La venta de tierras públicas, una política clave para la gestión del PRO en la Ciudad
Con esos recursos financiaron grandes proyectos, como el Paseo del Bajo o los viaductos de los trenes.
La venta de inmuebles públicos transferidos por la Nación fue una de las políticas centrales de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en su primer mandato, y también debía serlo en este segundo turno, por una razón muy concreta: su destino era ser subastados para financiar los grandes proyectos de infraestructura en la Ciudad, como el Paseo del Bajo y los viaductos de los trenes San Martín y Mitre-Tigre. De no poder venderlos, el Gobierno porteño deberá ver cómo terminar de pagar esas obras, en un contexto económico complicado.
Los predios en disputa son, esencialmente, terrenos ferroviarios: parte de los playones de Caballito, Palermo y Colegiales, más una franja del terreno de Retiro detrás del paredón que da a Avenida del Libertador. También, inmuebles que el Gobierno nacional definió como inútiles para el funcionamiento administrativo, como un local junto a la estación de Villa Urquiza, un predio en Palermo donde funcionaban canchas de fútbol 5 y otros. También, el predio donde funciona el Mercado de Hacienda, en Mataderos; y sectores de la Villa 31 en los que se lleva adelante el plan de urbanización.
La cuestión con los terrenos cedidos comenzó en 2016. Por un acuerdo entre el Gobierno nacional y el porteño, la Nación se comprometía a subastar predios en desuso para financiar obras públicas en la Ciudad. A su vez, la Legislatura autorizaba que en esos terrenos se pudiera edificar, para que los remates se volvieran tentadores. Siempre, con un mismo esquema: el 35% de la superficie se podía destinar a inversiones inmobiliarias; pero el 65% tenía que dejarse para apertura de calles y espacios públicos. Esto, pensado sobre todo para el desarrollo de los playones.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado, presidida entonces por Ramón Lanús (un dirigente cercano a Rodríguez Larreta) aseguraba entonces que esta política no sólo favorecía la obra pública sino que además creaba empleo, por las inversiones privadas, y también reactivaba tierras sin aprovechar en pleno tejido urbano. De hecho, a los ganadores de las subastas se les establecía un plazo máximo en el que debían sí o sí empezar a construir.
En tanto, a la Ciudad le permitía dar soluciones de transporte, tránsito y seguridad vial, como el Paseo del Bajo o la elevación de las vías de los trenes y la eliminación de las barreras.
Con este esquema se subastó todo el playón detrás de Catalinas Norte, donde se permitió la construcción de torres. Fue dividido en siete parcelas, que compraron Consultatio (tres), Fideicomiso BAP (dos), el grupo TGLT y Techint. En total recaudaron 269.375.000 dólares.
En general, con el mecanismo de venta de tierras, y de acuerdo a información de la propia AABE, se obtuvieron 446,7 millones de dólares en 2017 y 134,7 millones en 2018. Además de los terrenos ferroviarios, se vendieron desde garajes hasta baldíos y galpones militares. Y también se clausuró (aunque no se llegó a subastar aún) la conocida estación de servicio que quedaba en Juan B. Justo y Honduras, que fue clausurada en marzo y que se iba a incorporar al proyecto “Palermo Green”, por el cual se iba a urbanizar el predio del ferrocarril San Martín.
Pero la crisis y la burocracia metieron la cola. Entre las dificultades para encontrar compradores (varios remates debieron ser postergados) y las demoras administrativas para concretar escrituraciones y otros trámites, hacia el año pasado varios de los inmuebles comprometidos por la Nación para la Ciudad quedaban todavía sin vender. Como muchas de las obras estaban o siguen en marcha, la AABE le cedió los terrenos a la Ciudad para cancelar su deuda.
El ejemplo más claro es lo que pasó con el Paseo del Bajo: la Nación tomó un crédito de 400 millones de dólares con la Corporación Andina de Fomento para financiar la obra, de cuya ejecución se ocupó la Ciudad. Pero al llegar la crisis, y con la exigencia del FMI de ajustar las cuentas públicas, se acordó con la gestión porteña que se hiciera cargo de 175 millones de dólares de ese préstamo, y en contraprestación la Nación le cedía terrenos. Esos mismos que ahora están en disputa y que le suman tensión a las arcas del Estado porteño. ■