Lanús: tensión con piqueteros por el reparto de la comida

La pelea entre los intendentes y los movimientos sociales por el manejo de la comida en el Conurbano volvió a tener un rebrote el último miércoles en Lanús, cuando integrantes de los movimientos sociales cortaron calles y avisaron con carteles: "Grindetti, el hambre no espera". Hubo respuesta política de parte del jefe comunal de Juntos por el Cambio. A los dos días, recibió en la municipalidad a Hilda "Chiche" Duhalde, que venía de cuestionar duramente a los piqueteros y le pidió "huevos" al ministro Daniel

Arroyo para echarlos de su cartera.

Como contó Clarín la semana pasada, el contexto de la pelea se concentra en los distritos más postergados GBA pero tiene impacto nacional. Mientras el país se encamina a una pobreza récord desde la crisis de 2001, el volumen de la ayuda social convirtieron a estos programas en un botín político. Como siempre. Y como nunca.

Un par de datos. Cuando el kirchnerismo dejó el poder en 2015, decenas de organizaciones sociales recibían a razón de un millón de kilos de comida por mes para repartir en todo el país. Para diciembre de 2019, cuando el Frente de Todos retomó las riendas luego de los cuatro años macristas, la ayuda se había multiplicado por 9 y las organizaciones que lo recibían superaban el millar.

Con un detalle esencial: como había ocurrido en los tres gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, los referentes de los movimientos piqueteros aliados (Movimiento Evita, un sector de Barrios de Pie, CTEP) volvieron a ocupar cargos clave en Desarrollo Social. Así, están de los dos lados del mostrador. Es lo que cuestionan en privado algunos intendentes -que perdieron poder dentro del ministerio con la purga por el escándalo de las compras con sobreprecios- y lo que la mujer del ex presidente Eduardo Duhalde hizo público.

El rebrote de la pelea es por una carga extra de ayuda, en medio de la pandemia. Para paliar la demanda, la cartera que conduce Arroyo empezó a girarles plata directamente a los municipios del Conurbano (30 en total), para que ellos se encarguen de comprar y hacer llegar más comida a sus vecinos. Ya van por el segundo desembolso: el primero fue de 10 millones para cada intendencia (con mínimas excepciones, como La Matanza, que recibe más por su tamaño) y se definió otro por 20 millones.

"Quieren manejar el reparto de esa comida también. Y no entienden que ellos no son el Estado", se queja un funcionario de Lanús. "Chiche" Duhalde, que aún tienen 50 manzaneras colaborando en Lanús, coincide con ese diagnóstico y se queja del control que los piqueteros tienen en los barrios. "Nos piden permanentemente aumentar los módulos para repartir. Y se mueven autónomos, aun de los propios funcionarios que tienen en Desarrollo Social. El otro tema es que las protestas son más fuertes en los distritos que manejamos nosotros", agrega otro dirigente del municipio. El "nosotros" se refiere a Juntos por el Cambio.

El argumento de los piqueteros, además de denunciar carencias, es un tema logístico. Aseguran que nadie conoce mejor que ellos las zonas más carenciadas. A su favor, funcionarios de todos los niveles (nacional, provincia y municipal) reconocen que las organizaciones sociales (junto con la Iglesia) son fundamentales para que la situación no se desborde como en 2001. El drama en el GBA es profundo: en algunos distritos, un 40% de la población vive en villas.

Y el virus ya entró fuerte allí: Lanús, por ejemplo, tiene el 100% de las camas de terapia de sus dos hospitales públicos ocupadas. Por la profundidad de la crisis, con un pico sanitario y un pozo social aún de final incierto, se descuenta que la tensión seguirá en aumento. ■