Tras el crimen de Gutiérrez: ¿quién debe cuidar a los arrepentidos?
El Gobierno revocó un decreto de Macri y dejó el programa en manos del ultra kirchnerista Juan Martín Mena.
Rebozante de pruebas, el caso de los cuadernos de las coimas acumuló decenas de "imputados colaboradores", según el nombre que la ley votada en 2017 les ofreció a aquellas personas que, imputadas de un delito contra la administración pública, aceptan aportar información relevante para la causa a cambio de admitir su culpabilidad y esperar algún beneficio cuando el caso tenga sentencia en su juicio oral.
Varios de aquellos arrepentidos, a su vez, pidieron la protección estatal que ofrece un programa de custodia originalmente concebido para informantes en casos de narcotráfico.
El financista Leonardo Fariña, el ex secretario de Obras Públicas José
López y el contador de los Kirchner,
Víctor Manzanares, fueron algunos de los imputados colaboradores que pidieron y lograron incorporarse a ese programa que dependía del ministerio de Justicia.
Cruce de caminos: la derrota de Mauricio Macri en las elecciones internas PASO de agosto pasado encendió las alertas respecto a qué pasaría si el presidente perdiera las elecciones y el ministerio de Justicia pasara a depender de la misma fuerza política a cuyos máximos dirigentes le apuntaron los arrepentidos con sus testimonios y sus pruebas.
Entre varios de ellos empezó a cundir la inquietud, que con el resultado de las elecciones de octubre puesto se convirtió en terror. Para calmarlos, Macri firmó un decreto que convertía al programa de testigos protegidos en una agencia independiente, con presupuesto y recursos propios.
La burbuja duró poco. Tal como temían los testigos, y pese a las blancas promesas del presidente Alberto Fernández, el decreto de Macri voló por el aire, la oficina de "protección" de arrepentidos volvió a la órbita de Justicia y al frente de ella quedó un
Cuando cambió el Gobierno, Leonardo Fariña se retiró el programa por temor.
alfil del viceministro y ex subdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Juan Marín Mena, uno de los halcones de Cristina Kirchner.
Fariña, López y Manzanares renunciaron a la custodia y los beneficios del programa, que más bien se habían convertido en un caramelo envenenado.
Pero volvamos al cruce de caminos. Decenas de ex funcionarios y empresarios arrepentidos nunca se incorporaron al famoso programa, por lo tanto tampoco tuvieron custodia ni protección alguna. Entre ellos, el ahora asesinado ex secretario privado de Cristina Kirchner, Fabián Gutiérrez.
Pese al tenor explosivo de sus declaraciones ante la justicia y el riesgo de que las pruebas que aportaron sigan en sus manos hasta que se realice el juicio oral de las respectivas causas en las que se arrepintieron, ninguna agencia o policía del Estado vela por la seguridad de estos testigos, que día tras día permanecen expuestos a aprietes, sobornos y, eventualmente, lamentables accidentes o romances violentos que acaben con sus vidas.
También a posibles sicarios a sueldo de quienes fueron incomodados por las declaraciones judiciales de los arrepentidos.
La endeblez de su situación es proporcional a la gigantesca importancia institucional que el Estado debería garantizar -quieran o no- para que cada uno de ellos pueda esperar su juicio y declarar en él sin presiones y con todas las garantías de la ley.
El precio de no hacerlo -siquiera discutirlo, como ocurrió hasta ahoraes demasiado alto. Y no sólo para los arrepentidos de los casos de corrupción.