La soledad y el abandono de los niños wichis
Así describen las comunidades del norte de Salta a la situación de abandono que viven. Desnutrición, falta de agua potable y escasa atención médica, los problemas más graves.
Desde que comenzó el año ya murieron ocho chicos de la comunidad wichi en el norte de Salta. Denuncian desnutrición, falta de agua potable y escasa atención médica. Clarín recorrió lo que en la provincia llaman “la ruta del hambre”.
Aislados, marginados, discriminados, sin agua y sin atención médica, los aborígenes asentados en Salta, en los departamentos de San Martín y Rivadavia, pelean por sobrevivir, en medio de la pobreza extrema y el abandono. Ya son ocho los niños fallecidos por desnutrición en dos meses y la situación tiende a agravarse: la falta de agua y las inundaciones por venir son más que una amenaza. “En 15 días va a empezar el dengue”, vaticina el médico del hospital.
Corridos por la frontera agropecuaria, acosados por los desmontes, sin trabajo, sin médicos y sin remedios, los aborígenes agrupados en 7 etnias (wichis -en mayor medidaguaraníes, chorotes, chulupíes, tobas, tapiete y lantawos) intentan resistir al “exterminio lento”, como ellos mismos denominan a la situación.
Un equipo de Clarín recorrió la zona que ya llaman “la ruta del hambre” en donde murieron ocho niños por desnutrición en 2 meses. La situación es crítica y la muerte acecha a muchos más niños, jóvenes y hasta adultos, que no reciben atención médica, comida y les falta el agua potable.
Diabetes, chagas, niños que nacen con discapacidades, retraso madurativo y malformaciones, son el denominador común en esta zona. Aún así, no bajan los brazos. En el departamento de San Martín, las comunidades aborígenes se extienden a lo largo de unos 100 kilómetros entre Mosconi y Salvador Mazza, por la ruta nacional 34. Mientras que en el departamento de Rivadavia, uno de los más extensos de la provincia, están asentados en 423.000 hectáreas, mayormente al norte de Salta capital, en la zona de triple frontera entre Bolivia y Paraguay, unos 15.000 aborígenes.
La ruta que une Tartagal con Santa Victoria Este, unos 163 kilómetros, está asfaltada y casi en todo su trayecto aparecen enormes extensiones de campos con soja. Sin embargo, al llegar a Santa Victoria, el panorama es exactamente opuesto: pobreza, marginación, hambre y muerte.
Por primera vez en su historia, Santa Victoria Este tiene un intendente wichi. Rogelio Nerón, que ahora ha empezado a ocuparse de sus hermanos aborígenes. Aún así “no conse
guimos respuestas rápidas del gobierno. Ha venido la ministra de Salud, ha prometido cosas y que íbamos a trabajar juntos; nos habló bonito, que se iban a ocupar, pero no nos atien
de el teléfono”, le dice a Clarín Pablo Solís, cacique de la comunidad La Puntana, a 65 kilómetros de Santa Victoria, en el límite con Bolivia.
Allí viven unas 2.000 personas, entre ellos 600 niños de entre 5 y 15 años, todos malnutridos, algunos con riesgo de desnutrición, cuenta el cacique. “No hay ambulancia, los caminos son intransitables, Gendarmería no colabora, estamos aislados porque no hay señal de celular. No hay vacunas, médicos ni medicamentos y nos es más fácil ir a Yacuiba (Bolivia) a hacer atender a nuestra gente”, dice. Las misiones o comunidades están asentadas fuera de los municipios, en parajes rurales, en pleno monte. Viven en la miseria: las “casas” son palos que sostienen plásticos negros
para “atajarse” del sol, del frío, con piso de tierra, techo de paja o algunos “privilegiados” con techo de chapas. La mayoría de las familias duermen hacinadas, hasta 12 personas bajo un plástico, en el piso, sin protección.
Tito Constantino es el referente de la Misión Arenales, a 6 kilómetros de Santa Victoria. Es un dirigente que trabaja al lado de Pedro Lozano (secretario de Obras Públicas de Santa Victoria Este). Han comenzado a reunir a los caciques para reclamar con más energía a los gobiernos nacional y provincial. “El Estado tiene que ocuparse si o sí”, le dice a este diario. De mediana estatura y rasgos bien marcados, apunta a “la mala atención médica por la que se mueren los chicos. Los derivan a Salta y de allá vuelven en un cajón”, dice con bronca”.
El principal problema para los aborígenes, además de la falta de agua, es la atención médica. Los agentes sanitarios que deberían recorrer la zona una o dos veces a la semana “pasan una vez al mes, con suerte”.
En la mayoría de estos parajes hay que entrar en vehículos 4x4 y si llueve, como ocurrió hace unos días, es casi imposible. Las comunicaciones son malas (“necesitamos radios”) y los camiones con agua, pasan cada mes en algunos lugares.
“Necesitamos que nos escuchen y nos ayuden. En agosto del año pasado el gobierno repartía leche con fecha vencida”, cuenta y reclama más leche y arroz para “hacer el arroz con leche” para los chicos. “Ni siquiera queremos carne”, ruega Tito.
Pedro Lozano es el cacique de la comunidad Cruce Buena Fe, establecida a 2 kilómetros de Santa Victoria. Es también el secretario de Obras Públicas del municipio y uno de los líderes de la resistencia aborigen en la zona. “Estamos defendiendo que no se talen más árboles, que son para consumo de frutas”, reclama. Especies como el algarrobo, algarrobo negro, chañar, mistol, mora, molle y otras especies chicas son volteadas por “los criollos que están en la zona”.
A pesar de que el Gobierno ha declarado la emergencia sanitaria, las ayudas extras, ni médicos ni enfermeras han llegado a la zona, según los caciques. “No mandaron mercaderías, medicamentos, médicos, chapas, leche, ambulancias, vacunas, antifebriles. Ahora que se vienen las inundaciones, la situación se va a agravar”, agrega Lozano.
Para llegar a Vertiente Chica, a 30 kilómetros de Santa Victoria, a orillas del Pilcomayo, hay que transitar un camino destrozado, con barro. Sólo un vehículo 4x4 llega. Esta comunidad es en la que más muertos hubo. Hay 38 familias y no tienen agua potable. Hay algunas casas de material y una escuela que tiene 5 años.
Hay 12 tanques de agua en la escuela y una perforación de agua a 100 metros. No es potable, pero igual la toman. Y no tienen energía; el gobierno les puso un grupo electrógeno y les reparte 250 litros de gas oil por mes. “Pero no alcanza para nada. Imagínese: el generador consume 10 litros por hora. Lo hacemos andar de noche para sacar agua y de paso tener luz, aunque sea un rato”, cuentan.
En Misión Anglicana, una comunidad ubicada en Santa María, a sólo 18 kilómetros al oeste de Santa Victoria viven 300 familias. Están a 500 metros del Pilcomayo y en dos meses fallecieron dos niños por desnu
trición. “Hace 4 años que no pasa el agente sanitario”, cuenta Laquín Sánchez, el cacique de 50 años. “Dicen que no tienen vehículo, por eso no vienen”. La paradoja es que la comunidad está sobre la ruta provincial 54.
“Hay muchas necesidades; hay inequidad e iniquidad y el problema de la inaccesibilidad a muchos lugares, no permite que llegue la salud”. El que habla es el doctor Enrique Heredia, a cargo interinamente del hospital de Santa Victoria Este. Se tiene que nombrar un gerente, que todavía no llega.
El hospital es de baja complejidad, con internación; tiene 4 camas para partos (no hay ginecólogo, “así que la semana pasada tuve que asistir un parto”, cuenta); 4 camas comunes y 4 más para pediatría y 4 camas para mujeres. Hay 5 médicos fijos y casi 100 personas integran el plantel completo, cuenta el médico.
A los 63 años, Heredia sigue yendo desde Salta capital a Santa Victoria Este a atender los pacientes. Son más de 500 kilómetros. “El principal problema es la movilidad; a la mayoría de los lugares hay que llegar en vehículos 4 x 4 que no tenemos. Y en épocas de lluvia (como ahora), ni así se puede entrar en muchas zonas”.