hace años. ■