El propio Villena autorizó poner en el penal de Ezeiza cámaras ocultas
Documentos secretos. En 2017, el magistrado ordenó a la AFI controlar el pabellón donde estaba “El Rey de la Efedrina” porque había descubierto artefactos explosivos
El propio juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena autorizó en 2017 por escrito al Servicio Penitenciaria Federal (SPF) y a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) instalar cámaras ocultas e interferir los teléfonos públicos el pabellón de la cárcel de Ezeiza donde estaba detenido “El Rey de la Efedrina” Roberto Segovia, Lázaro Báez y ex funcionarios K.
Así surge de la causa 41475 abierta en octubre de 2016 por el descubrimiento de una encomienda con un libro bomba enviada a conocidos de Segovia y la sospecha de una eventual fuga o acto de terrorismo. Incluso, en una resolución del 13 de julio 2017, a la que accedió Clarín en exclusiva, el juez autorizó a poner una cámara oculta en la misma celda del “Rey de la Efedrina”, usar la técnica del robo de claves a través del “Phising”, revisar los celulares de sus visitas, y poner dispositivos de rastreo digital. Nada dicen las resoluciones sobre “alambrar” otros penales que se investiga como supuesto espionaje ilegal.
Precisamente, la Cámara Federal de La Plata apartó al juez Villena de la causa por el supuesto espionaje ilegal macrista por haber dado esas órdenes a la AFI macrista, al igual que haberla autorizado a hacer “tareas de vigilancia cercana” a Cristina Kirchner por las amenazas al G20, que Clarín adelantó el domingo pasado.
Sin embargo, los dirigentes y medios K denunciaron que ese pabellón de Ezeiza había sido “alambrado” ilegalmente con cámaras y micrófonos por la AFI y el SPF en la época del macrismo. La ofensiva K por el supuesto espionaje ilegal macrista comenzó el mes pasado con la jugada para impedir que el Emiliano Blanco fuera nombrado titular del SPF, como quería el ala moderada del Gobierno de Alberto Fernández y la designación de la ex jueza y fundadora de “Justicia Legítima” María Laura Garrigós de Rébori.
La jugada supone también tratar de invalidar las escuchas a ex funcionarios K presos –que usaban los mismos teléfonos públicos que Segovia- en la causa por el “Operativo Puf” que sirvió para abrir, en una maniobra de fórum shopping, la denuncia contra el falso abogado Marcelo D’Alessio en el juzgado de Alejo Ramos Padilla en Dolores (Ver aparte).
Luego de los anuncios de “alambrado” ilegal de C5N, Página 12 y El Destapeweb, el juez Villena allanó el 10 de junio la cárcel de Ezeiza y pidió a la Facultad de Ingeniería de la UBA que determine si en los pabellones A, B, C y D de la Unidad Residencial VI (donde funcionaba el pabellón llamado Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad, IRIC) “existen rastros y/o evidencias que permitan establecer que se hayan colocado micrófonos y/o cámaras”. Seguramente, el peritaje pedido a la UBA sea para saber si había equipos distintos a los que él autorizó. Antes, Villena había allanado las oficinas de la Dirección de Análisis de Información del Servicio Penitenciario Federal (SPF), el sector de inteligencia conocido por el nombre de "Área 50”. En ese penal estuvieron detenidos, entre otros, el ex vicepresidente Amado Boudou; el ex secretario de Legal y Técnica de la Presidencia y actual Procurador del Tesoro Carlos Zannini; el ex secretario de Coordinación de Planificación, Roberto Baratta y el ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi.
Pero los datos de la causa del Rey de la Efedrina (causa 41475) contradicen el relato K. Villena y el juez que lo subrogó antes abrieron primero esa causa en 2016.
La causa por el "Rey de la Efedrina" había comenzado en octubre de 2016 con una advertencia de la jueza paraguaya María Cecilia Ocampo sobre el envío a Argentina de una encomienda con dispositivos para armar un libro bomba y un sobre bomba, entre otros artefactos. La encomienda pasaba por supuestos funcionarios de Formosa con destino a conocidos de Segovia. Después, la AFI le entregó un informe secreto con fotos del libro bomba y de dos ciudadanas paraguayas buscaban que iban a entregar el paquete. Villena habló directamente de "una fábrica de explosivos".
Luego, un oficial de guardia descubrió que “El Rey de la Efedrina” (condenado a 14 años de prisión) tenía oculta una Tablet C5 Modelo 9008 en un paquete que decía “Ayudín toallitas desinfectantes”. Como primera medida, Villena ordenó al SPF y a su dirección de Inteligencia “un minucioso seguimiento y vigilancia”
sobre Segovia y las personas a las que estaban dirigida la encomienda. Seguidamente, el magistrado informó del caso en secreto a la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la dirección de Contrainteligencia de la AFI, Cibercrimen de la Policía de la Ciudad, Antiterrorismo de la Policía Federal y Contraterrorismo de la bonaerense. Y pidió la intervención de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) de la Corte para grabar a los teléfonos públicos del pabellón de Segovia –que también usaban los K- y dispuso que la AFI transcribiera sus conversaciones. En julio de 2017, el jefe del departamento de Inteligencia del SPF, prefecto Cristian Suriano, informó que “El Rey de la Efedrina” sospechosamente salía y entraba de su celda con sobres e incluso se movilizaba por afuera del pabellón, sin guardiacárceles. Entonces, Suriano solicitó poner cámaras de vigilancia propias y el juez accedió. Además, ordenó interceptar los mails que el reo enviaba desde su Tablet hacia diez correos electrónicos,
entre otras medidas para prevenir una eventual fuga o acto de terrorismo, se dice en la causa. El juez prorrogó la interceptación de estas comunicaciones hasta, al menos, febrero 2019. ■