Pese a los desacuerdos, la UE sigue rompiendo límites para la asistencia
Los dirigentes europeos se dieronestas horas dos semanas más para decidir si usan el fondo de rescates (MEDE) para financiar a los países más golpeados por el impacto económico de la pandemia. A pesar del fracaso de su reunión, las instituciones europeas, actuando de forma independiente a los gobiernos, han dado en 20 días un giro de 180 grados a la política económica europea.
A falta de un difícil acuerdo para la emisión de deuda conjunta, la Europa económica que cerrará marzo no se parece en nada a la que empezó el mes. Tabúes económicos de una década murieron en días. Los primeros movimientos llegaron del Banco Central Europeo. Su presidenta Christine Lagarde anunció un paquete de 120.000 millones de euros, que pocos días después aumentó en otros 750.000 millones y que sumados a los ya previstos para 2020 llevan la factura a 1,1 billones. Todo eso es para comprar deuda pública y mantener controlado el riesgo país.
Lagarde dio otro paso que era impensable hace unas semanas. El BCE emitió un texto jurídico en el que cambia sus propias normas para abolir la regla que decía que sólo puede comprar un 33% de cada emisión de deuda. A partir de ahora, si lo considera necesario, podrá comprar emisiones de deuda de países de la Eurozona sin límite alguno. El control de la inflación, su primera prioridad según sus normas, pasa definitivamente a un segundo plano. El bloque lleva más de cinco años sin alcanzar el 2% de inflación anual.
A los planes del BCE siguieron días después los gobiernos nacionales. Los países más grandes (Alemania, Italia, Francia, España…) lanzaron con días de diferencia masivos planes de gasto, equivalentes a entre el 15% y el 20% de su PBI. Incluyen de todo: desde préstamos directos a empresas hasta el pago de parte de los salarios de los trabajadores que van al desempleo temporal pasando por aumentos de gasto sanitario no vistos en décadas. Sin temor alguno a que se dispare el déficit público.
El caso alemán es el mejor ejemplo. En pocos días Berlín presentó el mayor plan de relanzamiento económico de su historia y rompió su sacrosanta norma constitucional que le exige el equilibrio presupuestario. Ante una crisis de esta envergadura, el Bundestag votó de urgencia eliminar esa exigencia constitucional. Como decía su ministro de Finanzas Olaf Scholz: “decisiones excepcionales para tiempos excepcionales”.
La Comisión Europea hizo la semana pasada su parte. Empezó por eliminar temporalmente parte de sus normas de ayudas de Estado y de defensa de la libre competencia. Eso permitirá a los gobiernos inyectar dinero por el montante que quieran en las empresas que quieran. Nacionalizarlas si quieren. Pocos días después Bruselas soltaba la bomba: el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, es decir, el control centralizado de las cuentas públicas para que nadie sobrepase el 3% de déficit público y el 60% de deuda pública, quedaba suspendido. ■