Un anónimo destapó un escándalo que salpica al jefe de la Policía Federal
Corrupción. Dos comisarios son investigados por robo y extorsión. El caso podría escalar en la jerarquía de la Fuerza.
Acoso, extorsión, robo de plata y mercadería de contrabando, lavado de dinero. Estos son los ingredientes de un caso que estalló ayer con el allanamiento a la sede del Departamento de Delitos Federales de la Policía Federal , ubicado sobre la calle Moreno al 1400, y los domicilios de los dos comisarios que, hasta el lunes, eran responsables de ese área.
El expediente, a cargo del juzgado en lo Penal Económico N° 2, promete escándalo no sólo por la prueba que se fue reuniendo a lo largo de los meses de investigación. Según consta en el acta labrada por Gendarmería Nacional -fuerza a cargo de los operativos-, al allanamiento al domicilio de uno de los policías investigados, en Ituzaingó, llegó de imprevisto el comisario inspector Luis Humberto Hernández (54), a cargo del Area IX Morón de la PFA y hermano del jefe de la Federal, el comisario general Juan Carlos Hernández.
El comisario inspector no hizo nada en particular ni intentó obstruir el procedimiento, pero tampoco terminó de explicar muy bien qué estaba haciendo allí.
Su nombre quedó anotado en las actuaciones y le llamó la atención al Juzgado, ya que un anónimo incorporado a la causa ya involucraba al jefe de la Fuerza con los supuestos negocios sucios atribuidos a los comisarios Lionel Carlos Selva (49) y Diego Fabián De La Fuente (48).
Ambos comisarios manejaban Delitos Federales hasta el lunes, cuando fueron transferidos en el medio de una serie de cambios más amplios dentro de los distintos escalafones. Selva pasó a la Superintendencia de Investigaciones Federales y, De La Fuente, al Área IX de Morón.
Un detalle en este contexto de pandemia: De La Fuente está de licencia por enfermedad, internado, por posible positivo de Covid 19.
Según pudo saber Clarín por fuentes policiales, los gendarmes allanaron Delitos Federales (a metros del Departamento Central de Policía) y los domicilios de Selva y De La Fuente, en Ituzaingó y Castelar. En este último domicilio se secuestró mucho dinero en efectivo, gran cantidad de pares zapatillas y unas 50 cajas llenas de cartones de cigarrillos.
La sospecha es que los cigarrillos pertenecen a una causa que también tramita en el fuero penal Económico de Capital y habrían sido robados por los policías para su comercialización. Una pista indica que Selva tendría un negocio en la provincia de Entre Ríos para poder lavar el dinero.
Segun pudo reconstruir Clarín, la bomba que estalló estas horas en la Federal comenzó a tomar forma a principios de 2020 en una causa por contrabando: la empresa Samsung descubrió que se estaban activando en el país más celulares de alta gama de los que había comercializado. Entonces hizo la denuncia.
El caso quedó en manos de Delitos Federales, que allanó un local de venta de celulares. Poco después en el juzgado en lo Penal Económico N°2 recibieron un anónimo de alguien que se identificaba como policía.
Ese escrito contaba que en el allanamiento de la causa Samsung los policías se habían robado US$ 10.000 y extorsionado al comerciante. Ese mismo anónimo sostenía que todo el negocio iba para arriba en la jerarquía policial hasta llegar al comisario general Juan Carlos Hernández.
Durante la cuarentena, la Justicia sumó testimonios y pruebas. Por el momento no hay detenidos, pero el caso promete salpicar a más de uno y reavivar internas en de la Fuerza. ■