Para evitar a los buitres, el Gobierno debe convencer a 2 de cada 3 bonistas
Los bonos incluyen claúsulas que permiten imponer la decisión mayoritaria a los que rechacen la propuesta.
¿Alcanzará a seducir a los bonistas la oferta que este viernes les hizo el Gobierno argentino a los bonistas que tienen en su poder títulos de la deuda emitidos bajo ley extranjera? A priori, los analistas del mercado financiero coincide en calificar a la propuesta como agresiva y hasta hostil.
Pero ahora que están todas las cartas sobre la mesa, es hora de prender la calculadora. Y en esta partida de poker -así la definió el presidente Alberto Fernández- los bonistas esperan ver si la Argentina se dejó margen para negociar algo, o mantendrá la oferta tal como se la conoció ayer.
Los inversores que quieren creer que el gobierno argentinoa tiene la intención de evitar el default consideran que con una leve mejora en los cupones de intereses, una quita menor y un poco de maquillaje en el ritmo de crecimiento de los cupones puede atraer al mercado como para alcanzar el acuerdo.
Lo de la seducción es importante. El Gobierno tiene que obtener la conformidad de un porcentaje determinado de bonistas para dar por aceptado el canje. Cada bono a canjear fue emitido con una Clausula de Acción Colectiva (CAC). Esto quiere decir que para poder avanzar con el canje de cada emisión, se debe alcanzar un determinado porcentaje de aceptación de los bonistas.
Los dos bonos que vienen del canje de 2005 (Discount y Par) tienen una CAC de 75%, es decir que si no se alcanza ese porcentaje, no se puede avanzar en el canje. El problema es que entre ambos papeles suman casi una tercio de los 69.000 millones a reestructurar. Los bonos emitidos a partir de 2016, tienen una CAC que puede bajar al 66% bajo determinadas combinaciones de bonos. En cualquier caso, se necesita al menos dos tercios del capital emitido para avanzar con el canje.
En 2005, con una oferta también muy agresiva, el canje ideado por Roberto Lavagna y Guillermo Nielsen alcanzó, en el primer intento, algo más del 76% de aceptación. Pero como entonces no había CAC, los fondos buitre mantuvieron su rechazo a la oferta y eligieron el camino del litigio en la justicia de Nueva York. Terminaron ganando, y cobraron en abril de 2016.
Ahora, si el Gobierno alcanza esas mayorías, les cierra el camino a los fondos buitre, porque la minoría se ve obligada a aceptar lo que decidió la mayoría. Pero la oferta, como se dijo, suena tan hostil que buena parte de los analistas consideran que el Gobierno la tiene difícil.
A diferencia del canje 2005, esta vez el Gobierno no tiene que lidiar con jubilados italianos, alemanes o japoneses. Ahora tiene enfrente verdaderos peso pesado del mercado internacional, que tranquilamente podrían conjugar esfuerzos para negarle los porcentajes necesarios al gobierno. Una prueba cercana: en enero de este año la Provincia de Buenos Aires no pudo avanzar en una reestructuración del bono BP 2021 porque el fondo Fidelity se le plantó en la negativa a aceptar la oferta del gobierno de Axel Kicillof.
En cualquier caso, el Gobierno se aferra al informe del Fondo Monetario Internacional que calificó de “insostenible” la deuda argentina. Y a la crisis que se desató por la pandemia del Covid-19. La lectura del gobierno es que con esos dos elementos sobre la mesa, y con la mitad del mundo emitiendo bonos a tasas cercanas a cero, los inversores deberían darse por satisfechos con lo que les ofrece pagar la Argentina.
Se vienen días de tensión. ■