Un intento presidencial para desactivar las protestas por la cerealera
Reunión. Ahora, el Gobierno busca “alternativas que unan, no que dividan”. Alberto Fernández recibió a Gabriel Delgado.
"No voy a fogonear ninguna medida que pueda llegar a dividir a los argentinos", le aseguró el presidente Alberto Fernández a Gabriel Delgado, designado interventor de Vicentin. Fue en una reunión que ambos mantuvieron ayer durante dos horas en Olivos y en la que estuvieron acompañados por el Secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz.
Si la aseveración del mandatario es una decisión tomada, significa una corrección respecto de un anuncio cuyo costo político para Alberto Fernández crece con el correr de los días y cuya iniciativa, la de expropiar a como dé lugar, se le atribuye a Cristina Kirchner.
La definición ocurre apenas un día después de que distintos puntos del país, en particular Santa Fe, Córdoba y el Obelisco porteño, fueran epicentros de protestas por la expropiación de Vicentin. El propio Presidente, el sábado de las manifestaciones, había advertido que "no queda otro camino que expropiar" si la Justicia rechazaba la intervención. Pero ya no sería el plan B.
El motivo de la reunión tripartita en la oficina que Alberto Fernández tiene en el chalet de la residencia de Olivos, era analizar la situación de Vicentin y "buscar alternativas superadoras". La base de la conversación fue respetar la decisión del juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, a quien el mandatario había cuestionado días atrás, al punto de asegurar que su fallo que restituyó la empresa a sus directivos y relegó a los interventores a la figura de veedores, era “un bochorno para el Poder Judicial” y “un escándalo en términos jurídicos”.
El gobierno apuesta a que esta semana el magistrado acepte el proyecto del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, que propuso intervenir la agroexportadora Vicentin sin expropiarla, pero desplazando a los actuales directivos. Perotti planteó la creación de un Órgano Interventor integrado por Gabriel Delgado y Luciano Zarich, que habían sido designado oportunamente por el Poder Ejecutivo central mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 522/20, y por Alejandro Alberto Bento, en representación de Santa Fe.
- Entonces, si el juez rechaza la intervención, ¿ya no se pasará a la fase de la expropiación?, preguntó Clarín a una fuente del encuentro.
- Se había elegido la expropiación, pero como no hay unidad, entonces si eso ocurre, vamos a seguir gestionando, buscando alternativas. Tenemos que buscar alternativas que unan, no que dividan, respondió.
En la reunión en Olivos, con varios café de por medio, Delgado le manifestó a Fernández que "los que estamos por la unidad, estamos haciendo scrum para esto".
En caso de una decisión judicial afirmativa, la idea de la Casa Rosada es continuar "con el rescate" de la cerealera, pero con una conducción de la cual no participen los actuales directivos que el magistrado había repuesto. "Hay una dimensión ética del gobierno, en el sentido que para meterse en Vicentin con la ayuda que implicará para el erario, que con el directorio repuesto es difícil un proyecto de gestión conjunto", evaluaron en el encuentro en Olivos.
Sí aceptaría el Ejecutivo que los dueños de la empresa exportadora designen otros nombres, distintos a los actuales, para integrar el directorio. Pero eso está en manos del juez.
Lo que sí está claro en el Gobierno es que "de Vicentin no nos vamos, vamos a estar porque el Estado es el principal acreedor". El interrogante que se plantean es en carácter de qué, porque no está en sus planes cumplir con el rol de veedores, como resolvió la última vez el juez Lorenzini.
En el Ejecutivo aseguran que, legalmente, aceptar ser veedores generaría una "tensión" con el texto del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del gobierno.
"Es un default muy grande el de Vicentin", señalan en el oficialismo, y reiteran que el mandato de Alberto Fernández a los designados interventores, Delgado y Zarich es "exportación y empleo". ■