El Gobierno dijo que el ex secretario no pidió protección
El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aseguró este sábado que Fabián Gutiérrez "nunca fue parte del Programa Nacional de Protección a Testigos".
En medio de la polémica instalada sobre si el ex secretario privado de la vicepresidenta Cristina Kirchner debía tener protección del Estado, el ministerio de Justicia y Derechos Humanos que dirige la ministra Marcela Losardo destacó que "ni él, ni ninguna autoridad judicial requirieron su protección".
"El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informa, ante el lamentable hecho de público conocimiento, que Fabián Gutiérrez nunca fue parte del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados de la cartera. Ni él, ni ninguna autoridad judicial requirieron su protección", publicó el ministerio a través de sus redes sociales.
El mismo mensaje lo replicó la ministra Marcela Losardo desde su cuenta en Twitter.
El mensaje del ministerio en sus redes sociales fue el primero del Gobierno tras el hallazgo del cuerpo de Gutiérrez, que disparó críticas y reclamos desde la oposición.
Legisladores opositores definieron el asesinato de Gutiérrez como "un hecho institucional gravísimo" y coincidieron en que "el Estado tenía la responsabilidad de garantizar su seguridad".
El diputado Waldo Wolff dijo que le correspondía al gobierno la responsabilidad de proteger a Gutiérrez, pese a que no había pedido ingresar al programa.
Los diputados de la oposición dicen que le ley dice que el Gobierno debe proteger y no habla en condicional sino en afirmativo. La ley de los imputados- colaboradores, llamados popularmente arrepentidos, en su "artículo 14 dice textualmente: "Protección de los imputados arrepentidos. Los imputados que colaboren en el marco de la presente ley se encuentran alcanzados por las disposiciones del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados creado por la ley 25.764 y sus modificatorias".
En base a esta interpretación de la ley los diputados opositores dicen que el Gobierno debe hacerse cargo de la seguridad de los arrepentidos en las causas por corrupción, sobre todo luego de que Alberto Fernández revocó un decreto de Mauricio Macri que creó una agencia especializada para este tema. ■