No más ciclos de endeudamiento
Argentina enfrenta una nueva crisis de deuda. Es resultado de un modelo económico inviable, apoyado en la distribución regresiva del ingreso, la especulación financiera, el endeudamiento externo y la fuga de divisas, que exigió sustraer al Estado de sus funciones de regulación y control de las relaciones económicas, dejando conducir al mercado la dinámica de precios, tarifas, salarios, tasa de interés, desregulando la entrada y salida de capitales, el mercado cambiario, el comercio exterior.
El modelo, que ya había fracasado en experiencias anteriores, terminó con 3 de 4 años en recesión, una caída de 34% del PBI per cápita, más de 20.000 empresas (netas) extintas, dos dígitos de desocupación, la inflación más alta en 28 años -el doble en 2019 que la recibida en 2015-, 40% de pobres (60% entre los niños, niñas y jóvenes) y un doloroso avance de la desigualdad.
La histórica fuga de divisas, que superó los US$ 88.000 millones, en un contexto de apertura importadora unilateral, con persistente déficit comercial y exportaciones estancadas, tuvo como combustible indispensable la toma de deuda externa: era preciso que el Estado Nacional, varios estados provinciales y también algunas empresas, contrajeran deuda en dólares, para que las divisas estuvieran disponibles para la fuga.
La deuda externa pública, que había caído del 91,5% del PBI a fines 2002 al 10% en diciembre de 2015, creció vertiginosamente, hasta el 45% del PBI en 2019. Mientras tanto, la inversión pública retrocedió más del 50%, hasta representar apenas el 5% del presupuesto en 2019. Ese mismo año, el gobierno destinó el 20% de los recursos presupuestarios a intereses de la deuda.
El frenético endeudamiento con privados, favorecido por la holgura de un “endeudamiento bajísimo”, en palabras del ex ministro Dujovne, fruto del desendeudamiento del periodo previo, duró dos años.
En 2018 los mercados voluntarios le cerraron el grifo a la Argentina, que avanzaba hacia la insustentabilidad. Lejos de buscar una solución al problema que había generado, Macri cubrió irresponsablemente el default latente con un préstamo histórico del FMI.
Se desembolsaron US$ 44.500 millones, de los US$ 57.000 millones acordados. Un número impactante, no sólo para la Argentina sino para el organismo, que tiene un patrimonio de US$ 30.000 millones. Es decir, un único deudor, la Argentina, podría llevarlo a la quiebra.
Entre junio de 2018, cuando ingresó el primer desembolso, y noviembre de 2019, se fugaron de la economía argentina US$ 40.650 millones en Formación de Activos Externos y US$ 10.150 millones por salida de capitales especulativos, de acuerdo con el Banco Central. Esa “salida considerable y continua de capital” consumió la totalidad del préstamo del FMI y US$ 6.000 millones más. Es, precisamente, lo que prohíbe el convenio constitutivo del organismo en su artículo VI.
Hoy la Argentina avanza en una negociación que deberá restaurar la sostenibilidad de la deuda, desarmando la impresionante condensación de vencimientos entre 2020 y 2023, y mejorando las condiciones no sólo de plazos sino de montos y/o tasas. El gobierno acude a la negociación con una premisa fundamental. En palabras del Papa Francisco, rememorando a San Juan Pablo II, “No se puede pretender que las deudas contraídas sean pagadas con sacrificios insoportables. En estos casos es necesario encontrar modalidades de reducción, dilación o extinción de la deuda”.
Los números hablan por sí solos de la pertinencia de una reestructuración compatible con la recuperación económica, condición necesaria para regenerar la capacidad de pago del país.
Igualmente necesario, resulta revisar el proceso de endeudamiento, determinando sus características, el destino de los dólares prestados y las responsabilidades políticas que colocaron al país, una vez más, al borde del abismo. Esta tarea, que encararemos desde el Congreso Nacional, es fundamental para sustanciar un nunca más a estos ciclos de endeudamiento y poner a la Argentina, definitivamente, en el sendero del desarrollo. ■
El país necesita una reestructuración de deuda compatible con la recuperación económica.