Los dueños de Vicentin resistirán en la Justicia para no ser expropiados
El conflicto entre el Gobierno y el grupo agroexportador de Santa Fe
Así se lo dijo el CEO de la compañía, Sergio Nardelli, al propio Presidente en la reunión que tuvieron el jueves en la Quinta de Olivos. Quieren evitar la instancia de la expropiación con un rescate financiero y una negociación con las empresas que se interesaron para adquirirla. Alberto Fernández le dejó saber que podía haber reacciones desde el Gobierno. Un día después, se conocieron la ofensiva en el Congreso y las denuncias en la Justicia.
El caso Vicentin, la primera posible expropiación de una compañía totalmente privada de gran envergadura que impulsaría la gestión de Alberto Fernández, acaba de empezar. El Presidente repite en declaraciones a los medios que esa agroexportadora será confiscada por el Estado. "Es el único camino", insiste. Los accionistas de Vicentin piensan lo contrario.
La Casa Rosada encontró en ese directorio, y en sus accionistas, a un grupo unido que está dispuesto a defenderse. Al menos es lo que hicieron hasta ahora. Y lo que le dijeron al propio Presidente durante una reunión que el jueves pasado que los reunió en la Quinta de Olivos, con funcionarios y abogados de un lado y del otro.
Según pudo reconstruir Clarín en base a testigos de ese encuentro, tanto del ámbito privado como del oficialismo, la charla fue en tono cordial pero con réplicas firmes. Palabras duras en tono blando. "Nosotros queremos rescatar a Vicentin, es estratégica para la Argentina. No es que me guste la expropiación, pero por ahora creemos que la única manera de salvarla porque está en quiebra", dijo Fernández palabras más, palabras menos, después de escuchar una cronología que le describieron los directos sobre los avatares de sus finanzas.
En ese momento, uno de los abogados de Vicentin, que conoce al Presidente del mundo del Derecho, y que tal vez por eso se le animó al tuteo, frenó el diálogo con lo que pareció ser una frase amistosa: "Alberto, Vicentin no está quebrada, está en concurso de acreedores, vos sabés que es algo muy distinto".
Fernández escuchó a los directivos de la agroexportadora contarles la enumeración de ofertas de compra que aseguraron tener de parte de varios grupos privados. Pero el Presidente se mantuvo en su postura: "Estudiemos todo lo que nos proponen, pero entiendo que vamos hacia hacia una expropiación".
Los hombres de Vicentin replicaron entonces su decisión de pelear en la Justicia si es que ése sería el plan final del Estado: "Presidente, hay otras posibilidades antes de una estatización. Si se decide expropiar la compañía, tenemos el derecho de defendernos en la Justicia". Este domingo, publican una solicitada en el que explican su posición
Fernández, como buen abogado, admitió que efectivamente podrán acudir a herramientas legales para reclamar lo que crean injusto. Pero también dio a entender que el Gobierno podría explorar también otros métodos para persuadirlos de aceptar la confiscación de la polémica.
El concurso de acreedores está radicado en el juzgado civil y comercial 2 de Reconquista (Santa Fe), a cargo del juez Fabián Lorenzini. El juez le allanó el camino al Gobierno, al aceptar como interventores a los hombres designados por Fernández. Gabriel Delgado y Luciano Zarich.
La negociación empezó mal, sigue en cauces de confrontación, pero al mismo tiempo se encarriló en diálogos no terminados, y que antes no existían. El martes pasado, de modo sorpresivo, Fernández convocó a una conferencia de prensa. No hablaría ni de la pandemia ni de la deuda: el tema era Vicentin.
"Queremos rescatar a esta empresa que pasa por una crisis financiera donde el Estado Nacional es su principal acreedor a través del Banco de la Nación", dijo, y profundizó: "Les estoy anunciando que estamos mandando al Congreso un ley de expropiación para que el Estado Nacional se haga cargo de los los activos del Grupo Vicentin, que pasarán a formar parte de un fondo fiduciario del que se hará cargo de YPF Agro".
Fernández se molestó cuando le preguntaron si la medida era un idea de la vicepresidenta Cristina Fernández. Aseguró que no. Dijo que el tema lo estaba trabajando junto a su ministro de Producción, Matías Kulfas, con asesoría de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti.
Clarín supo, sin embargo, en base a fuentes tanto del Gabinete como del "cristinismo", que el primero que planteó la posibilidad de expropiar Vicentin fue el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, en conjunto con Cristina Fernández.
El plan analizado en el "Instituto Patria" busca que el Gobierno estatice Vicentin porque exporta productos por 4 mil millones de dólares al año de su producción, una cifra vital para un Estado que afrontará una crisis tras el fin de la pandemia. A eso se suma que, si finalmente la empresa se expropia y queda bajo control de YPF, entonces el Gobierno K podría intentar tener un control sobre el precio del mercados de los granos.
Hoy, pasado el anunció presidencia y la intervención por Decreto de la empresa, desde el "cristinismo" son críticos de Fernández. Comparan la situación con una expropiación muy polémica de la era K. La de ex imprenta Ciccone Calcográfica: "En 42 días habíamos votado la ley de expropiación en el Congreso y teníamos a los interventores adentro", cuenta, pragmáticos. La agrupación del diputado Máximo Kirchner, La Cámpora, emitió un comunicado en su web con este titulo: "Hacia una soberanía alimentaria".
El anunció presidencial causó sorpresa dentro del propio Gabinete. Algunos ministros consultados por este diario aseguran que, más allá de la coyuntura, Fernández finalmente no expropiará Vicentin. El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, se sorprendió por el anunció de Fernández. E hizo de nexo entre el Presidente y el CEO de Vicentin, Sergio Nardelli.
El Gobierno se había encontrado con una compañía que no aceptaría sus imposiciones. El miércoles pasado, se presentó en la planta principal de la agroexportadora el subinterventor designado por el Estado, Luciano Zurich. Los directivos le cerraron los accesos al lugar y tuvo que intervenir el propio Fernández, vía Perotti, para que lo dejaran pasar.
Antes de eso, el Escribano General de la Nación, Carlos Gaitán, intentó que los referentes de la agroexportadora firmasen un acta en la que dejaban constancia de que no ponían objeciones a la intervención de Zarich. En Vicentin se negaron. Se llegó entonces a una situación intermedia: se firmó un acta donde se describió que Zarich sería aceptado como interventor en la firma, pero también se firmó otra acta más donde Vicentin dejó aclaradas cuáles eran sus objeciones al respecto.
En la charla con el Presidente en Olivos, los directivos de Vicentin rechazaron las denuncias del oficialismo respecto a que la empresa tomó cientos de millones de dólares de créditos del Nación de modo irregular durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri.
Le pidieron a Fernández que el interventor analizara todos los papeles, y aseguraron que no tenían problemas con defenderse de esas acusaciones ante la Justicia. Perotti se esperanzó: "El Presidente está dispuesto a escuchar alternativas superadoras a la de la expropiación".
En la reunión en Olivos, los directivos de la empresa le aseguraron a Fernández que tenían al menos tres ofertas de compra avanzadas. Una de su socio Glencor. La segunda de un ex CEO de Cargill. Y la tercera oferta de compra llegó a través del grupo Carval, otro fondo de inversión del agro asociado a José Luis Manzano. Cristina Fernández no lo tiene entre sus amistades. Obstáculo.
Al día siguiente de la reunión entre Vicentin y el Presidente, la Unidad de Información Financiera (UIF), denunció a la empresa por lavado de dinero. Notable coincidencia cronológica y política. ■
Un abogado le marcó al Presidente la diferencia: no es lo mismo una firma quebrada o concursada.