En medio del coronavirus, el Gobierno favoreció a Cristina

En medio del coronavirus, el Gobierno tomó una serie de decisiones a través de organismos públicos que beneficiaron judicialmente a la vicepresidenta Cristina Kirchner. La última medida, y que fue ampliamente cuestionada por la oposición, la tomó la Oficina Anticorrupción (OA) que dirige Félix Crous. Informó que se retira como querellante -es decir como acusador- del juicio por lavado de dinero contra Cristina, Máximo y Florencia Kirchner. Se trata de los casos Hotesur y Los Sauces, las empresas familiares dedicadas a la locación de inmuebles. El titular de la OA anticipó que no será del único caso del que desistirán de intervenir.

Hubo otras políticas del Gobierno que se analizaron como una jugada a favor de la vicepresidenta. La primera de ellas fue la presentación realizada por Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos, solicitando el arresto domiciliaria a favor de Luis D'Elía, Ricardo Jaime y la excarcelación de Martín Báez (el mayor de los hijos varones de Lázaro). Con dichos escritos volvió a instalar la idea de que existen “presos políticos”, el “lawfare” y la “persecución judicial” hacia algunos dirigentes. Todos argumentos ya formulados por la vicepresidenta.

El presidente Alberto Fernández, y la ministra de Justicia Marcela Losardo buscaron remarcar que no estuvieron al tanto de esa iniciativa, para desligarse de ella. Sólo hubo una visita a la Quinta de Olivos donde el Jefe de Estado preguntó por qué el secretario de Derechos Humanos tomó la decisión sin avisar.

Previo a esto, otra decisión se materializó en la cartera que dirige Losardo. Juan Martín Mena, subsecretario del Ministerio y hombre de extrema confianza de Cristina quedó a cargo del programa de Testigos e imputados protegidos. El mismo está integrado por personas que declararon en sus confesiones contra la ex presidenta, como José López y Oscar Centeno. ■