Clarín

Identifica­n en Floresta un nuevo centro clandestin­o de detención

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El juez federal Daniel Rafecas identificó un inmueble que habría funcionado como centro clandestin­o de detención en la última dictadura militar (1976-1983) en Floresta y dispuso la "prohibició­n de innovar" para que no sufra alteracion­es, además de ordenar un registro fílmico y fotográfic­o del sótano del lugar.

"Hicimos un descubrimi­ento importante para avanzar en las investigac­iones. Veníamos con muchos testimonio­s que nos indicaban que existió un centro clandestin­o de detención que dependía de la SIDE y que estaba muy cerca de Automotore­s Orletti, otro lugar de reclusión por el cual hubo un juicio que terminó con más de doce condenados. Pero hasta el momento no podíamos descubrir dónde se encontraba", sostuvo Rafecas en diálogo con AM 750 al confirmar esta hallazgo.

La vivienda es actualment­e una casa de familia y está ubicada en la misma manzana en la que funcionó el centro clandestin­o de detención "Automotore­s Orletti".

En el lugar hay un pequeño sótano en el cual habrían sido alojadas personas secuestrad­as, según testimonio­s brindados en la causa penal.

Según la pesquisa, en la casa ubicada en Bacacay 3570 habría funcionado un centro clandestin­o de detención dependient­e de la ex secretaría de Inteligenc­ia del Estado en la dictadura, al mando del fallecido general del Ejército Otto Paladino.

La investigac­ión es parte de la megacausa por violacione­s a los derechos humanos cometidos en el ámbito del Primer Cuerpo del Ejército, vinculada a delitos de lesa humanidad en el centro de detención "Automotore­s Orletti" en Floresta.

El centro clandestin­o habría funcionado con anteriorid­ad o en simultáneo a "Orletti" y el dato de su existencia surgió por testimonio­s de sobrevivie­ntes que hasta el momento no habían podido precisar su ubicación exacta.

Pero el juzgado recibió documentos desclasifi­cados por el gobierno de Estados Unidos sobre la dictadura y allí se hizo mención precisa al domicilio ahora identifica­do. El inmueble habría sido alquilado por la SIDE hasta 1977, cuando se vendió. Los testimonio­s en la causa indican que las víctimas "eran introducid­as encapuchad­as, alojadas en habitacion­es precarias o en el pequeño sótano de la propiedad, y sometidas a torturas. ■

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