Jubilaciones: la Justicia ordenó que exista un piso para la suba de haberes
Dice que los aumentos no pueden ser menos de lo que fija la ley de alquileres que combina inflación y salarios.
Con el argumento de que durante una emergencia es más necesaria una movilidad que garantice suficiencia, estabilidad y proporcionalidad de los haberes previsionales, la Sala II de la Cámara Federal de Salta resolvió que hasta que el Congreso sancione una nueva ley de movilidad, los aumentos de las jubilaciones y pensiones por decreto no pueden ser inferiores a los índices fijados en la ley de alquileres que establece 50% inflación y 50% RIPTE (salarios formales), sancionada recientemente por el Congreso.
Así, en la sentencia los jueces Alejandro Castellanos, Mariana Inés Catalano y Guillermo Federico Elías, en la “causa Calvia, Roberto Daniel s/ reajustes varios”, no resuelven aplicar la fórmula suspendida sino fijan una tercera variante como piso para los aumentos por decreto, mínimo que debe aplicarse para todos los beneficiarios del sistema.
De la sentencia surge que los índices de la ley de alquileres deben compararse con los aumentos por decreto del primer semestre de este año o de todo el 2020 o al momento de liquidarse los haberes en los términos de la sentencia.
Hay que recordar que los aumentos por decreto de marzo y junio fueron sumados del 19,9% para las jubilaciones más bajas y del 10,2% para los haberes más altos, en sustitución de la formula suspendida del 23,72% que correspondía al segundo semestre de 2019. Del fallo se desprende el reclamo al Poder Legislativo para que resuelva la falta de aplicación de los aumentos devengados del segundo semestre de 2019.
En los fundamentos de la sentencia, los camaristas sostienen que el Gobierno no explicitó porqué otorgó en marzo un aumento del 2,3% más una suma fija de $ 1.500 y en junio un incremento del 6,12% ni explicó la metodología de dichos aumentos.
Y agregan que en el reciente decreto 542/2020 el Gobierno señaló que entre uno objetivos centrales de los aumentos era “mantener la suficiencia de las prestaciones”, a la vez que reconoció que “cualquier esquema de movilidad debe garantizar cierta estabilidad real en los beneficios previsionales frente a diferentes contextos macroeconómicos”.
Para los camaristas, esto “revela una suerte de contrasentido, puesto que si el propósito perseguido es el de mantener la suficiencia de las prestaciones y atender a la movilidad como sinónimo de estabilidad real de los haberes, no se explica la suspensión del régimen vigente –ley N° 27.426-, que contempla un índice combinado integrado en un 70% por una variable inflacionaria y, por tanto, atiende principalmente a las alternativas vinculadas al costo de vida”.
Los jueces reconocen que es indiscutible la situación de emergencia económica, ratificada por la drástica reducción en la actividad productiva y recaudatoria debido a la pandemia. “No obstante, existe un contrasentido evidente en la fundamentación de la suspensión de la ley de movilidad, toda vez que ante la falta de estabilidad de la economía y de sus índices es cuando se hace más necesaria una fórmula de movilidad que otorgue una actualización periódica y automática. Es en tiempos de crisis cuando las garantías constitucionales se tornan operativas”.
En este caso, los camaristas observan el desfasaje verificado entre el porcentual -8,56%- recibido por el jubilado Calvia y el índice combinado del 23,7% vigente hasta la suspensión, lo que “revela una situación de insuficiencia que impide legitimar el aumento referido”.
Al mismo tiempo señalan que el Congreso sancionó el régimen de alquileres estableciendo pautas combinadas y equilibradas para determinar el ajuste del canon locativo.
“Tratándose de una prestación relacionada con el acceso a la vivienda, no cabe excluir a los jubilados y pensionados de esos índices que pueden ser reproducidos en el sistema de movilidad previsional”.
Los camaristas reconocen el desmanejo del sistema que significó la falta de una correcta administración de los recursos por parte de las autoridades que tuvieron a su cargo la Administración del país desde hace varias décadas.
Pero cuestionan que se imponga “un segundo esfuerzo contributivo,
sustentado en un distorsionado criterio de solidaridad, que no distingue entre quienes cumplieron solidariamente con sus aportes y quienes no contribuyeron de modo alguno, desincentivando así el aporte y contribución al sistema”.w
Si bien se trata de un fallo para un jubilado sienta un antecedente importante en la Justicia.