Renta Básica Universal: la Argentina no es Alaska
La Renta Básica Universal (RBU) es una buena idea, en Alaska. Alaska es el único lugar del mundo donde se implementa en su definición estricta: permanente, incondicional e individual. Alaska tiene una población de 710.000 habitantes y un pozo petrolero. El 25% de las regalías generadas por este pozo se destinan a cubrir la renta básica, lo que permite otorgar a cada individuo unos 2.000 USD mensuales.
En estos días se habla mucho de la experiencia española, pero en España no se aprobó una RBU sino un Ingreso Mínimo Vital (IMV). Las diferencias son sustantivas: el IMV es condicionado y se destina a los hogares, no a los individuos.
Se otorga sólo si se reúnen y certifican las condiciones para acceder al mismo: en este caso, estar en situación de vulnerabilidad que refiere a un umbral de ingresos definido por número y edad de los miembros del hogar; que el solicitante tenga más de 23 años y hasta 65; y residencia continuada en el país de al menos un año, entre otros.
La mayoría de los países europeos cuenta con políticas orientadas a garantizar un ingreso mínimo. En España, muchas comunidades autónomas ya lo implementaban, pero su aprobación estatal se produce como respuesta a la pandemia, aunque se ha regulado como una política permanente (llegó para quedarse).
La renta básica –a diferencia del ingreso mínimo– es una política universal, evita la estigmatización, no alimenta el clientelismo y ahorra mucha burocracia. Sin embargo, sostenerla también requiere de enormes cantidades de recursos y, o bien es regresiva –los fondos llegan a todos– o requiere de un diseño de la estructura fiscal que permita “recuperar” el dinero que llega a quienes no lo necesitan.
Dejando a un lado la discusión moral sobre las bondades de la renta básica, en un contexto de crisis económica real y emergencia sanitaria potencial, como el argentino, cabe reflexionar sobre su viabilidad: ¿es factible aplicar una RBU en un país con la economía al borde de la quiebra?
Dejo esta pregunta abierta, ya que habría que hacer un análisis de los compromisos de gasto actuales para saber si hay o podría haber disponibilidad de recursos. Hay otra cuestión igual de relevante: ¿es la mejor política pública en la situación actual?
Dar la respuesta adecuada requiere de analizar la realidad, lo que hay, no lo que nos gustaría que hubiese. Dos aspectos son clave: la orientación de recursos y las capacidades estatales. En Perú, por ejemplo, hay recursos para implementar ayudas para mitigar los efectos de la crisis económica, pero el escaso desarrollo de agencias estatales ha dificultado su puesta en práctica.
No es el caso de Argentina, con una de cal y una de arena: el Estado tiene presencia en el territorio, pero también menor disponibilidad de caja. Por esto una renta básica universal (probablemente de carácter temporal y excepcional) sería una buena idea en Perú, pero no en Argentina.
La implementación de otros planes de transferencia de rentas en América Latina en los últimos años ha mostrado el dilema de la manta corta, porque se cubre un aspecto a costa de descubrir otros igual de claves, como salud y educación. Argentina requiere una acción integral urgente que ayude a evitar la caida de sectores importantes de la población en la pobreza y la indigencia y también el cierre de empresas.
Se necesita valentía y sensatez para evitar el colapso. No es la hora de la renta básica universal sino de la planificación integral, que se ocupe de la pobreza y también de reactivar la economía. ■