Sobre deuda, déficits y otras yerbas
Economista
Todas las crisis económicas argentinas son idénticas: se desatan cuando los acreedores se asustan, y no sólo dejan de financiarnos sino que además exigen el cobro de sus acreencias. La política siempre termina arrastrada en el proceso, ya que los gobiernos que se enfrentan a estas restricciones deben tomar medidas impopulares, y terminan siendo derrotados en las elecciones.
Cortos de opciones, muchas veces los gobiernos prefieren dejar de pagar sus obligaciones para evitar mayores ajustes de gastos, trasladando así problemas que son propios a los acreedores (default – cesación de pagos – o quitas de capital). El problema de estas “soluciones” es que el alivio en las arcas públicas es temporal y que el daño al país en su conjunto es de largo plazo, porque restringe el acceso al mercado incluso del sector privado y eleva las tasas de interés que deben pagarse por el endeudamiento, generando un daño irreparable en los incentivos a invertir y, por lo tanto, en la tasa de crecimiento.
Formalmente nuestro país entró en cesación de pagos cuatro veces (informalmente fueron varias más). El primer default formal fue en 1827, el siguiente fue en 1890 (nunca olvidaré cuando en 1991 en ocasión de una visita a Baring Brothers acompañando a un Fondo de Inversión, me recibieron diciendo “ayer se cumplieron 100 años de cuando casi quebramos por culpa de Argentina”), la tercera crisis fue en 1982, y la última en 2002 (la peor de todas). En el medio, hubo muchos incumplimientos parciales.
Es notable cómo, sin ser “principiantes” en el arte de los descalabros fiscales, cometemos reiteradamente el error de tratar los problemas de endeudamiento público como si fueran exclusivos de ese sector, sin ver las implicancias globales que tienen las soluciones planteadas.
Nuestro país, en conjunto, no es un deudor neto del mundo; el sector público lo es, pero el sector privado es un acreedor neto. En la mayoría de los países, el sector privado financia directamente al sector público con sus excedentes, pero eso en Argentina no ocurre por la desconfianza ya instalada entre la gente a raíz de las sucesivas “estafas” (inflación, devaluación, etc). La gente canaliza sus ahorros al exterior, y el sector público termina compitiendo en ese mundo para conseguir financiamiento. Conceptualmente son nuestros propios ahorros los que están financiando al sector público.
El monto actual de la deuda pública tampoco es excesivo si se lo compara con el de otros países. Ocupamos en puesto 24 en el mundo en la relación deuda/PBI, pero estas estadísticas están totalmente distorsionadas por al menos dos factores: las tenencias de títulos públicos en manos de organismos públicos y las distorsiones que genera la inflación sobre las medidas de ingreso.
El segundo factor es el más importante y el más ignorado; la mayoría de las mediciones comparan el monto del endeudamiento a fin de año con el PBI promedio del año (en lugar del PBI de fin año), lo que en un país sin inflación no genera distorsiones, pero en países con alta inflación, sí. A modo de ejemplo basta con comparar la cifra del PBI argentino nominal promedio del cuarto trimestre de 2018 (que fue equivalente a 456 mil millones de dólares) y compararlo con el promedio del año (382 mil millones). Solo este factor reduciría la relación deuda/ PBI del 86,8% al 72,9%, lo que lo llevaría en el ranking al puesto 40. Pero las distorsiones no terminan allí.
Cualquier persona que debe lidiar con la administración de un hogar sabe que para gastar por encima de sus ingresos es necesario endeudarse o reducir sus ahorros financieros; no hay tanto secreto en la dinámica de la deuda.
En países transparentes y sin inflación la relación entre variaciones del endeudamiento y desequilibrios fiscales es casi perfecta; en nuestro país no. Una de las principales distorsiones surge de la falta de credibilidad de las cifras fiscales: muchas administraciones dejan de anotar gastos, pero luego los reconocen en la deuda sin pasar por las cuentas fiscales. El reconocimiento de deuda con los jubilados durante el gobierno de Alfonsín es un claro ejemplo de esto. Los resultados fiscales terminan siendo mejor medidos por las variaciones de los patrimonios financieros que por las cuentas fiscales. La segunda distorsión surge del uso del BCRA para esconder resultados fiscales (déficit cuasi fiscales) y del hecho de que el BCRA contabiliza sus cuentas en base devengada mientras que el Tesoro lo hace en base caja (más aún, es usual que el Tesoro incluya como ingresos corrientes ganancias del BCRA que son derivadas del crecimiento del valor de sus tenencias de títulos públicos, mientras el Tesoro no incluye esa suba entre sus gastos). Un tercer factor distorsivo es el relacionado con la falta de ajuste por inflación de los balances del sector público, y podríamos agregar varios más. Dejando de lado los aspectos técnicos, hay muchas lecciones que se pueden sacar de esta nueva edición de otra crisis argentina que podrían ayudarnos a construir una solución: 1) Argentina no es un país deudor neto del mundo, su sector público si lo es; 2) los argentinos que se animaron a financiar al sector público fueron casi siempre “estafados”; 3) las cifras de endeudamiento reflejan mejor los resultados del sector público que las cuentas fiscales; 4) La relación Deuda Neta /PBI, bien medida, no es alta en comparación con la de otras países; 5) Esta medición está distorsionada por la inflación; 5) Existe una alta concentración de vencimientos, pero no es más elevada que la de muchos países; 6) el verdadero problema argentino es la imposibilidad de renovar vencimientos (problemas de confianza); 7) es imprescindible renegociar la deuda para asegurar la capacidad de pago hasta que se restaure la confianza; 8) esta renegociación debe tomar en consideración no sólo los intereses del sector público, sino también lo del país en su conjunto; 9) una renegociación amigable es siempre más productiva que una conflictiva. ■