El comienzo de otro Gobierno
Alberto administra la pandemia con exito. Se ocupa de la deuda. Pero la primera decisión estructural (intervención y expropiación de Vicentin) fue un impulso de Cristina.
Ya pueden arriesgarse, a esta altura, dos visiones temporales distintas sobre el Gobierno. Alberto Fernández asumió el 10 de diciembre del 2019. Sus primeros siete meses han estado signados por la negociación de la deuda, aún inconclusa, y la irrupción de la pandemia que va capeando con éxito. También podría asegurarse, bajo otro cristal, que su administración arrancó la semana pasada. La intervención y expropiación de la empresa Vicentin significa la primera decisión estratégica y disruptiva del mandato.
Sus efectos, en términos políticos, serían incontables. Se puede reparar en tres de ellos. Se manifiesta por primera vez, más allá de las palabras, una fuerte tensión objetiva entre el Presidente y Cristina Fernández. Esa misma tensión perforó el Frente de Todos, la coalición oficial, donde no es igual la ideología de La Cámpora, instrumento de la vicepresidenta, que la del Frente Renovador de Sergio Massa. Tampoco la de gobernadores peronistas sumidos en el mutismo. La medida radicalizada podría atrapar a Cristina en una contradicción: viene trabajando sin cesar para quebrar a Cambiemos; el espanto por la intempestiva acción del Gobierno induciría su abroquelamiento.
Dejando de lado por un momento el fondo de la cuestión –la apropiación estatal de una empresa—llamó la atención la desprolijidad del procedimiento inicial. Incomprensible en un experto en Derecho como Alberto. Una intervención mediante un DNU que invocó un artículo de la dictadura de Jorge Rafael Videla. La llamada “ocupación temporánea anormal”.
El Presidente enmendó el error e hizo dos cosas. Dialogó con el CEO de la empresa – Sergio Nardelli—como señal para aplacar las protestas desatadas en Santa Fe y los cacerolazos en Buenos Aires. Convino con él la designación del interventor bajo el paraguas judicial del concurso preventivo que instruye el juez Fabián Lorenzini. De un saque anuló aquel DNU. Quedará al final como interventor Gabriel Delgado, el hombre inicialmente anunciado para hacerse cargo, ex secretario de Agricultura entre 2011-15. Debió ser presionado, porque se resistía a asumir la tarea.
El gesto ablandador de Alberto, sin embargo, tuvo enseguida el desafío de la vicepresidenta. Ordenó al senador Oscar Parrilli a presentar un proyecto para crear una bicameral que estudie un posible fraude con el endeudamiento de Vicentín. Pretende demostrar una estafa con la complicidad del gobierno de Mauricio Macri. Exigió a la UIF que denuncie al ex presidente por lavado de dinero. Como si se reflejara en su propio espejo.
La decisión surgió en una coyuntura extremadamente compleja. La Argentina está asomándose, quizás, al peor momento de la pandemia. Transita el tramo final de la negociación con los bonistas para evitar caer en default. La tierra arrasada en la economía, muy superior a la herencia macrista, demandará de un homérico esfuerzo donde la actividad privada y la chance de algunas inversiones resultarán piezas clave. No parece que la decisión por Vicentin estimule algo de eso.
¿Cristina, acaso, puede no haber considerado esa realidad?. Tiene su sensibilidad política. Pero la matriz de su pensamiento rige siempre cada uno de sus objetivos. Por esa razón, en el pasado, se estrelló varias veces contra la pared. Posee como sus discípulos de La Cámpora, un esquema en su cabeza de fuerte contenido estatista para incentivar la economía. Las normas legales y el respeto a las libertades son para ella virtudes secundarias.
Dos legisladores del Frente de Todos, de ala moderada, tuvieron a propósito un diálogo revelador. Uno de ellos, a quien la decisión le hizo demasiado ruido, hizo hincapié en la imprudencia y el apuro de la decisión que podrían perjudicar al Presidente. También repitió varias veces que el caso Vicentin podría reavivar fantasmas del pasado conflicto con el campo y condicionar, como le ocurrió a Cristina en el 2008, el curso de la actual presidencia. Su interlocutor escuchó con paciencia. Se limitó a intercalar bocados. Hasta que en tono risueño le disparó a su colega: “Es Cristina, estúpido”. Una adaptación de aquella frase que hizo célebre el ex presidente de EE.UU. Bill Clinton (“es la economía, estúpido), para marcar la esencia del debate de campaña que concluyó con su victoria electoral sobre George Bush (padre).
Sucede que, al margen de lo que Alberto supo pregonar en la campaña, ni Cristina ni La Cámpora modificaron su esencia. Sólo comprendieron que había que modificar estilos que, según ellos, habían conspirado para la permanencia en el poder. Por esa razón Máximo Kirchner aparece dialoguista. O Eduardo De Pedro ejerce como un ministro de Interior más cercano a los modos del Presidente.
El kirchnerismo no varió su modo de auscultar al campo. Ni siquiera existe arrepentimiento sobre aquel conflicto que terminó traumando al país y abrió una grieta aún insanable. La autocrítica ha quedado reducida a la táctica utilizada en aquel momento. No hubo distinción entre grandes y pequeños productores. Allí habría radicado el único error.
Por esa razón, entre un montón de desatinos, la ofensiva contra Vicentin se apoya en el discurso público engañoso de rescatar la empresa para beneficiar solo a los pequeños productores perjudicados por la crisis. El Presidente, sobre todo, se encargó de subrayar ese aspecto.
El proceso de la decisión, que empezó a gestarse en enero, deja huellas de identidad inconfundible. El origen arrancó con un informe reservado que elaboró uno de los directores del Banco Nación, Claudio Lozano. La entidad es la mayor acreedora de la empresa agro-industrial. El trabajo explica que las razones del agravamiento de la situación de Vicentín ocurrieron a partir del 2019 por: a) aumento del riesgo país, que encarece y dificulta el crédito externo; b) la fuerte devaluación verificada luego de la dura derrota de Macri en las PASO; c) el temor a las mayores retenciones que incita a los productores que tenían granos en Vicentín a solicitar el pago de los mismos; d) la corrida financiera pos PASO de los depósitos en dólares.
Esa constituyó la base de la operación que comenzó en el Instituto Patria con algunos actores estelares. Cristina, por supuesto, Máximo, el diputado, y la senadora Anabel Fernández Sagasti, la mendocina autora del proyecto de expropiación. Aunque, en el siguiente orden, tallaron dos cerebros: Ricardo Echegaray, ex jefe de la AFIP y Carlos Zannini, procurador del Tesoro.
Es cierto que el Presidente se interesó también desde hace tiempo por el problema Vicentín. Nadie sabe cuántos de sus hombres cercanos participaron en la trama del Instituto Patria. Santiago Cafiero, el jefe de Gabinete, repitió lo mismo que Alberto. “El caso Vicentin es una excepción”, dijo. No es lo que se desprende del bando con pretensión revolucionaria que difundió La Cámpora para celebrar el anuncio. El ministro de Producción, Matías Kulfas, no pareció estar al tanto de demasiados detalles cuando debió dar explicaciones públicas. Por caso, si los US$ 1.300 millones de deuda que exhibe Vicentín, en caso de expropiación, pasarán a ser parte de los pasivos del Estado. Hasta el ministro de Economía, Martín Guzman, absorbido por la deuda, se habría visto sorprendido.
Dentro de la coalición oficialista ocurrió algo similar. Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, se enteró el domingo por la noche y pidió alternativas urgentes. Sigue trabajando sobre ellas. Su postura coincide con la advertencia que hizo Roberto Lavagna. El ex presidente Eduardo Duhalde, que sintoniza con el ex ministro y habló con el Presidente, pasó de una mirada cauta a una opinión severa sobre la expropiación cuando advirtió que la ofensiva no era chiste. El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti quedó en una encrucijada. Había solicitado ayuda por Vicentin. No imaginó una salida tan drástica. Tiene a su gabinete provincial hirviendo, con renuncias en el umbral.
El Presidente intentó salir lo más pronto del conflicto con la nueva instalación en la agenda pública de la pandemia. Insinuó la posibilidad de regresar a un encierro total. Es cierto que la enfermedad escala. Pero la novedad es otra: también Alberto comenzó a establecer ciertas distancias con Horacio Rodríguez Larreta. Marcó presuntos errores en la política sanitaria del jefe porteño. En simultáneo, con los desafíos de Axel Kicillof y su ministro de Seguridad, Sergio Berni. Soldados inconfundibles de la vicepresidenta.
El curso de acción no suena a casualidad. Cristina viene embistiendo hace rato contra Rodríguez Larreta. También contra Macri y los medios de comunicación por la red de espionaje que habría descubierto en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) su interventora, Cristina Caamaño. En el medio, Cafiero se acordó del ingeniero. Quiso ponerse a tono. Pontificó que la pandemia hubiera sido “una catástrofe” bajo su mandato. Incomprobable. El jefe de Gabinete no agrada nada al paladar cristinista.
El cascoteo contra Larreta apunta a perturbar al territorio político más trascendente que posee la oposición. Al enarbolar la figura de Macri, se intenta clavar una cuña en Cambiemos. Donde la figura del ex presidente genera divisiones.
La estrategia política, más allá de las circunstancias nada propicias, se entiende. El problema son algunos de sus recursos escandalosamente amorales. Investigar la presunta red de espionaje del macrismo es necesario e inobjetable. El reparo refiere a que la fogonera sea Cristina. La mujer que lideró en su tiempo la mayor campaña de inteligencia ilegal y escraches públicos que haya conocido esta democracia.