Jujuy le reclama US$ 150 millones a una petrolera china por daños económicos

Pegado al parque nacional de Calilegua, una de las zonas núcleo de la reserva de biósfera de las Yugas, y uno de los paraísos naturales de este país, se ha montado una inédita pelea. La Justicia pidió un embargo de 150 millones de dólares a una petrolera china a la que la provincia de Jujuy acusó de daños y perjuicios por haber abandonado intempestivamente su trabajo hidrocarburifero, a los trabajadores, a sus proveedores y a los pozos petroleros que exploraban generando un riesgo de daño económico y ecológico.

La Justicia federal libró el embargo contra la empresa, Petro AP SA que explotaba 35 pozos petroleros en el yacimiento de Caimancito, que hasta 2015 formó parte del parque pero luego fue separado por ley provincial.

El punto es que como Petro AP se fue del país, el embargo librado por el juez federal Esteban Hansen a pedido del fiscal de Estado Mariano Mirada es ahora contra de Petro AP S.A, de Petro AP Hong Kong, y de la TCL Group. Al irse de Jujuy dejaron unas 20 familias sin trabajo, pero como también estaban en Salta y Mendoza se habla de que al irse dejaron a unos 300 trabajadores cesantes.

TCL es la única que se encuentra hoy en la Argentina a través de Radio Victoria Fueguina, que ensambla productos electrónicos en Tierra del Fuego, según la denuncia del fiscal. Por eso ahora, la provincia busca recargar el peso del embargo en TCL. Clarín intentó infructuosamente encontrar a representantes de la empresa para que dieran su versión oficial.

Lo curioso de esta batalla es además que el gobierno de Gerardo Morales busca evitar un daño político en las relaciones con el gobierno chino y de este con el argentino. Busca que el reclamo se resuelva de por un camino económico. Ocurre que según afirman fuentes diplomáticas, TCL invocó ya un trato “discriminatorio y persecutorio”, y está pidiendo la protección política de Beijing. Sin embargo, el canciller Felipe Solá conversó este lunes con el ministro de Comercio chino Zhong Shan. Hablaron de asuntos comerciales, Solá confirmó que el país va a participar de la feria de Shangai en noviembre. Pero aseguran que no hablaron del conflicto entre Jujuy y PETRO AP.

Según supo Clarín, tanto Morales como el apoderado provincial, el reconocido abogado Ricardo Gil Lavedra viajaron a China para intentar soluciones amistosas, pero no se lograron. Morales a su vez comunicó a la Embajada y a autoridades chinas que “no existe conflicto político ni económico alguno entre Jujuy y China”. Jujuy tiene una decena de empresas chinas afincadas en la provincia, entre ellas gigantes como Huawei y Powerchina. "Jujuy es como un hermano de China. Es nuestro principal inversor extranjero. Esto es un problema privado y no político", insistió una fuente de la gobernación.

En las acusaciones del fiscal Miranda aparece no sólo el hecho de que el estado jujeño debió hacerse cargo del Plan de Cierre de los pozos que Petro AP debería concretar en un plazo de ocho años. También las consecuencias de no hacerloque van desde lo económico, a lo ecológico por el riesgo de tener los pozos sin cerrar.w