Despolitizar el crimen de Gutiérrez depende de Alberto y Cristina

Las muertes cercanas al poder siempre han sido revulsivas en la Argentina democrática. El secuestro y el asesinato de Osvaldo Sivak conmovieron al gobierno de Raúl Alfonsín. El crimen de María Soledad terminó con la gobernación cuasi feudal del catamarqueño Ramón Saadi. El suicidio de Alfredo Yabrán, después del asesinato de José Luis Cabezas, aceleró la decadencia de Carlos Menem. Y Eduardo Duhalde decidió adelantar el final de su mandato cuando dos jefes de la Policía Bonaerense acribillaron a los piqueteros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Más allá de que tuvieran mucha, poca o ninguna responsabilidad en esas muertes violentas, el impacto político sobre el futuro de sus gobiernos siempre fue contundente.

Algo parecido sucedió con dos muertes más recientes de notoria repercusión política. El dudoso suicidio del fiscal Alberto Nisman, el 18 enero de 2015, cuando se disponía a denunciar en el Congreso el Pacto con Irán que había impulsado Cristina Kirchner. Y la muerte por ahogo del artesano Santiago Maldonado, mientras se alejaba de una redada por un operativo de la Gendarmería Nacional. La política hizo explotar los dos casos.

La muerte del fiscal Nisman recorrió el planeta; generó una marcha multitudinaria con medio millón de personas pidiendo en Buenos Aires por el esclarecimiento de la causa y desató una batalla política entre la oposición y el kirchnerismo gobernante de entonces, que acudió a una campaña de destrucción pública del funcionario muerto con fotografías de su vida íntima provistas por los servicios de inteligencia. Todavía no se resolvió en forma definitiva si fue un suicidio o un homicidio cometido por sicarios de turno, pero sí se sabe que las dudas jamás disipadas

de esa muerte agigantaron las sospechas sobre el gobierno de Cristina y sumaron argumentos a la derrota del candidato Daniel Scioli, sólo diez meses después.

El caso Maldonado también quedó envuelto en el caparazón de la grieta política. El kirchnerismo, con el acompañamiento funcional de la izquierda criolla, empujó con fuerza la hipótesis de la desaparición forzada primero y la de la represión de Estado después, culpando a la Gendarmería, la fuerza de seguridad que, vaya paradoja, siempre había privilegiado Néstor Kirchner siendo presidente.

La polémica ardió en la Argentina y, tras algunos vaivenes, un juez federal y 55 peritos de todas las partes comprobaron que el joven se había ahogado. Ni siquiera esa resolución apagó los fuegos. Cristina, muchos funcionarios actuales y hasta el presidente Alberto Fernández siguieron haciendo uso de la imagen de Maldonado para mellar al gobierno de Mauricio Macri. La crisis económica del macrismo terminó siendo tan profunda que resulta difícil determinar qué porcentaje de la derrota de Cambiemos se debe al episodio y a su utilización.

El crimen de Fabián Gutiérrez demuestra en estos días cómo se parte en mil pedazos y se repite ese espejo llamado Argentina. Secretario de Cristina desde los 15 años; arrepentido en la causa de los Cuadernos donde se anotaban las coimas, su muerte a manos de cuatro jóvenes en El Calafate, las cuchilladas, los golpes y su entierro en los fondos de una cabaña patagónica volvieron a conmover a un país que ya tenía suficiente con la pandemia y el derrumbe dramático de la economía.

Nadie se tomó un respiro. Los operadores del kirchnerismo comenzaron a utilizar en las redes sociales el concepto arcaico del “crimen pasional” aún antes de que el cuerpo fuera hallado. Y los presidentes de Juntos por el Cambio sólo tardaron 150 minutos después del descubrimiento para consensuar un documento que pedía el traslado de la investigación a la Justicia federal y calificaba la desaparición previa y el asesinato de Fabián Gutiérrez como de “gravedad institucional”.

La elaboración del documento de Juntos por el Cambio alumbró una dificultad que la oposición deberá resolver pronto si pretende volver a mostrarse como una alternativa viable al peronismo. Sus principales dirigentes se entusiasman demasiado rápido cada vez que el Gobierno da un paso en falso. Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo, presidentes del PRO y la UCR, lideran por cercanía y lejanía a Macri el ranking de los duros. Entre esos dos extremos, Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales reclaman la dosis de consenso mínima que les permita seguir gobernando en tiempos de crisis. El desencuentro por la maniobra salió rápido a la superficie.

Los términos del comunicado opositor también enloquecieron a quienes deberían cultivar la moderación oficial. El Presidente retomó los adjetivos que lo suelen mostrar descontrolado en estas ocasiones. “Canallesco” y “miserable”

fueron las palabras que eligió esta vez. Y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, salió a defender a Cristina con una construcción más audaz que las utilizadas por el kirchnerismo. “No tiene que ver un pomo”, fue su forma particular de despegar a la vicepresidenta. Es posible que no le pidieran tanto.

Alberto y Cristina tienen una oportunidad perfecta para despolitizar esta muerte y alejar cualquier sospecha. Dejar que el crimen de Gutiérrez sea investigado por jueces y fiscales federales. O al menos, por otro juez y otra fiscal. Si hay una noticia que dio la vuelta al mundo es que la encargada de investigar por qué los nietos de un ex escribano de los Kirchner asesinaron a uno de los ex secretarios de los Kirchner es una sobrina de los Kirchner. Se trata de la fiscal Natalia Mercado. Depende de ellos el cambio. Un poco de transparencia podría ser el remedio mínimo para alumbrar un nuevo capítulo en la novela interminable de la oscuridad argentina. ■

María Soledad, Yabrán, Nisman o Maldonado. Muertes con impacto y revulsivas para el poder.