Deuda: los bonisas tendrán tiempo hasta agosto para adherir al canje
El Gobierno se estira hasta un máximo de poco más de 53 dólares. Buscan definir un umbral mínimo.
El Gobierno espera comenzar a cerrar el capítulo del tema de la deuda argentina en dólares, uno de los ejes centrales desde que asumió el 10 de diciembre pasado el Frente de Todos. Para eso, dentro de un esquema más amplio de resolver esta cuestión en otros planos también, planea presentar mañana la nueva oferta de reestructuración a los bonistas y dará tiempo hasta agosto para adherir.
En concreto, se trata de presentar la “enmienda” ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). Esto implica que, tras la oferta que formalizó ante esa institución a mediados de abril, que tenía un valor aproximado de 39 dólares, ahora añadirá algunas modificaciones, tanto en lo económico como en lo legal, y la lleva hasta un poco más de 53 dólares.
En eso trabajaron los úlitmos días en Olivos entre Martín Guzmán y Alberto Fernández. También se publicará en el Boletín Oficial, como parte de las formalidades.
Una vez formalizado este paso, abrirá un período en el que buscará sumar el mayor porcentaje de adhesión. Es por eso que, si bien una vez presentada la oferta se deben dar 10 días como mínimo a los acreedores para responder, el plazo será mayor: evalúan dejar una ventana de alrededor de un mes de manera de conseguir que los minoristas se sumen.
De esta manera, el plazo se estirará hasta algún momento de agosto, especulan fuentes con conocimiento de la negociación.
En el medio ocurrirá el vencimiento de algunos bonos, como los intereses del Discount por unos US$ 570 millones, que opera el 30 de julio (tras los 30 días de “período de gracia”), y se dará otro impago.
No obstante, esto no inquieta al Gobierno: sería otro título que caería en default pero, de continuar las negociaciones, no necesariamente implicaría que los bonistas (incluso los más duros, como BlackRock) hagan presentaciones judiciales en los tribunales de Nueva York.
La negociación de la deuda arrancó casi en simultáneo con el inicio del gobierno de Alberto Fernández. El mismo día de su asunción el Presidente mencionó que la Argentina tenía "voluntad de pagar”, pero que carecía de “capacidad para hacerlo”.
Algunos aspectos ya subyacían en ese momento: tras el reperfilamiento (patear para adelante) de la deuda batender jo legislación local que había hecho la gestión de Mauricio Macri y el planteo de la de la necesidad de reestructurar el resto; con los mercados con nula predisposición de seguir prestando a la Argentina, y hasta con el Fondo Monetario Internacional, organismo con el que se entró en un compás de espera (luego de los US$ 44.000 millones que había prestado al país en 13 meses), las posibilidades de pagar en situación normal se esfumaban.
Si bien se “separaron” de las reservas que están bajo el Banco Central unos US$ 4.500 millones para pagar deuda, los vencimientos a afrontar superaban ese monto.
En un cronograma milimetrado, que fue presentado por el Ministerio de Economía en el inicio del año, se estipularon los plazos para cada uno de los pasos que se darían. La fecha límite para la negociación con los acreedores privados bajo legislación internacional se había fijado para el 31 de marzo. Se daba así un lapso para renegociar que lucía ambicioso.
Sobre ese aspecto, y con la dinámica propia de los intercambios, que se sumó a la irrupción del coronavirus en el mundo, con la dificultad hasta de logística para armar los “road show” y presentar la oferta argentina a los bonistas, llevó a que recién a mediados de abril se oficializara.
El rechazo fue amplio entre los acreedores. Como no se cerró aún y sigue la negociación, no se dio a conocer el resultado, que en el mejor de los casos rondó el 15%.
Tras esa primera propuesta oficializada ante la SEC, con un valor que rondaba los 30 dólares, y aún con la postura inflexible mostrada desde un principio desde ambos lados de las negociaciones, la Argentina la mejoró en tres oportunidades: llega ahora a los 53 dólares.
La deuda en juego en este capítulo de las negociaciones -al que se sumarán otros dos, una con los bonistas bajo legislación argentina, y otra, con el Fondo Monetario Internacional acumula US$ 64.800 millones.
Engloba los títulos denominados en dólares bajo legislación internacional, básicamente los bonos que se emitieron en los canjes de deuda de 2005 y 2010, y también los colocados por la gestión de Mauricio Macri.
Los principales acreedores de la Argentina se englobaron en tres grupos: el Ad Hoc (dentro del cual está BlackRock), el Tenedores de Bonos de Canje y el Comité de Acreedores de la Argentina (del que se escindieron en los últimos días algunos fondos como Gramercy y Fintech). Precisamente es el Comité (ACC) el que mantiene una postura más cercana al Gobierno, con diferencias económicas reducidas. Quedan por pulir algunos aspectos como el umbral mínimo de aceptación, que para este grupo debería rondar el 66% y que en el Gobierno creen que tendría que ser menor. En el otro extremo, con el grupo Ad Hoc, es con el que mayor diferencia hay, no solo en materia económica sino también legal. ■
En esta etapa buscan reestructurar la deuda que se emitió en dólares y bajo ley internacional